El del pasado martes fue uno de los consejos de Gobierno más tensos que se recuerdan con Quim Torra como presidente de la Generalitat catalana. Por primera vez, varios consejeros, incluidos algunos de Junts per Catalunya —en principio afines al presidente— quisieron pararle los pies al sustituto de Carles Puigdemont. Discutían sobre qué hacer ante el inminente traslado de los presos independentistas a cárceles de Madrid. Torra defendía la línea dura y liderar las movilizaciones en la calle. Y no se mostró dispuesto a escuchar a quienes pedían dejar el Govern en un segundo plano de la protesta.
En el fragor del debate otra chispa encendió los ánimos, explican fuentes conocedoras del encuentro. Fue cuando varios consejeros urgieron a encauzar la negociación para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, que a día de hoy sigue funcionando con las cuentas de 2017 prorrogadas. “No me habléis de Presupuestos con el juicio a punto de empezar”, vino a decir Torra. Poco más duró la discusión.
La situación de excepcionalidad que vive Cataluña con la intervención de su autogobierno en octubre de 2017, unas elecciones forzadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución y la formación de un Gobierno que se autodenomina “provisional” a la espera del improbable retorno de Carles Puigdemont se cronifica en vísperas del macrojuicio del procés.
Todo funciona al ralentí en la Generalitat. Los Presupuestos están encallados por falta de apoyos por más que haya consejeros del Gobierno, tanto de ERC como algunos de Junts per Catalunya, que están intentando buscar apoyos para aprobarlos. La llamada “mesa para el diálogo”, en la que están invitados todos los partidos catalanes para fomentar un marco de salida de la crisis territorial, tenía que reunirse el pasado viernes. Pero fue desconvocada a última hora por Torra, precisamente para dejar espacio a las protestas por el traslado de los presos a Madrid. Finalmente, se celebrará el próximo martes, pero las expectativas son de lo más bajas.
Los Ayuntamientos denuncian desatención por parte de la Generalitat. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lleva reclamando, sin éxito, que se amplíe la presencia de los Mossos en la ciudad ante el rampante aumento de la delincuencia (un 20% más el último trimestre del año pasado). En el Parlament las cosas no pintan mejor. En los seis primeros meses de legislatura no hubo actividad parlamentaria porque no había Gobierno y desde junio hasta ahora solo se han aprobado tres modificaciones de leyes que ya existían, dos de ellas a propuesta del PSC. Con esta situación se reduce el núcleo de fieles de Torra. Pronto se producirá la marcha de la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que tendrá un papel capital en la candidatura para Barcelona que el expresidente Carles Puigdemont está preparando para las elecciones de mayo. Esta semana ha abandonado el barco de Presidencia ni más ni menos que el jefe de gabinete de Torra. Para cubrir el vacío de la consejería se perfila una alcaldesa sin experiencia en la Generalitat, Meritxell Budó.
El discurso de Torra, mientras, sigue siendo monotemático. Ayer volvió a pedir “coraje y valentía” al Gobierno de Pedro Sánchez para que afronte los “cambios” que según él necesita España, empezando por el “derecho a la autodeterminación de Cataluña”.
El malestar también afecta al colectivo de presos, que desde el pasado viernesestán en Madrid pendientes del inicio del juicio del procés el próximo día 12. La confianza en Torra está por los suelos. Los presos de Esquerra nunca han destacado por su apoyo al presidente como también recelan de toda la acción política que Puigdemont, fugado de la justicia española, desarrolla en Bélgica. Esta misma semana, en una entrevista en el rotativo francés Le Figaro, Oriol Junqueras (ERC) afeaba a Puigdemont su huida y reivindicaba haberse quedado en España por “responsabilidad” cívica y ética. “Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la posibilidad de huir y no la aprovecharon”, agregó. Puigdemont encajó mal la crítica. “Tendré paciencia hasta las sentencias [del juicio al procés], a partir de ese momento cada cual explicará lo que tenga que explicar”.
Pero no solo Junqueras da muestras de desaprobación. Fuentes próximas a Jordi Sànchez, presidente del grupo parlamentario de Torra, aseguran que el activista encarcelado envía reiterados mensajes sobre la urgencia de cambiar el rumbo. La parálisis instalada en la Generalitat, y que la oposición no logra romper desde el Parlamento, también está afectando el diálogo constante que se mantiene con el Gobierno central. La última reunión entre ambos Ejecutivos, celebrada el viernes 25 de enero, fue la primera que acabó sin ningún acuerdo destacable. “No salió mal, pero no conseguimos avances concretos”, admiten fuente del Ministerio de Política Territorial, que sitúan “en el lado de la Generalitat” las dificultades para proseguir.
Pese a esta situación, los apoyos en Cataluña a una nueva intervención de la Generalitat van a la baja. La principal entidad constitucionalista, Sociedad Civil Catalana, se desmarcó ayer de la propuesta del PP y Ciudadanos. “Otro 155 sería un error, sería echar más gasolina al fuego”, dijo el presidente de la entidad, Josep Ramón Bosch, que aboga por un “cambio de relato” del Estado en Cataluña. Sin fuerzas para culminar su proyecto los independentistas, ni mayoría para otra intervención de la autonomía, el Gobierno y la Generalitat parecen estar condenados a un diálogo tan precario como ineludible.
