El juicio de la pieza política del caso ERE contra la excúpula de la Junta de Andalucía, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo de los acusados, finalizará previsiblemente este lunes al quedar visto para sentencia tras un año y 152 sesiones. Culmina así la primera vista oral de esta macrocausa con 120 testigos, nueve peritos y peticiones de condena hasta de ocho años de cárcel por prevaricación y malversación continuadas.
El proceso, que enjuicia la política de ayudas públicas para empresas en crisis establecida por el Gobierno andaluz durante una década (2001-2010), culminará este lunes con el informe final de los abogados del exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, tras cuya intervención los acusados tendrán el turno de última palabra.
“Un absoluto vacío probatorio (…) No ha existido ninguna actuación oculta contraria a la ley ni contraria a los intereses generales”, ha subrayado en sala el letrado de Viera, José Manuel Herrera. La Junta dotó con 755 millones el fondo y el tribunal decidirá los próximos meses si el objetivo fue conceder este dinero al margen de los controles establecidos por la Intervención General.
Para las defensas de los 21 acusados no existen pruebas en su contra que demuestre un supuesto contubernio de la cúpula de la Junta andaluza para conceder ayudas millonarias a empresas afines al PSOE, por lo que piden la absolución de los procesados. En la bancada contraria, la Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz han reiterado sus acusaciones, mientras que el pseudosindicato Manos Limpias retiró su acusación por malversación y rebajó el tono de su petición inicial hace un año.
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Juan Antonio Calle, tardará al menos seis meses en redactar la sentencia, según fuentes jurídicas. El fallo será previsiblemente recurrido ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre este complejo juicio que marcará el paso del resto de procesos abiertos por el fondo de los ERE.
