En poco más de una década, el número de niños extranjeros adoptados en España ha pasado de 5.541 a 531, lo que supone una caída de más del 90%. La crisis, el cierre de los países a adopciones externas o por parejas homosexuales o el tiempo de espera explican en gran medida ese descenso. Pero nuevas voces empiezan a relacionar ese descenso también con el incremento —difícilmente mesurable por la falta de datos oficiales— de una práctica que no es legal en España pero que centenares de familias buscan fuera: los vientres de alquiler(también conocidos como gestación subrogada), que supone que una mujer gesta y pare un hijo cuya maternidad y paternidad cede después a otras personas.
“El fenómeno de la gestación subrogada se ha incrementado en los últimos años y ese incremento se corresponde temporalmente con el descenso de las adopciones internacionales, lo que es relevante porque la gestación es también internacional. Al estar tan ligados a las formas de ser padres, no es descartable que haya una relación causal. El descenso no puede imputarse únicamente a la subrogada pero tampoco hay argumentos que permitan sostener que no hay una correlación entre ambos fenómenos”, considera Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. De Montalvo destaca el gran descenso internacional de las adopciones —con una media del 70%— y añade que sin embargo las cifras se mantienen (o incluso aumentan) en países como Italia, donde las condiciones para acceder a la reproducción asistida o la gestación subrogada “son especialmente restrictivas”, según reseñaba en una tribuna publicada en este periódico el martes. El presidente del comité bioético reclama que el Gobierno promueva una investigación para conocer exactamente los límites de esa causalidad.
Los datos de las adopciones son públicos y se recogen anualmente. En el último boletín del Ministerio de Sanidad, de 2018 y con datos hasta 2017, aparece la evolución y el desplome en las adopciones internacionales, que en los últimos dos años analizados se sitúan por primera vez por debajo de las nacionales. Hay 6.298 familias en espera, según los datos oficiales. Son 2.730 familias pendientes de una adopción nacional y 3.568 pendientes de una internacional. El tiempo de espera puede superar los seis años.
En el caso de los vientres de alquiler apenas existen cifras oficiales pero las estimaciones de quienes acuden a estas prácticas apuntan a un incremento significativo. El último dato oficial se conoció tras una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Ángeles Álvarez. Según la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores —que ayer no facilitó datos más recientes o desglosados a este periódico—, entre 2010 y 2016, se produjeron 979 inscripciones en oficinas consulares y misiones diplomáticas de 12 países. Las asociaciones elevan la cifra a más de un millar de casos anuales entre los distintos países donde se permite. En el caso de Ucrania, uno de los favoritos por sus bajos costes —en Estados Unidos supera los 100.000 euros y en Ucrania puede cerrarse por 40.000— , Exteriores admitió recientemente a este periódico que se registraban unos 300 casos anuales.
“Defendemos que esto no es una alternativa para los que no pueden adoptar, pero sí es cierto que tenemos familias que vienen tras haber estado en listas de espera o no haber pasado los procesos de idoneidad”, explica Marcos Jornet, presidente de Son Nuestros Hijos. “Queremos recabar más datos sobre las familias, entre otros, los itinerarios hasta llegar a la gestación subrogada”, añade.
China y Rusia son dos de los países de donde provenían más niños adoptados en España a principios de este siglo. Ambas han puesto cupos y restricciones que han reducido de forma drástica las cifras. China ha pasado de 2.753 casos en 2005 a 85 en 2017. Rusia bajó de 1.618 casos en 2004 a 54 en 2017, según los datos de Sanidad.
El Gobierno ruso favorece la adopción local facilitando recursos y dinero a las familias que acogen en su país. Desde diciembre de 2014, los procesos en China se limitan a menores con necesidades especiales, esto es, los que padecen o han padecido alguna enfermedad o discapacidad, los que forman un grupo de hermanos o los que tienen edades más elevadas. Ambos países fueron además de los primeros que limitaron las adopciones a parejas homosexuales, después de que España aprobara el matrimonio homosexual en 2005.
Mayores de cuatro años
“Todos los países han reducido muchísimo los cupos y sobre todo para los niños que están bien de salud”, explica Carmen Cano, presidenta de Kune, que agrupa cuatro asociaciones de adopciones de Madrid, Cataluña y Andalucía. Según estimaciones de este colectivo y de la Federación Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento Cora, los procesos para una adopción internacional pueden oscilar entre dos y seis años. Más de la mitad de los menores adoptados fuera de España superan los cuatro años de edad.
Los costes por documentación y trámites varían desde 5.000 a más de 30.000 euros, según calculan estos colectivos. El tiempo de espera y la posibilidad de que los niños sean “cada vez mayores” empuja a “las familias que quieren tener un bebé a descartar la adopción internacional y optar por la gestación subrogada pensando que en menos de un año van a poder tenerlo”, reflexiona Cano. “Hay que llegar a esas familias y hacerles entender que adoptar significa quedarse con un niño que ya ha nacido, que existe, no ir a por el bebé soñado”.
“Los países en los que antes había muchas adopciones optan ahora primero por dejarlos con la familia extensa, después con personas de su entorno; si no hay posibilidad buscan la adopción nacional y, como último recurso, la internacional”, añade Benedicto García, de Cora. Las asociaciones esperan la aprobación de un reglamento específico derivado de la ley de Infancia de 2015 y que está pendiente de un informe del Consejo de Estado. “Permitirá que haya más transparencia y que las adopciones estén mejor reguladas”, señala García.