Economía

La Autoridad Fiscal pide restringir las jubilaciones anticipadas y calcular la pensión con más años cotizados

El organismo pide que parte de las cotizaciones por desempleo se destine a pensiones

Las pensiones ya no se revalorizarán más con la única brújula de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. Eso, apunta la Autoridad Fiscal (Airef), requiere medidas para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Sus previsiones apuntan a un horizonte demográfico menos lúgubre que otros organismos (INE y Eurostat). Pero eso, según la Airef, no implica que desaparezca el reto y señala que el déficit estructural de las pensiones es el 1,5% del PIB. Para cerrarlo, este órgano propone medidas a corto plazo y otras a medio/largo como restringir al retiro anticipado para aumentar la edad real de jubilación e incrementar el periodo de cálculo de la prestación (ahora en 22 años) a lo cotizado durante toda la vida laboral.

La mala situación actual de las cuentas de la Seguridad Social y el horizonte de envejecimiento demográfico que se dibuja en España para las próximas décadas exigen medidas para asegurar su sostenibilidad social y financiera en el corto plazo, en el medio y en el largo, según la Autoridad Fiscal, que ha presentado este miércoles su análisis sobre el sistema de pensiones.

Los cálculos del organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas apuntan que la Seguridad Social tiene un déficit estructural en 2019 que equivale a un 1,5% del PIB. Sobre esos números rojos crecerá la presión en las próximas tres décadas, especialmente por el lado del gasto. En todos los escenarios que ha dibujado la Autoridad Fiscal el gasto crece entre 2018 y 2048. En el más benévolo, desde el 10,6% del PIB actual al 13,4%; en el menos, hasta el 16,9%, y eso contando con que el factor de sostenibilidad, que liga la pensión inicial a la esperanza de vida, no es derogado finalmente (está previsto que entre en vigor en 2023).

Para situarse en ese escenario más benévolo, la Airef propone una de cal y una de arena. En plata, en el futuro inmediato dar más dinero a la Seguridad Social para pagar las pensiones; en el más lejano, ajustes sobre las pensiones de quienes se vayan a jubilar próximamente.

En lo inmediato, en lo que podía interpretarse como deberes para el Pacto de Toledo (al que ya ha presentado el documento), los agentes sociales y, sobre todo, para el Gobierno, la propuesta “es cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, mediante la asunción el Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones”. “Es factible y deseable”, justifica, argumentando que si se hace así se resta “la incertidumbre respecto a la sostenibilidad del Sistema, la cual genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto de los pensionistas como de los cotizantes”

Para conseguir ese dinero (17.400 millones), propone la Airef que el Estado pague con impuestos gastos que ahora recaen sobre la Seguridad Social (su personal y las bonificaciones). También reclama, en consonancia con intervenciones públicas del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que se destine a pensiones parte de las cotizaciones por desempleo.

Para el futuro más lejano, la propuesta se traduce en ajustes/recortes que profundizan en la reforma de 2011, la que retrasó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. No defiende la Autoridad Fiscal demorar más este parámetro del sistema, pero sí que se acoten las excepciones que permiten hacerlo antes. En la actualidad se jubila cada año unas 300.000 personas, de ellas más del 40% lo hacen antes de llegar a su edad legal. El objetivo es retrasar de 62,4 años la edad real de jubilación actual (contando a los funcionarios de clases pasivas) hasta 64,5 en 2027 y 65,5 en 2048.

La otra propuesta es calcular las pensiones con lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral. En 2019 se toman los últimos 22 años y la previsión es que en 2022 se llegue a 25. La Airef pide que este incremento no se detenga en los 25 años, como prevé la reforma de 2012.

Todos números se hacen con unas previsiones demográficas que pueden considerarse muy optimistas frente a las proyecciones de otros organismos. Sin omitir el envejecimiento que va a afrontar la sociedad española a partir de 2022 ó 2023, el vigilante fiscal cree que llegarán muchos más inmigrantes de lo que pronostican el INE o Eurostat: 270.000 al año frente a 184.000 y 125.000, respectivamente. Lo mismo puede decirse de la natalidad, que sitúa en una tasa de 1,9 hijos por mujer, muy lejos de los 1,3 actuales y “muy por encima de las proyecciones del INE y en línea con las cifras de Eurostat”, admite el propio organismo.

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