El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al mercado hipotecario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una reforma legislativa que incluye una batería de medidas para proteger al cliente frente a la banca. La más importante tiene que ver con el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). A partir del viernes serán las entidades financieras, y no los usuarios, las encargadas de abonar el tributo.
El Consejo de Ministros aprobará mañana jueves un real decreto que modificará artículo 29 de la ley de 1993 que regula el impuesto para que corresponda a los bancos y no a los ciudadanos. El Gobierno aprobará también la creación de una autoridad independiente de protección de clientes financieros para “garantizar la seguridad jurídica de todos”, “reforzar” la defensa de los usuarios ante potenciales abusos y “mejorar la capacidad de resolver conflictos en el sector financiero”, según ha anunciado Pedro Sánchez en Moncloa en rueda de prensa.
El presidente “cree y espera” que la banca no repercutirá a los clientes a través de otros servicios el coste de ese impuesto porque “el mercado hipotecario es bastante competitivo: ahí están también los tipos y las cuotas que se pagan”. “Es evidente que se abre un debate sobre si puede haber o no cláusulas abusivas, apelo a la responsabilidad del sector financiero. Lo que hace este Gobierno es aclarar la situación, garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y la igualdad”, ha explicado.
A preguntas de los periodistas, Sánchez ha evitado pronunciarse sobre la credibilidad del Tribunal Supremo tras su cambio de criterio sobre las hipotecas. “El Supremo tiene que hacer una reflexión sobre estas dos semanas en las que ha tenido pendientes a los mercado financieros y la mayoría de los ciudadanos. Desde el respeto al poder judicial, ninguno debe estar fuera de la crítica, por lo que debería hacer una reflexión y una autocrítica”, ha invitado Sánchez, que ha contrastado la incertidumbre creada por el Supremo con la actuación “de manera rápida y expedita en dos semanas”.
Las medidas del Ejecutivo suponen una vuelta de tuerca, después del polémico fallo del Tribunal Supremo. Los magistrados aprobaron ayer precisamente lo contrario. Es decir, que el impuesto hipotecario debe recaer sobre la espalda de los clientes, como se venía haciendo hasta ahora.
“La situación no era buena ni para los bancos ni los jueces ni los ciudadanos”, ha afirmado Sánchez. “Se necesita un escenario previsible”, ha añadido.
No habrá retroactividad
Eso sí, el presidente del Gobierno ha concretado que el cambio normativo no incluye retroactividad. Es decir, los ciudadanos que ya están hipotecados no tendrán posibilidad de reclamar a sus respectivos bancos la devolución del impuesto. Sólo después de la aprobación de las medidas será cuando las entidades tendrán que empezar a hacerse cargo del tributo.
Sánchez ha insistido en que su Gobierno respeta la labor e independencia del poder judicial, aunque “no puede dejar de lamentar la situación” generada por la autorectificación del Tribunal Supremo en esta materia, que “no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces ni para los ciudadanos”. “El Gobierno va a garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados. Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana hablará el poder ejecutivo”, ha asegurado.
El presidente ha justificado sus medidas en que la compra de una vivienda no es sólo “un gran plan de inversión” para el ciudadano, sino también un “gran plan de vida que debe contar con seguridad jurídica” tras los cambios de criterio del Supremo en las últimas dos semanas. “La decisión que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros es que lo pague la banca, el sector financiero”, ha insistido.
El gabinete de Sánchez ha tomado la decisión tras la enorme polvareda levantada por el fallo del Alto Tribunal. A primera hora de este miércoles, el presidente del Gobierno se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y con los ministros de Economía, Nadia Calviño; de Hacienda, María Jesus Montero; y de Fomento, José Luis Ábalos.
Con su fallo sobre el AJD, el Supremo ha ahorrado a la banca un máximo de 29.000 millones. Esa es la cifra que las entidades habrían tenido que devolver en el supuesto de que los magistrados hubieran decidido obligar a los bancos a pagar el impuesto con retroactividad total. De hecho, el primer fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo –el que este martes rectificó el Pleno– apuntaba en esa dirección: que el pago debía recaer en las entidades.
El cambio de criterio ha propiciado una fuerte revalorización de los bancosen la bolsa. Algunas entidades, empujadas por la tremenda factura que les ha ahorrado el Supremo, arrancaron la jornada con subidas de hasta el 13%.
