Los 12 líderes separatistas catalanes juzgados por rebelión y otros delitos relacionados con el intento unilateral de secesión de octubre de 2017 hicieron sus declaraciones finales en la última audiencia del miércoles.
Todos ellos insistieron en que son prisioneros políticos sometidos a juicio por sus ideas. Dijeron que su único objetivo era dar a los ciudadanos catalanes la oportunidad de expresarse a través de un referéndum, y pidieron un diálogo político con el gobierno central en Madrid como única salida al conflicto.
Cataluña se ha convertido en un tema central de la política española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la declaración unilateral de independencia que siguió y la suspensión de siete meses del autogobierno impuesta por Madrid.
El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista (PSOE), que ganó las recientes elecciones generales pero aún no ha formado un gobierno, se ha comprometido a trabajar para encontrar una solución a través del diálogo.
El juicio de los 12 líderes separatistas que terminó ayer en la Corte Suprema refleja cuán profundamente divisivo se ha vuelto el tema. Después de cuatro meses de audiencias y testimonios de alrededor de 400 testigos, ni la acusación ni la defensa han alterado sustancialmente sus posiciones originales.
Los fiscales dicen que los acusados organizaron un plan unilateral de ruptura en violación deliberada de la ley y a pesar de las reiteradas advertencias de los tribunales, con la esperanza de crear suficiente presión nacional e internacional para forzar a Madrid a entablar conversaciones.
Los acusados supuestamente trataron de liquidar el orden constitucional existente, y por ello se enfrentan a acusaciones que van desde la desobediencia, que no conlleva penas de prisión, hasta la rebelión, que podría significar más de una década tras las rejas. La acusación de rebelión depende de si se utilizó la violencia durante el intento de secesión, y éste ha sido uno de los principales puntos de controversia en las 52 audiencias.
Un «hombre de paz»
Oriol Junqueras, líder del Partido Republicano de Cataluña (ERC) que fue viceprimer ministro de Cataluña cuando se produjo el intento de disgregación, insistió el miércoles en que es un hombre de paz.
«Mi dedicación a la política llegó tarde en la vida, por el deseo de servir, de ser útil, de construir un mundo mejor con más libertad», dijo Junqueras, quien enfrenta la pena de prisión más alta de cualquier acusado, 25 años. Añadió que la cuestión de la independencia catalana debería volver al campo de la política, «que nunca debería haber dejado».
Los otros acusados hicieron llamadas similares. «Si estamos aquí hoy es porque la política fracasó», dijo Joaquim Forn, que fue jefe de asuntos interiores del gabinete del ex primer ministro catalán Carles Puigdemont, que no se encuentra entre los líderes que están siendo juzgados cuando huyó de España para evitar ser arrestado tras la declaración de independencia de octubre de 2017, y que desde entonces se ha establecido en Bélgica.
Forn fue el único acusado que dijo que si cometió algún delito, no era su intención hacerlo. «Niego categóricamente que mi objetivo fuera liquidar la Constitución mediante la violencia. Siempre tuve en mente una solución negociada. Puede que haya cometido errores, pero en ningún momento puse en peligro la seguridad de la gente», dijo.
Sin arrepentimientos
Otros se mostraron más desafiantes, diciendo que «volverían a hacer todo lo que yo hice una y otra vez», en palabras de Jordi Cuixart, líder de Òmnium, una asociación independentista que desempeñó un papel relevante en la candidatura de escisión. «No hay contrición de ningún tipo.»
Jordi Sànchez, ex líder de una asociación similar llamada ANC, dijo al panel de jueces que los políticos deberían ocuparse de este problema, no ellos. «Es injusto que esta corte tenga que resolver un problema político», dijo. «No se puede resolver, pero sí se tiene el deber de no empeorar la crisis política. No me gustaría estar en tu lugar».
Otros subrayaron los efectos personales de las acciones del tribunal, que incluyen la detención preventiva de varios de los acusados -sobre la base de que presentaban un riesgo de fuga, entre otras razones- desde el otoño de 2017.
«Hasta ahora, a través de sus resoluciones, han decidido que no puedo ver crecer a mis dos hijos, de 10 y 4 años,» dijo el ex miembro del Gabinete Josep Rull. «Pero no importa cuál sea su veredicto, no me impedirá dejarles un legado más valioso: la dignidad de las ideas legítimas y nobles.»
