Sociedad

PP y Ciudadanos vetan implantar una técnica pionera contra el cáncer en la sanidad pública madrileña

Un centro sanitario madrileño está a punto de poner en marcha una técnica pionera para tratar el cáncer en España que no existe en ninguna otra comunidad autónoma: la protonterapia. Pero no será en la sanidad pública.

PP y Ciudadanos han rechazado una enmienda a los presupuestos regionales de 2019 para financiar con 21 millones de euros la creación de un centro de prontoterapia mientras el un grupo sanitario privado,  Quirónsalud, ultima las obras para ofrecer esta técnica en una instalación nueva que está construyendo en Pozuelo de Alarcón y que estará «abierta» a pacientes «tanto la sanidad pública como de la privada».

La empresa en cuestión es una vieja conocida de la administración sanitaria madrileña: es  la concesionaria que gestiona tres hospitales privatizados en la región y mantiene un convenio singular con otro, la Fundación Jiménez Díaz. Además, la sede en Madrid de la Clínica Universitaria de Navarra, inaugurada a principios de 2018 por la expresidenta Cristina Cifuentes, también tiene un proyecto para implantar en sus instalaciones esta terapia en 2020.

El viernes se aprueban en la Asamblea las cuentas y, si las posiciones no cambian, la Comunidad de Madrid allanará el camino para que sea la sanidad privada la que atienda a los pacientes públicos que prueben este tratamiento, una radioterapia de alta precisión con protones que no daña tejidos circundantes y cuyo coste oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros. La propuesta de Podemos para este año no permitiría financiar lo que cuesta instalar el acelerador de protones ni toda la obra que conlleva en la sanidad pública (entre 40 y 50 millones de euros), pero sí sería un primer paso con vistas a un «gasto plurianual».

Fuentes del PP en la Asamblea de Madrid admiten que se trata de un «presupuesto asumible para unas cuentas como las de Madrid», pero no ahora. La inversión dedicada a sanidad en 2019 asciende a 8.100 millones de euros, 238 más que en 2018. La justificación para negarse por el momento es que «recientemente la Comunidad ha adquirido unos aceleradores lineales para el tratamiento de radioterapia que están en la vanguardia y cuyo funcionamiento hay que estudiar para valorar la instalación de un acelerador de protones (protonterapia)». Según el anuncio de Sanidad, se trata de 13 nuevas máquinas de radioterapia, una de última generación, financiadas con capital privado procedente de una donación de 46 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega, dirigida por el multimillonario dueño de Inditex.

Un proyecto fallido en 2015

La Consejería de Sanidad conoce esta terapia y sus aplicaciones al menos desde 2015. Hace tres años un grupo de expertos presentó un proyecto a la Comunidad de Madrid para «construir una instalación clínica de terapia por iones». La propuesta fue resultado de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno regional y un centro de investigación pero, según uno de los expertos participantes contactado por eldiario.es, quedó en nada. «El marasmo político impidió que progresara. No encontramos interlocución estable», afirma.

«¿Cómo puede ser que la iniciativa pública no se haya dedicado a esto? Es una pregunta que me hago mucho y no acabo de entender. Si las privadas se van a dedicar también a pacientes públicos se va a perder el control», sostiene el científico consultado, que anticipa que «va a producirse una avalancha de demanda de estos tratamientos». Según sus previsiones, los 40 millones invertidos por Quirónsalud en esta técnica «serán amortizados de forma rapidísima».

La protonterapia, según los radioterapeutas consultados, es una técnica pionera que se aplica en 150 centros en el mundo y está indicado para «tumores que estén en la vecindad de órganos críticos o muy sensibles». Esto pasa, habitualmente, en los localizados en zonas como el cerebro de los adultos o en los cuerpos de los niños y niñas. «Como cualquier tratamiento tiene efectos secundarios, pero con esta terapia se reducen porque el alcance de las partículas, cuando son lanzadas al interior del cuerpo para alcanzar el tumor, se frenan a una determinada profundidad que podemos controlar con tecnología. Esto no pasa con los rayos X, que atraviesan todo el cuerpo y se propagan más allá de la zona, pese a todos los cuidados que tenemos», explica el experto.

La tecnología se basa en una máquina, un ciclotrón, que acelera los núcleos de los átomos de forma circular con campos magnéticos y eléctricos. Cuando adquirieren la energía suficiente se extraen y se proyectan sobre el paciente.

Utilizar esta técnica, por tanto, obliga a construir una instalación ad hoc, aislada y con espacio suficiente. Y su puesta en marcha ha necesitado el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. Otros de los motivos esgrimidos por el PP para votar en contra. «Requiere una autonomía y una potencia importantísima. Y Podemos tampoco ha evaluado el coste ni la efectividad, a cuántas personas se podría tratar. Estamos de acuerdo en que es una máquina que puede tener un impacto importante pero no podemos votar a favor de eso. Ya hay otras máquinas adquiridas para radioterapia avanzada», añaden fuentes del PP en la Asamblea de Madrid.

«Esto permite a la privada hacer el negocio que quiera»

Ciudadanos, que también se ha opuesto a la enmienda de Podemos, justifica que gracias a la acción de su grupo se ha «aumentado el presupuesto en 817 millones de euros desde 2015 y Podemos y PSOE han votado en contra». Fuentes del partido aseguran que se «exigirá la accesibilidad de este servicio y esta tecnología para pacientes de la sanidad pública en los términos que fije la Consejería de Sanidad» y acusa a Podemos de «irresponsable y populista».

De momento, según ha confirmado Quirónsalud a este medio, no hay «ningún convenio firmado con la Consejería de Sanidad» para la derivación de pacientes. Pero en Podemos advierten que privar a la pública de los tratamientos más punteros «permite a la privada hacer el negocio que quiera». «Deberíamos apostar por no quedarnos vendidos pero hay intereses», afirma la diputada de Podemos Mónica García, autora de la enmienda.

Uno de los expertos que firmó el proyecto presentado a la Comunidad de Madrid ve en la apuesta de Quirónsalud «una oportunidad de negocio» y en el rechazo a que la pública lidere esta senda, «una trampa». «Se está constituyendo el argumento de: para qué vamos a construir uno público si ya hay privadas que lo han puesto en marcha. Para mí es una dejación de responsabilidad de la Consejería de Sanidad. Aquí hay algo que causa desazón y preocupación. Todos recurren al argumento de la colaboración público-privada pero parece que es una colaboración privada-pública, invirtiendo los factores».

El grupo Quirón prevé estar dando estos tratamientos en el último trimestre de 2019.