Xabi Alonso no llega a un acuerdo con la Fiscalía, que reclama cinco años de prisión, y la magistrada que debía decidir suspende el juicio por dudas sobre su competencia
Se abrió la compuerta de una furgoneta negra y salió Cristiano Ronaldo, del brazo de su pareja, Georgina Rodríguez. El cielo estaba encapotado y hacía un frío punzante pero el condenado ni se quitó las gafas ni dejó de mostrar sus dos hileras de dientes, perfectamente regulares, mientras sonreía a las cámaras. Había unas 50 alineadas en las escaleras que le condujeron hasta la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid.
El jugador de la Juventus acudió este martes a la Sección 17 del tribunal para firmar su condena ante el juez. Un castigo de 23 meses de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía y Hacienda, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014. «Ya está, ya está», dijo el portugués, al abandonar las dependencias judiciales, después de una media hora de trámite en la que coincidió con Xabi Alonso, que acudió a los juzgados para dirimir otro caso de presunto fraude fiscal.
Alonso rechazó pactar con la Fiscalía, que solicita cinco años de prisión por tres delitos fiscales entre 2010 y 2012.El donostiarra es el único de una larga lista de futbolistas que en los últimos años han sido juzgados por fraude fiscal que se sienta en el banquillo para defender su inocencia. Su proceso, sin embargo, se alargará aun más. Antes de iniciar la vista oral, la presidenta del tribunal de la Sala 30, que en principio debía resolver el caso de Alonso, anunció esta misma mañana que suspendía el juicio. Dijo que, ante las dudas que le suscitaba la aplicación de la reforma del Código Penal de 2012, debía aclarar si la Audiencia Provincial era o no el órgano competente. En los próximos días la magistrada decidirá si es ella quien dicta sentencia o remite el caso de Alonso a los juzgados de lo Penal de plaza de Castilla.
«Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, en que he colaborado desde el principio y en que nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la justicia. Por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final», señaló el donostiarra. «Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que algo no lo he hecho bien. Como no es así, sigo para adelante», declaró ante los medios de comunicación a la salida de la Audiencia.
El primero en llegar fue Alonso, en torno a las 9.15. Media hora después lo hizo Cristiano. El portugués y su mujer vestían con tonos oscuros. Él, con traje negro de lana, botonadura plateada y zapatillas blancas y doradas. Ella, envuelta en un abrigo color burdeos. El delantero de la Juve, demandado el pasado septiembre en un juzgado del Estado de Nevada (EE UU) por un presunto caso de violación ocurrido en 2009, vive sometido a un bombardeo jurídico-mediático desde que rompió la negociación de su renovación por el Real Madrid, en 2017. En su breve tránsito en público, solo se paró para firmar un autógrafo a un aficionado con un cartel de la Copa de Europa. Alguien le preguntó cómo estaba, a lo que él respondió: «Perfecto».
Seis policías nacionales le escoltaron en un ambiente tranquilo. El tribunal desestimó la petición de la defensa de Cristiano, que pretendía que su cliente dispusiese de medidas de seguridad excepcionales durante el acceso a las instalaciones. Su paso por la Audiencia Provincial fue un mero formalismo, solo para firmar ante la Sección 17 el acuerdo al que llegó con Hacienda la pasada primavera, la conmutación de la condena a dos años de prisión por una multa de 300.000 euros, y el pago 18,8 millones en concepto de pena por el fraude.
Como Xabi Alonso, que niega cualquier delito, Ronaldo actuó de la misma manera cuando en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado afirmó que «jamás» ocultó nada y que no «ha tenido intención de evadir impuestos». Por consejo de sus asesores, Cristiano acabó aceptando los hechos que le imputaban. Alonso, no. El actual entrenador de la cantera de Valdebebas estuvo acompañado por sus abogados y por responsables de los servicios jurídicos del Real Madrid, que se presentaron en las dependencias de la Audiencia Provincial encabezados por José Ángel Sánchez, director general ejecutivo del club.
La Fiscalía cifró en un primer momento en 14,7 millones de euros el fraude tributario y tras el acuerdo con Ronaldo lo rebajó a 5,7 millones de euros, si bien este deberá pagar casi 19 millones entre intereses y multas. De esta forma, el caso de Ronaldo se suma al de otros de futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Ángel Di María o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y han llegado a acuerdos con la Fiscalía de cara a reducir posibles penas.
Estructura societaria ilícita
El Ministerio Público cree que el jugador portugués se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento «voluntario» y «consciente» de sus obligaciones fiscales en España. Además, el Ministerio Público asegura que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.
Por último, la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó «voluntariamente» unos ingresos que Hacienda cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que solo operaba para territorio español.
En el caso de Alonso, además del jugador, son juzgados Iván Zaldúa, su asesor fiscal, junto con Ignasi Maestre, administrador de la sociedad Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA. Al margen de los cinco años de prisión que pide para cada uno, la Fiscalía solicita una multa individual de cuatro millones de euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, pues esa fue la cantidad presuntamente defraudada más los intereses.
Según la Fiscalía, a mediados de 2009 los tres acusados se pusieron de acuerdo para articular una «aparente» cesión de la explotación de los derechos de imagen de Alonso «con la intención de que el mismo obtuviera un beneficio fiscal ilícito». El 9 de agosto de ese año, el jugador, asesorado de forma efectiva por Zaldúa, suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali en Madeira y cuyo administrador y gerente era Maestre. Pero esa sociedad pertenecía a otra radicada en Panamá de la que Alonso fue titular del cien por cien de las participaciones sociales desde el 16 de diciembre de 2009.
La Fiscalía concluye que esa «aparente» cesión de los derechos de imagen se realizó cuando el futbolista gozaba de su condición de «no residente» en España (fichó en el verano de 2009 por el Real Madrid procedente del Liverpool), pero «mantuvo dicha estructura formal» durante los años siguientes y, «al menos hasta 2012», teniendo durante ese tiempo la condición de residente fiscal español.