Los presidentes autonómicos del PP no suscriben la decisión del gran barón popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, de sumarse al BNG y a los socialistas para reclamar al Gobierno central más competencias con las que igualarse a Cataluña o Euskadi y prefieren demandar más dinero para gestionar las que ya tienen. Ni siquiera le respalda el nuevo presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que tiene redactada la carta en la que se presenta a Pedro Sánchez para exigirle más financiación. En esa sintonía están el presidente de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y el de Murcia, también del PP.
En cuanto el Gobierno central de Pedro Sánchez anunció a comienzos de 2019 su intención de reabrir la negociación con el PNV sobre las 33 competencias de su estatuto pendientes, para facilitar las conversaciones sobre el avance de los Presupuestos Generales del Estado, una alarma que llevaba una década apagada saltó de pronto en la sede del ejecutivo autonómico de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. El BNG tenía registrada una proposición no de ley en el Parlamento gallego para pedir al Estado que cediese a Galicia la potestad sobre Tráfico y la policía y entonces el PP optó por un giro sorprendente, registró una enmienda para sumarse a esa idea de discutir sobre competencias pendientes y facilitó la unanimidad de la cámara, con el respaldo del PSdG y En Marea.
La moción se aprobó hace 10 días y el PP gallego creyó, además, que con la misma evitaba tener que asumir la gestión del tráfico y la policía (que no quiere). Pero ese requiebro estratégico no pasó desapercibido para la cúpula del partido, que desde que llegó Pablo Casado al liderazgo ha esbozado tesis más recentralizadoras en línea con las propuestas de sus potenciales socios, Ciudadanos y Vox, pero que tampoco comparten mayoritariamente los barones regionales.
Casado ha convocado este lunes en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional para coordinar estrategias ante las elecciones locales de mayo y después mantendrá una comida en la sede del partido con los líderes autonómicos.
Julia Torregrosa, diputada de En Marea en el Parlamento gallego, le recordó en el debate a la portavoz del PP, Paula Prado, que su partido y el Gobierno de Feijóo llevan desde 2008 sin pedir ninguna de las 17 competencias pendientes de su estatuto y entre las que figuran la simbólica titularidad de la autopista AP-9, el control de las cuencas hidrográficas, los servicios de meteorología y la ordenación pesquera. Y el parlamentario del BNG, Luís Bará, le reprochó su “fariseísmo” por sumarse ahora a las exigencias de la oposición en cuanto se conocieron los planteamientos del PNV en Euskadi. La oposición aprovechó la ocasión para recordar que Galicia aún no tiene policía autonómica, ni la potestad sobre el tráfico y la seguridad vial (reclamadas en el parlamento gallego en 2008 y denegadas en el Congreso en 2010) o sobre Salvamento Marítimo y la Inspección de Trabajo (que ya tiene Euskadi).
El PP gallego, que dispone de la única mayoría absoluta actual en España, no solo se adhirió a la citada moción sino también al añadido incluido por el BNG sobre la llamada cláusula Camps, que introdujo en su día el expresidente popular valenciano en su estatuto de autonomía para reclamar para su comunidad cualquier competencia que se cediese a Cataluña y Euskadi.
El PP de Galicia justifica su posición actual más exigente hacia Sánchez que la que tuvieron con Mariano Rajoy en que la situación económica del país ha mejorado en los últimos años, con respecto a la crisis sufrida entre 2008 y 2011, y en la disposición mostrada por el Gobierno central socialista para hablar con el PNV.
“Es verdad que a Galicia le interesa ahora que se abra la posibilidad real de nuevos traspasos, y a eso no vamos a renunciar, pero también es cierto que hay cosas más urgentes y primordiales como revisar con el Gobierno el descenso en un 20% de las inversiones en Galicia previstas en los presupuestos del Estado”, se explica Pedro Puy, el portavoz parlamentario del PP.
El presidente del PP y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no lo ve igual. Su prioridad es otra. “Yo no quiero más competencias, mi problema es la financiación de las que tengo”, afirma. Moreno tiene incluso redactada la carta que va a enviarle este lunes al presidente Sánchez para presentarse y solicitarle una reunión oficial pero para hablar de dinero. “Cada comunidad tiene sus criterios y en nuestro caso lo que más nos afecta es el sistema actual de financiación, que es muy perjudicial”, remacha.
Juan Manuel Moreno recuerda el compromiso pactado en el Parlamento andaluz entre los partidos, cuando era consejera de Hacienda la actual ministra socialista María Jesús Montero y gobernaba Mariano Rajoy, para implantar otro modelo de financiación con 4.000 millones más para su territorio gracias a una mayor participación de las comunidades en la recaudación del IVA. El presidente popular tiene claro su objetivo: “La Junta se gasta 10.000 millones en Sanidad y debería gastarse 13.000”.
Ni Garrido ni Herrera
La misma prioridad que Moreno tiene también y desde hace años el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como le recordó en persona a Sánchez durante su visita institucional a La Moncloa. Herrera, además, tampoco está a favor de la recentralización de competencias autonómicas (ni siquiera de la Educación) hacia el Gobierno central. Algo que tampoco suscribe el aún presidente madrileño, Ángel Garrido, y que también avanzó a Sánchez cuando le recibió en noviembre.
La Comunidad de Madrid no ha requerido al Gobierno central ninguna competencia añadida en esta legislatura ni durante la etapa de la presidencia de Cristina Cifuentes ni con Garrido. Desde Madrid lo que se ha planteado ha sido la necesidad de modificar el sistema de financiación, porque entienden que les perjudica al obtener un retorno inferior al que creen que les corresponde.
El modelo actual de reparto de la financiación autonómica se aprobó en 2009 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y caducó en 2014. Sánchez prometió actualizarlo pero ha constatado que no tiene apoyos suficientes para afrontar ese reto en esta legislatura.
El ejecutivo autonómico de Murcia, presidido por el popular Fernando López Miras, tampoco ha reivindicado mayores atribuciones ni es un asunto que esté en su agenda. Lo que sí persigue es “que se deje de privilegiar a ciertas comunidades sobre otras, que además son las cumplidoras”, sostienen desde ese Gobierno autónomo. Y recuerdan que Murcia está infrafinanciada con el modelo vigente y prorrogado desde la etapa de Zapatero.
