La Fiscalía asegura que los teléfonos y ordenadores de los dos periodistas de Palma requisados en el marco del caso Cursach permanecen cerrados y no han sido utilizados en la investigación. La Fiscalía Antcorrupción ha hecho pública una nota tras la detención este martes de dos policías acusados de un presunto delito continuado de revelación de secretos. Según el Ministerio Público, estas detenciones se han llevado a cabo “con carácter previo a la eventual apertura de los teléfonos y dispositivos” intervenidos a los informadores el pasado día 11 de diciembre y que siguen bajo custodia judicial.
La orden de requisar los teléfonos y ordenadores la dio el juez de Palma Miquel Florit, pero cuenta con el aval de Anticorrupción. Este departamento no quiso la semana pasada aclarar las razones de esa decisión, que ha recibido duras críticas de juristas, periodistas y políticos que consideran que vulnera el derecho a la protección de las fuentes de los periodistas, recogido en la Constitución.
En su nota de este miércoles la Fiscalía ha intentado despejar algunas de las dudas que suscitó la medida.
Según esta versión, la intervención de teléfonos “no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información” supuestamente en poder de los periodistas. El ministerio público asegura que estas fuentes “ya eran conocidas por otras vías de investigación, como demuestran las detenciones practicadas”. De lo que se trataba, asegura Anticorrupción, era de garantizar “el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito”, según autoriza el art. 588 bis a) 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, asegurar las pruebas del presunto delito de revelación de secretos del que se acusa a los policías.
Según el ministerio público, los dispositivos de los periodistas no han sido abiertos, aunque no cierra la puerta a que sean utilizados para este caso más adelante. “En caso de ser necesario” acceder al contenido de los teléfonos, añade Anticorrupción, se haría, aunque se pondría previamente en conocimiento de los dos informadores afectados.