¿Están los militares en activo amparados por la libertad de expresión para criticar a un personaje histórico como Franco o deben mantenerse neutrales ante su figura aunque fuese un dictador? La Armada se ha inclinado por la segunda opción al abrir expediente disciplinario por falta grave, castigada con hasta 30 días de arresto y pérdida de destino, a un cabo primero que firmó el Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas.
El verano pasado, en respuesta al manifiesto de apología de la figura militar de Franco y justificación del golpe de julio de 1936 que suscribieron 144 altos mandos, la mayoría retirados, otro grupo de militares mostró su disconformidad a través de una declaración pública en la que expresaban su “repulsa más absoluta” hacia dictador. “No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español”, subrayaban.
Entre los firmantes del manifiesto antifranquista, promovido por el capitán de navío retirado Arturo Maira, figuraban exmiembros de la Unión Militar Democrática (UMD), como el coronel Restituto Velero, y generales jubilados como Alberto Piris o el exjefe de la cúpula militar y hoy dirigente de Podemos Julio Rodríguez. También, nueve militares en activo: un subteniente, cuatro cabos y cuatro guardias civiles. A todos se les abrieron expedientes informativos que, al menos en un caso, han desembocado en disciplinarios.
Es un cabo primero de Infantería de Marina, afiliado de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que añadió como contribución personal al manifiesto antifranquista: “El silencio también humilla a las víctimas y nos convierte en cómplices de la barbarie y la traición”. La instructora del expediente informativo abierto al cabo primero, una comandante jurídica, admite que la actuación del militar, “adhiriéndose y opinando sobre un manifiesto de contenido histórico y apolítico con respecto a las opciones políticas y/o partidistas actuales, sería encuadrable en la libertad de expresión del militar sin merecer reproche alguno”. Alega, sin embargo, que, “en el momento actual, la figura del general Franco, fundamentalmente a raíz del traslado de sus restos, está generando un amplio y encendido debate político-social, con participación partidista, por lo que, de considerarse tal faceta en el debate abierto, con la adhesión y participación en el manifiesto colectivo con publicidad y uso de medios de comunicación social, se podría estar incumpliendo el deber de neutralidad política que obliga al militar y su imparcialidad de servidor público”.
La instructora deja abierta la posibilidad de que la conducta del cabo primero sea falta disciplinaria o no y, en el caso de serlo, que se tipifique como falta grave, por violar la neutralidad política, o solo leve, por el inexacto cumplimiento de sus obligaciones. Incluso admite que, dado que el militar se ha acogido a su derecho a no declarar, ni siquiera se ha confirmado que sea el firmante del manifiesto. Pese a ello, la Armada le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave, sancionable con hasta un mes de arresto y pérdida de destino, basándose, entre otros precedentes, en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mena, el capitán general de Sevilla que en la Pascua Militar de 2006 cargó contra el Estatuto de Cataluña.
Mariano Casado, abogado del expedientado, alega que no se puede exigir a los militares que sean neutrales respecto a la figura histórica de Franco. En su opinión, “criticar a Franco no supone intervenir en el debate político ni tomar partido en favor de unas fuerzas políticas en contra de otras, ya que no existe hoy día en España ningún partido constitucional que pueda defender la figura del dictador”. El manifiesto suscrito por el cabo primero ni siquiera menciona el único tema que, según la instructora del expediente, ha sido objeto de polémica pública: la exhumación de los restos de Franco.
Además, según Casado, el precedente del general Mena no es de recibo pues este, que era el jefe de la Fuerza Terrestre, amenazó con una intervención del Ejército (es decir, un golpe de Estado) si la reforma del Estatuto de Cataluña sobrepasaba determinados límites. El castigo que se impuso al general Mena, solo ocho días de arresto domiciliario, contrasta con el que se puede imponer ahora al cabo primero.
Defensa ha expedientado también a cinco mandos militares en la reserva (retirados del servicio activo, pero aún sujetos al régimen disciplinario) que firmaron el manifiesto de apología de Franco. No hay noticia de que ninguno haya sido sancionado.