En Francia los casos de vulneración de derechos medioambientales difícilmente llegan a los tribunales porque son dosieres complejos y por lo tanto con un alto coste. Simplemente consultar un abogado puede suponerte desembolsar de entrada 250 euros antes de que haga nada. Para solucionar este y otras casos similares nació V pour Verdict, una plataforma colaborativa que permite que varias personas puedan presentar conjuntamente un mismo recurso, lo que abarata sustancialmente el coste del proceso y permite que se haga realidad.
El funcionamiento es muy simple. Cualquiera puede proponer una acción colectiva en línea. Acto seguido esa persona busca a otros damnificados que quieran participar en el proceso. Mientras tanto un abogado – hay ya 8 asociados a V pour Verdict– se hace cargo del dossier. Todo el procedimiento para montar el caso se sigue en línea hasta que llegue el momento de presentarse ante el juez o el jurado. Se puede lanzar una acción jurídica sobre cualquier tema, como salud, medio ambiente, consumo… siempre que se cumplan dos requisitos: que el tema afecte a un colectivo y que se sustente sobre un fundamento jurídico.
V pour Verdict nació en julio del 2018 y a fecha de hoy tienen ya 4 acciones legales en curso: una que busca indemnizar a los jugadores víctimas de supuestos fraudes en Winamax; otra acción sobre estafas en Internet; un tercer caso contra el nuevo contador de electricidad Linky; y el cuarto, que ha sido lanzado por el colectivo más numeroso. Son más de 600 ciudadanos quienes reclaman a través de la plataforma el derecho a la información sobre la contaminación de los suelos por plomo.
Se trata de residentes de dos departamentos franceses, Yvelines et Val d’Oise, quienes se quejan de que el suelo ha sido sistemáticamente contaminado desde hace décadas. Se hizo un primer estudio sanitario en 2009 sobre el estado de la tierra y no ha sido hasta este mismo año cuando las autoridades han lanzado la voz de alerta. Entre tanto, sobre esos suelos se han construido escuelas, guarderías, huertos y jardines, con el riesgo de que el autoconsumo de frutas y verduras produzca graves problemas de salud como el saturnismo especialmente entre los niños.
Y hoy en día se sabe además que hay información más precisa sobre el alcance de la contaminación, información que no se ha hecho pública. De ahí el interés de presentar un recurso en base al derecho a la información en materia de salud y de medio ambiente. Cualquier ciudadano puede sumarse a la causa judicial, y sobre todo los más implicados y más interesados, los habitantes de los municipios afectados. Y puesto que hay tantos que se suman a la causa, el coste por persona por llevar el tema ante la justicia será de sólo 2 euros.
En Francia proliferan las acciones en justicia contra grandes corporaciones, como por ejemplo, la interpuesta contra Apple y Epson, por obsolescencia programada. En la mayoría de casos se trata de acciones de grupo, medida contemplada por la ley Hamon de 2014, que permite a los consumidores reagruparse y defender colectivamente sus intereses ante los tribunales. Pero este tipo de acciones jurídicas deben ser iniciadas obligatoriamente por una de las asociaciones de consumidores reconocidas oficialmente. A menudo además estos procedimientos judiciales resultan largos y complejos.
Sin embargo la ley permite también otra vía para que se haga justicia: que los consumidores se organicen colectivamente para defender sus derechos sin contar con el concurso de una asociación de consumidores. Para ello deben encontrar a otras personas que hayan sufrido el mismo perjuicio que ellos y que estén dispuestos a sumarse a la causa.
V pour Verdict es la creación de una start-up de Lyon, liderada por dos jóvenes, Bruno Aguiar Valadao y Elisabeth Gelot. Cuentan que les vino la idea a la cabeza durante una barbacoa, en la que unas personas comentaban que tenían un problema con una antena que se había instalado cerca de su casa, lo que había hecho perder valor a su propiedad sin contar con los posibles problemas de salud asociados a su instalación. Estas personas no sabían ni por dónde empezar. Valadao et Gelot se dijeron que había que utilizar las posibilidades que ofrece Internet para hacer la justicia más accesible a todos.
¿Va a revolucionarse también el mundo de la jurisprudencia, como ha sucedido ya en tantos otros terrenos, con el acceso a internet y el consumo colaborativo? ¿Es la justicia más accesible en Francia – para los consumidores y las pequeñas asociaciones- gracias a V de Verdict? El tiempo lo dirá.