Cuarenta y tres años después de su entierro, y a sólo seis días de su exhumación prevista, un tribunal español ha detenido temporalmente el traslado de los restos del ex dictador español Francisco Franco desde su lugar de descanso en el Valle del Monumento Caído hasta el cementerio de El Pardo, donde fue enterrada su esposa. Cinco magistrados del Tribunal Supremo han fallado hoy «por unanimidad» a favor de la familia Franco para congelar la operación, en la que el gobierno del Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez ha estado trabajando prácticamente desde que llegó al poder en junio de 2018.
EL PAÍS dio a conocer la noticia de la exhumación prevista hace casi un año, pero el proceso de traslado del dictador desde el Valle de los Caídos -un monumento situado a unos 58 kilómetros al noroeste del centro de Madrid y construido para celebrar la victoria de las fuerzas nacionalistas franquistas en la Guerra Civil (1936-39)- ha sido mucho más complicado de lo que esperaba el gobierno.
Los parientes vivos más cercanos de Franco, sus nietos, así como la Fundación Nacional Francisco Franco, han puesto todo tipo de obstáculos al proyecto de Sánchez de exhumar los restos del ex dictador y convertir el Valle de los Caídos en un «lugar de memoria y reconciliación». Entre estas maniobras se encontraban las peticiones de honores militares para un nuevo entierro y para que Franco fuera enterrado en la catedral de La Almudena, un lugar de culto situado en una de las zonas más turísticas de Madrid.
La familia franquista optó por La Almudena -donde está enterrada la hija del dictador- cuando fue invitada a elegir un nuevo lugar de descanso, algo que el gobierno del PSOE no esperaba. En respuesta, uno de los ministros de Sánchez buscó el apoyo de la Iglesia Católica para bloquear el movimiento. Al final, el gobierno español citó «claros riesgos para la seguridad y la movilidad de los ciudadanos» como motivo para vetar la catedral como nuevo lugar de enterramiento. El Valle de los Caídos sigue siendo lo que Franco quería que fuera: un gran monumento para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil. Pero trasladar sus restos a La Almudena podría haber establecido un lugar para la glorificación del franquismo en pleno corazón turístico de la capital española.
La apelación presentada por los siete nietos del dictador pedía al Tribunal Supremo que congelara la exhumación hasta que se adoptara una decisión definitiva sobre el fondo del caso. Argumentaban que la transferencia de los restos habría causado un daño «irreparable» si se hubiera llevado a cabo. Según los argumentos de los Francos: «Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos hasta que se hayan explorado todos los canales legales posibles a través de los cuales se puedan ejercer sus derechos legítimos».
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, grupo que trabaja en la recogida de testimonios de las víctimas del franquismo y en la excavación de fosas comunes de la guerra y la posterior dictadura, presentó el lunes una denuncia ante el órgano de control legal español. Afirman que uno de los magistrados de la Corte Suprema en el caso, José Luis Requero, no es imparcial por haber expresado su oposición en el pasado al concepto de memoria histórica. También es amigo del abogado Santiago Milans del Bosch, que ha colaborado con la Fundación Franco.
Miembros de un grupo de protesta llamado Ni Valle ni Almudena (o, Ni el Valle ni la Almudena) realizarán una manifestación hoy ante el Tribunal Supremo. «Cada día que Franco pasa en[el Valle de los Caídos] es un insulto a la sociedad española y a la democracia», argumentan.
La administración de Pedro Sánchez -que, tras las elecciones del 28 de abril, no concluyentes, es un gobierno en funciones- ha prometido respetar la decisión de la Corte Suprema, pero no va a dejar de tratar de llevar a cabo su plan. «Lograr el objetivo final es más importante que el camino que tenemos que seguir», dijo el lunes la viceprimera ministra en funciones, Carmen Calvo.
«Esta suspensión cautelar significa que el gobierno pospondrá la exhumación hasta que se tome una decisión en los próximos meses sobre el fondo del caso. El gobierno está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como lo ha hecho hasta ahora con todos los recursos interpuestos por la familia Franco», dijo el ejecutivo en un comunicado.
Una propuesta para exhumar los restos de Franco y convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria ha sido aprobada dos veces en el Congreso de los Diputados de España. En 2017 el plan fue aprobado con 198 votos a favor y 140 abstenciones, y en 2018 con 172 votos a favor, 164 abstenciones (por el conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Ciudadanos) de centro-derecha, y con dos votos en contra (aparentemente emitidos por diputados del PP que querían abstenerse).
Enterrado bajo una lápida de 1,5 toneladas, y con flores frescas colocadas en su cementerio todos los días, Franco está resistiendo en el Valle de los Caídos, que fue construido ostensiblemente para conmemorar a todas las víctimas en ambos lados del amargo y sangriento conflicto doméstico de España. Allí se encuentran los restos de más de 33.800 víctimas de la guerra, lo que la convierte en la mayor fosa común de Europa. Sólo dos de los sepulcros que se encuentran allí están marcados: el de Franco y el de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el partido político de inspiración fascista de España.
Irónicamente, el propio Franco no quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, ya que fue un vencedor y no una víctima de la Guerra Civil. Las víctimas del lado republicano del conflicto no han podido recuperar los restos de sus seres queridos debido a las malas condiciones del lugar. Las filtraciones de agua han arruinado las criptas que contienen los restos, lo que significa que los huesos de las víctimas están mezclados.
