Economía

La PAH lleva ante la justicia al fondo buitre Blackstone por provocar una inflación en los precios de la vivienda

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el fondo buitre Blackstone. Según el escrito, registrado este martes, la sociedad, la mayor tenedora de vivienda de España, con unas 40.000 viviendas, podría estar incurriendo en un delito de “acaparamiento” y “alteración engañosa del precio de las cosas”, tipificado en los artículos 281 y 284 del Código Penal y castigado con penas de hasta cinco y dos años de prisión, respectivamente.

Con esta acción, la Plataforma reclama al juzgado que abra diligencias como paso previo a que la Fiscalía investigue como acusación. “Se ponen de manifiesto unos hechos y solicitamos a la Fiscalía que investigue si son constitutivos de delito” y si “Blackstone puede provocar una inflación en los precios”, explica el abogado de la PAH, Azael Babiano. “Estamos convencidos que están haciéndolo”, apunta el portavoz federal, Paco Morote, “acaparando miles de viviendas, que compran a precios irrisorios, y que retiran del mercado, por lo que mantienen artificialmente la burbuja del precio y del alquiler”.

El fondo de inversión Blackstone ha adquirido recientemente el 50,1% de Testa, la mayor socimi de vivienda en alquiler de España. Esas acciones pertenecían al BBVA, Merlin, Acciona y el Banco Santander, el único que todavía mantiene una participación. Precisamente, la denuncia incluye a la citada Testa; a Albirana; a Anticipa, que gestiona los créditos hipotecarios fallidos o con alta morosidad vendidos por Caixa Cataluña; a Fidere, que gestiona los cerca de 1.800 pisos que pertenecían al parque público del Ayuntamiento de Madrid que vendió Ana Botella en su época como alcaldesa; y a Aliseda, el servicer de Banco Popular.

«Innegable burbuja de los precios del alquiler»

La denuncia pone de manifiesto la “emergencia habitacional” que existe en España, donde, citando al Informe sobre el efecto de la crisis en los Órganos Judiciales del Consejo General del Poder Judicial, solo en el primer trimestre de 2018 se ejecutaron más de 33.000 lanzamientos. Además, el escrito afirma que “existe una innegable burbuja de los precios del alquiler, con subidas cercanas al 20% de media (muy superiores incluso en ciudades como Madrid y Barcelona)”, así como “subidas en los precios de compra de vivienda”. Ello, mientras “el parque público de vivienda para el alquiler o social apenas pasa del 1%, cuando en países como el Reino Unido, Francia o Alemania está en torno al 20%” y existen “3,4 millones de viviendas vacías, por lo que pudiera estar produciéndose una detracción voluntaria del mercado de miles de viviendas con el fin de provocar el fuerte incremento de los precios que venimos sufriendo”.

En concreto, el artículo 281 del Código Penal señala que “el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses”. Por su parte, el artículo 284 indica que “se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los que empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos”.

«Provoca muertes»

“Esto provoca muertes”, denunciaba Morote en alusión al hombre que se arrojó desde un décimo piso en junio, en Cornellá, cuando iba a ser desahuciado por Blackstone.  Además, lamentan que las medidas llevadas a cabo por el Gobierno, como el real decreto ley sobre el alquiler, aprobado en el último consejo de ministras, son “timoratas y cobardes”. “No incide en los precios, no permite a los Ayuntamientos intervenir con índices de referencia y no tiene carácter retroactivo, por lo que los efectos positivos que pueda tener van a tardar mucho en percibirse y en ningún caso serán a corto plazo”, explica.

Antes de presentar la denuncia, integrantes de la PAH han llevado a cabo una acción frente a la junta de accionistas de Testa, que se celebraba este mismo martes en el número 50 del Paseo de la Castellana. Allí, esperaban recibir a los responsables de la socimi, al grito de “fuera los buitres de nuestras casas”, “no son suicidios, son asesinatos” o “junta de accionistas, junta de ladrones”. Finalmente, estos han accedido por otra entrada, a apenas unos metros, hasta donde se desplazó uno de los activistas para repartir panfletos.

En ese momento, fue requerido por la policía para volver a unirse al grupo. “Yo tengo derecho a repartir esto en frente sin avisar a nadie”, explicaba Ignacio, de la PAH de Fuencarral, pero “ellos dicen que aquí si y aquí no”, lamentaba. Ante su negativa a abandonar ese tramo de la calle, por donde circulaban peatones con normalidad, “me han identificado por repartir propaganda” y “me han dicho que me sancionarán. Ya sabes, la ley mordaza. Habrá que recurrir”.

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