La Comisión Europea considera que no se está defendiendo adecuadamente el espacio protegido al no actuar contra los pozos ilegales
Tras años de inacción de las Administraciones en la lucha contra el robo de agua en Doñana, la Comisión Europea ha terminado denunciando a España por no proteger adecuadamente el acuífero del que vive este espacio protegido, una de las reservas naturales más importantes de la UE y Patrimonio de la Humanidad. Este proceso contra España arrancó en 2010, cuando la organización ecologista WWF presentó una queja ante Bruselas. Tras varios avisos por los incumplimientos (el último dictamen motivado data de abril de 2016), la Comisión ha anunciado este jueves que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Doñana es un ecosistema cuya supervivencia depende del agua, de la superficial y de las masas subterráneas. Pero este emblemático espacio (donde viven especies en peligro, como el águila imperial o el lince ibérico) está cercado por las actividades humanas. Por un lado, en pleno corazón del parque se ubica un núcleo turístico, Matalascañas. Por otro, rodeando al espacio protegido hay miles de hectáreas de regadío, principalmente, de frutos rojos.
La Comisión recuerda este jueves que «grandes cantidades de agua se están desviando» para fines agrícolas y para el turismo desde hace años. «La fuerte caída en los niveles de agua subterránea» ha hecho que zonas importantes por sus valores ambientales y por su extremada vulnerabilidad sean más sensibles a las sequías y se deterioren. La Comisión advierte de que los hábitats pueden degradarse aún más y que España incumple así las directivas referidas a las zonas sensibles y a las masas de agua. «España no está tomando las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales», resume la Comisión Europea. Esto implica una violación del derecho comunitario.
WWF ha recordado este jueves que la extracción incontrolada de agua «está dañando gravemente el acuífero y los hábitats y especies protegidas» por las normas europeas. «Durante más de 10 años, WWF España ha realizado un seguimiento exhaustivo y ha continuado aportando informes propios elaborados por expertos y de organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana», ha lamentado esta organización a través de un comunicado.
Los últimos cálculos de WWF sitúan en más de 1.000 los pozos ilegales que captan agua del acuífero de Doñana y en más de 3.000 las hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Todas las Administraciones (local, regional y central) tienen competencias en este asunto, pero no ha sido hasta los últimos años cuando se han empezado a aplicar cierres sistemáticos de captaciones ilegales, que han desencadenado varios enfrentamientos con agricultores de la zona. El uso incontrolado de estos recursos ha hecho ya que varias cadenas de distribución europea hayan empezado a rechazar los productos procedentes de esta zona por los daños medioambientales.
Posibles sanciones
La Comisión Europea ha recordado que la decisión se ha adoptado ante la inacción de España, a pesar de la carta que le remitió en 2014 exponiendo el problema y el dictamen motivado que emitió en 2016. Bruselas instó a España a poner fin al deterioro de la zona que rodea Doñana y que alberga varios espacios de la red Natura 2000. La legislación comunitaria no impide a los países miembros usar para otros fines los recursos de esos espacios, siempre que eso no implique una degradación del área. Pero, según fuentes comunitarias, las sucesivas evaluaciones de la Comisión han determinado que la zona seguía empeorando. Y además, añaden, las Administraciones también estaban vulnerando otra directiva en materia de gestión de aguas.
A pesar de que en principio Bruselas dio a España dos meses para actuar, ha esperado tres años para llevar a las Administraciones a la Corte de Luxemburgo. Los últimos análisis realizados en la zona determinan que las medidas que se han adoptado, según estas fuentes, son «insuficientes». Y su ejecución, añaden, defectuosa. Fuentes comunitarias explicaron que España aún está a tiempo de resolver el asunto si adopta en breve medidas que garanticen que puede enderezar la situación. En caso de que no lo haga, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia no solo que obligue a cumplir la directiva, sino también que imponga sanciones al país.
