El grueso de las subvenciones destinadas a mujeres las gestionan Ayuntamientos de todos los signos políticos
Las recurrentes invectivas de la ultraderecha contra las políticas de apoyo a las mujeres maltratadas han tenido picos considerables en la campaña andaluza. Se acusa a la Junta de Andalucía, cuyo Gobierno acaban de perder los socialistas por primera vez en la historia de la comunidad, de «financiar chiringuitos de género». Contra esas afirmaciones hay algunos números: la Junta de Andalucíadestinó 33,5 millones a subvenciones para temas relacionados con las mujeres a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) entre 2016 y 2018. La mayor parte de ese dinero lo gestionan Ayuntamientos de todos los signos a través de puntos de atención municipales, que han atendido a 102.000 mujeres en el último año en la comunidad.
Algo menos de un tercio de ese dinero —el 29,1% del total, 9,7 millones de euros— lo recibieron asociaciones de mujeres, según el análisis de los datos presupuestarios. Cuando el líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, se refiere a los «organismos feministas radicales subvencionados» está hablando, por ejemplo, de asociaciones de apoyo a huérfanos de víctimas de violencia de género y otras que se dedican a atender a mujeres violadas. También obtuvieron ayudas públicas para trabajar en este terreno entidades como Cruz Roja, Cáritas o los colegios de psicólogos.
El 62,1% de la partida para esta materia la gestionan los Consistorios (20,8 millones de euros). Los colegios profesionales, universidades y otras entidades disponen del 3,9% de ese dinero (1,3 millones) y las organizaciones religiosas, 1,1 millones (3,3%).
AYUDAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Fuente: Ministerio de Hacienda e Instituto Andaluz de la Mujer.
La «lluvia de subvenciones»
La formación de ultraderecha presentó el 9 de enero un programa de 19 medidasmientras el PP negociaba con Ciudadanos pero, tras una polvareda mediática, estos dos partidos no plasmaron esas propuestas en el documento final del acuerdo. Vox reclamaba entonces (y ahora) la derogación de la ley de violencia de género andaluza. Y, en particular, los artículos que “ordenan la lluvia de subvenciones a las asociaciones clientelares”, así como eliminar aquellos que prevén “un adoctrinamiento permanente sobre perspectiva de género a la infancia y la sociedad en su conjunto”. No ofreció datos que sustentaran esa tesis.
El análisis de los datos públicos de la Base Nacional de Subvenciones, que gestiona el Ministerio de Hacienda, indica que las organizaciones de mujeres a las que los dirigentes de Vox señalan en sus comparecencias públicas solo gestionan tres de cada diez euros destinados a programas de ayuda para las mujeres desde la Junta de Andalucía. Esta base comenzó a recopilar los datos sistematizados de las ayudas en 2016, de ahí que el análisis realizado por EL PAÍS se circunscriba a estos últimos tres años.
Huérfanos y víctimas de violación
Las subvenciones representan casi la mitad del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer. Acción Social por la Igualdad, una asociación que financia programas de atención a hijos e hijas de víctimas de violencia de género, es la primera en la lista de beneficiarias, con 1.185.883,47 euros en tres años. “Trabajamos todo el proceso, desde la gestión de la crisis de los primeros momentos tras la violencia hasta la atención psicológica a los niños y a la familia tras el delito”, detalla la coordinadora técnica de la organización, Beatriz Núñez. En segundo lugar, con 355.204,11 euros, figura la asociación de atención a víctimas de violencia sexual Amuvi, que funciona desde 1994 y presta asistencia jurídica y psicológica gratuita a mujeres violadas.
El juez Serrano —apartado de la carrera judicial por prevaricación— viene defendiendo la existencia de una “industria feminista” que vive de las subvenciones y que se compone de “2.200 chiringuitos de género”. Según recoge el Instituto Andaluz de la Mujer, en esa comunidad autónoma existen 2.700 asociaciones de mujeres. Apenas una de cada 10 (323, el 12%) ha recibido ayudas públicas de la Junta en los años analizados.
Las oficinas municipales
El grueso del presupuesto, un 60%, se destina a las oficinas municipales que prestan ayuda psicológica, social y jurídica a mujeres en situaciones de riesgo. Son partidas cofinanciadas con los propios Consistorios para los 170 centros municipales de información y asesoramiento en igualdad y violencia de género.
Con estas subvenciones, por ejemplo, Cádiz paga a una trabajadora social, a una responsable de apoyo jurídico y a una psicóloga para que atiendan a las usuarias del centro local. El año pasado pasaron por esta sede municipal 593 mujeres, 191 de ellas víctimas de violencia machista. “Últimamente nos derivan cada vez más casos desde los institutos de secundaria, notamos que están aumentando las víctimas adolescentes”, cuenta Pilar Tubio, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Cádiz y trabajadora de esa oficina, conocida como la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Atiende entre cuatro y cinco mujeres al día: “Con cada caso empieza un seguimiento que puede durar fácilmente un año o más”.
Organizaciones religiosas
Además de las subvenciones para Consistorios y organizaciones, el resto de las ayudas se dedican a programas de universidades o a entidades sin ánimo de lucro (el llamado tercer sector) como la Cruz Roja o Cáritas. Los dos principales colegios de psicólogos de Andalucía desempeñan también un papel importante, ya que que se sitúan como la cuarta y la quinta entidad más beneficiadas por las subvenciones del instituto de la mujer, con 345.000 euros en el caso del Colegio de Andalucía oriental y 225.000 en la zona occidental.
Entre los receptores de las ayudas, esas asociaciones que según Vox formarían un “chiringuito feminista”, hay también organizaciones religiosas. La comunidad de las Adoratrices, con sedes en distintas ciudades de Andalucía y dedicada a la atención a las víctimas de trata, recibió algo más de 380.000 euros, mientras la Congregación del Convento de Santa Isabel obtuvo 90.000 euros gracias a esta línea de recursos públicos.
