Ana Julia Quezada, la asesina convicta de Gabriel Cruz, de ocho años de edad, ha sido sentenciada a una prisión permanente revisable, el equivalente, según la ley española, a una cadena perpetua. Se ha convertido así en la primera mujer a la que se le ha impuesto el nuevo castigo desde su introducción hace varios años.
Quezada ha sido condenado a pagar a cada uno de los padres de Gabriel 250.000 euros en daños morales.
El 20 de septiembre, Quezada fue declarada culpable por un jurado en Almería, al sur de España, del asesinato en 2018 de la joven, que era el hijo de su entonces compañero, Ángel Cruz.
La sentencia, que fue entregada a las partes pertinentes el lunes, la encuentra autora del delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco con la víctima. También ha sido condenada por dos delitos de abuso psicológico contra los padres del niño, dado que participó activamente en la búsqueda del joven durante más de diez días después de su desaparición, a pesar de haber enterrado su cuerpo en una tumba poco profunda en una propiedad de Cruz. Se le ha impuesto una sentencia de tres años por ese delito contra el padre y una sentencia de dos años y nueve meses por el delito contra la madre.
La Audiencia Provincial de Almería también ha prohibido a Quezada vivir o visitar el municipio de Níjar o el lugar de residencia de los padres de Gabriel durante los próximos 30 años. También se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la madre y el padre de Gabriel.
Se le ha ordenado que pague a cada uno de los padres de Gabriel 250.000 euros en daños morales y que cubra el coste para el estado de la búsqueda extensiva del niño: un total de 200.203 euros.
Los jurados pasaron dos días decidiendo si Quezada, una inmigrante dominicana de 45 años, cometió asesinato u homicidio imprudente, como argumentó su defensa. También se debatió si se aplicaban circunstancias agravantes como la premeditación, como las que sostienen tanto la fiscalía pública como la privada.
Llegaron a la conclusión, de acuerdo con el fiscal, de que ella mató al niño de forma intencionada y repentina, utilizando medios para asegurar su muerte sin correr ningún riesgo y abusando de su confianza como miembro de la familia. Sin embargo, el jurado no encontró que hubiera premeditación ni llegó a la conclusión de que ella hubiera aumentado deliberadamente el sufrimiento de la niña, como sostuvo la fiscalía privada. También rechazaron su defensa de que estaba actuando bajo los efectos de los somníferos.
Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas, una aldea situada dentro del parque natural de Cabo de Gata, una zona poco poblada de Almería.
Quezada, que entonces tenía una relación romántica con el padre de la niña, Ángel Cruz, confesó el asesinato después de que la policía la sorprendió moviendo el cuerpo de la niña de ocho años en el maletero de su auto.
