Una argucia técnica constituye la respuesta más rotunda que ha dado hasta ahora el Gobierno al drama de la migración en el Mediterráneo central. Dos barcos de ONG dedicadas al rescate permanecen inmovilizados desde mediados de enero con el argumento de que no cumplen los requisitos de seguridad en el mar. Organizaciones de jueces y fiscales progresistas cuestionan este razonamiento y atribuyen la decisión a motivos políticos. El Ministerio de Fomento, responsable último de estas prohibiciones para zarpar, lo niega. Ninguna ONG vigila en estos momentos la peligrosa ruta que separa Libia de las costas europeas.
Javier Bardem, Clara Lago, Jorge Drexler, Andreu Buenafuente y otra decena de rostros conocidos explican en pocos segundos por qué apoyan a Proactiva Open Arms, la organización de rescate cuyo barco lleva parado en Barcelona desde el pasado 8 de enero. “Salvar vidas no es un delito”, defienden en un vídeo que la ONG ha recuperado estos días. Sus responsables no se creen que la resolución que recibieron de Capitanía Marítima, dependiente de Fomento, obedezca a motivos administrativos. “Hemos salido de España y desembarcado aquí cuatro veces. Nunca nos han puesto pegas. Evidentemente, la razón es política”, señala una portavoz.
Solo 10 días después del freno a Open Arms, el buque Aita Mari, de la organización Salvamento Marítimo Humanitario, recibió una negativa similar. Capitanía se remite al caso de “otros buques de bandera española de similares características”, en referencia al de la ONG catalana, para justificar que este “no cuenta con los certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 20 personas”. El escrito concluye que no habrá permiso “hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados”. Es decir, si los países colindantes a las zonas donde pretenden situarse ambos barcos —Italia y Malta por la parte europea— no garantizan la apertura de puertos, los barcos españoles no podrán zarpar.
Íñigo Mijangos, presidente de la organización dueña del buque, se revuelve al explicarlo. “Son generalidades. ¿Qué quiere decir no tener los medios adecuados? Nuestro barco puede llevar 120 personas y hasta 40 tripulantes. Tenemos 500 chalecos salvavidas y bodegas para guardar víveres que alimenten a todas esas personas durante 10 días”, detalla. La entidad está a punto de recurrir —de momento ante la Administración— esa orden. Open Arms ya lo ha hecho.
Al igual que los afectados, organizaciones progresistas de jueces y fiscales critican la táctica de Fomento. “Parece un argumento formal para evitar que acaben llegando a España, ante la imposibilidad de atracar en Italia o en Malta”, critica Ignacio González, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia. La Unión de Fiscales Progresistas mantiene una línea similar. “El despacho de un buque debe ser un acto administrativo, no político, y limitarse a comprobar que cumple los requisitos necesarios para la navegación y la actividad que pretende realizar”, explicó en un comunicado.
Ábalos se defiende
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, compareció el pasado jueves ante el Congreso para explicar esas controvertidas decisiones. Ábalos negó con rotundidad la motivación política. “No es una decisión arbitraria; se ciñe a lo marcado legalmente”, defendió ante los diputados. También recordó que España ya garantiza el desembarco fluido de más de 57.000 personas al año, según las cifras de 2018, en las costas del sur. Como consecuencia de la política de cierre de puertos en Italia —y en menor medida de esta postura española—, ya no hay ninguna ONG con barcos desplegados en el Mediterráneo central.
Pese a las fisuras que aprecian los analistas en esa prohibición para zarpar, es probable que las ONG acaben perdiendo el caso, incluso ante los tribunales. El motivo es que siempre hay algún incumplimiento que se puede detectar en el abanico de convenios internacionales (seguridad de la vida humana, búsqueda y salvamento, tráfico marítimo internacional…) que citan las órdenes de Fomento.
Algunos expertos perciben un exceso de celo con un claro trasfondo político. “Mi impresión es que hasta ahora se hacía la vista gorda con algunas cosas menores y ahora se han puesto estrictos. Se está aplicando de manera restrictiva la norma”, considera Rafael Escudero, secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Gemma Pinyol, experta en migraciones e investigadora en la Universidad Pompeu Fabra, concluye: “Se esgrimen cuestiones legales, que pueden ser racionales, pero que esconden un problema más profundo: la falta de un marco en la UE. Creo que se está vulnerando el marco del derecho internacional. Si no en la ley, sí al menos en el espíritu”.
