Cuando el nuevo Congreso de los Diputados de España se reúna el martes siguiente a las elecciones generales del 28 de abril, su primera decisión clave será probablemente la de suspender a cuatro legisladores catalanes que se encuentran actualmente en prisión preventiva y en juicio por el intento fallido de secesión de 2017, según fuentes legales y parlamentarias.
Las normas parlamentarias y la legislación penal establecen esta medida para los diputados que se ven atrapados en los procedimientos judiciales, hasta que se dicte sentencia.
Además de los recién elegidos Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, el senador electo Raül Romeva también está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y uso indebido de fondos públicos en relación con la oferta disidente ilegal. Los cinco eran miembros del Gabinete de Carles Puigdemont cuando éste organizó un referéndum de independencia no autorizado en octubre de 2017, seguido de una declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán.
Los cinco fueron transferidos brevemente de la cárcel al parlamento el lunes para completar el papeleo necesario para prestar juramento el martes, cuando se les pedirá a los 350 nuevos diputados y 208 senadores que juren lealtad a la Constitución española.
Las cámaras baja y alta de España se reúnen a las 10 de la mañana para sus sesiones inaugurales tras unas elecciones rápidas ganadas por el Partido Socialista (PSOE), aunque el primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, no alcanzó la mayoría y ahora necesita el apoyo de otros partidos para volver a La Moncloa, la sede del gobierno.
En un movimiento ampliamente visto como una obertura a Barcelona, Sánchez ha nominado a dos catalanes para ser los portavoces tanto del Congreso como del Senado. Sin embargo, su primera elección como presidente del Senado, Miquel Iceta, fue rechazada por los partidos separatistas dentro del parlamento catalán la semana pasada en un movimiento sin precedentes que sugiere escepticismo sobre la oferta del primer ministro en funciones de reanudar las negociaciones para resolver la crisis territorial.
La suspensión de los diputados catalanes encarcelados en juicio no será automática. En lugar de ello, el asesor legal de la cámara baja tendrá que emitir primero un informe basado en las directrices del Tribunal Supremo. Pocas horas después de la toma de posesión de los nuevos legisladores, se reunirá el comité de ponentes, presidido por la recién nombrada Meritxell Batet del PSOE. Fuentes parlamentarias dijeron que esperan que este órgano de gobierno del Congreso comience a ocuparse del procedimiento de suspensión de inmediato.
Vox califica la presencia de los cinco diputados de «un fracaso de la democracia y del Estado de derecho».
Lo que sucede con los cuatro escaños que presumiblemente quedarán vacantes es una cuestión clave para la formación de un nuevo gobierno. Si los cuatro diputados catalanes son suspendidos pero se niegan a ceder su cargo a otro miembro del partido, el número de diputados con derecho a voto pasará de 350 a 346, lo que facilitará que Sánchez, que tiene 123 escaños, alcance la mayoría global que necesitará en la votación de investidura. Pero fuentes socialistas se mostraron escépticas de que los partidos de la Izquierda Republicana Catalana (ERC) y Juntos por Cataluña (JxC) dieran ese paso.
Fuentes parlamentarias también admitieron que existe un sentimiento de descontento por el hecho de que la Corte Suprema transmitió al Congreso la decisión final sobre la suspensión, en lugar de hacer ese llamado por sí misma.
La oposición está enfadada
Mientras tanto, los partidos de la oposición están molestos por el hecho de que a los políticos secesionistas se les permita ser diputados al Parlamento español. El Partido Popular (PP) dijo que constituye un delito. «Ahora más que nunca, es necesario defender nuestra Constitución, la democracia y las libertades», dijo el líder del PP, Pablo Casado.
«Creemos que los individuos que se enfrentan a procesos penales, que trataron de dar un golpe de estado y liquidar la soberanía nacional, no pueden sentarse en el parlamento y ganar un salario público», agregó el jefe de Ciudadanos, Albert Rivera.
Y la extrema derecha Vox, que entrará en el Congreso por primera vez con 24 legisladores, calificó la presencia de los diputados separatistas de «un fracaso de la democracia y del estado de derecho». La diputada electa de Vox, Macarena Olona, culpó a otros partidos por permitir que cinco «criminales» trataran de «disolver el Estado desde dentro de las instituciones».
