El próximo mes de enero Hacienda empezará a recibir decenas de miles de datos con información relevante sobre la identidad de los propietarios reales de las viviendas puestas en alquiler con fines turísticos, de las personas o entidades que ostenten los derechos sobre esas viviendas y también de las personas o entidades arrendatarias.
El motivo será la entrada en funcionamiento del llamado modelo 179, una declaración informativa obligatoria para plataformas digitales de intermediación como Airbnb o Homeaway, inmobiliarias y otros agentes de este controvertido segmento del mercado inmobiliario, a partir de la cual la Administración Tributaria espera obtener al fin información detallada sobre la identidad de los contribuyentes que actúan en este mercado y chequear, en base a esa misma información, si cumplen o no al punto con sus obligaciones fiscales.
Además de información sobre la identidad de los propietarios de los inmuebles puestos en el mercado, esta declaración informativa deberá especificar también la referencia catastral del inmueble puesto en uso turístico, el número de días que éste fue alquilado de manera efectiva, el importe percibido como contraprestación por dicho alquiler y el número de contrato de intermediación del arrendamiento.
El Ministerio de Hacienda no ha ocultado en ningún momento que el objetivo de esta iniciativa es prevenir situaciones de fraude fiscal. Así se dijo cuando se impulsó en la época de Cristóbal Montoro y así se admite ahora que por fin Hacienda va a comenzar a recibir esa información.
La idea es cruzar los datos que entren a través del modelo 179 con la información ya disponible de las declaraciones fiscales de los contribuyentes y a partir de ahí detectar situaciones de ocultación o infravaloración de los ingresos percibidos por un cauce – el alquiler puntual de la vivienda para usos turísticos – que durante años ha sido difícil de perseguir por los radares de la Agencia Tributaria y del resto de Administraciones Públicas.
