Los Ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas han logrado este jueves revertir los nuevos límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) fijados por la Comisión Europea, más flexibles con las obligaciones de la industria automovilística. En 2016 el Ejecutivo comunitario retocó el reglamento para fijar umbrales de emisiones más elevados para los coches diésel. Ese movimiento precipitó la decisión de las tres capitales de acudir a la justicia europea para pedir su anulación por ser «menos exigentes». El Tribunal General de la Unión Europea les ha dado la razón. En la sentencia hecha pública hoy, anula parcialmente los nuevos límites con un doble varapalo a la Comisión Europea: los magistrados estiman que los umbrales eran «demasiado elevados», es decir, que permitían a los vehículos diésel expulsar demasiadas partículas a la atmósfera. Y determinan que la Comisión no era competente para cambiar los límites de la norma Euro 6. Los jueces le dan un año de margen para que modifique la normativa, aunque la Comisión puede apelar en un plazo de dos meses.
Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno su «satisfacción» porque la decisión «reconoce que los Ayuntamientos tenemos legitimación para establecer el límite de emisiones en las ciudades». Además, ha explicado que la sentencia acusa a la Comisión de «haberse extralimitado al intervenir en una norma de rango superior». Aunque en los próximos 12 meses la normativa seguirá vigente, para el Consistorio madrileño el fallo supone «un apuntalamiento de un camino que hemos empezado con otras ciudades europeas» para reducir las emisiones de gases contaminantes, informa Gloria Rodríguez-Pina.
En términos similares se han expresado los alcaldes de Bruselas y París. La regidora de la capital francesa, Anne Hidalgo, ha calificado de «victoria histórica para el medio ambiente, los consumidores y la democracia europea», la decisión del tribunal de acabar con el «permiso de contaminar» concedido a los fabricantes.
El triunfo de los Ayuntamientos llega después de que la Comisión Europea tratara sin éxito de paralizar su demanda al entender que no están habilitados para interponer recursos de anulación contra un reglamento europeo. El Ejecutivo comunitario limitaba esa facultad a las instituciones de la UE y los Estados miembros. Los jueces no están de acuerdo, y han determinado que al haber basado los Ayuntamientos sus medidas contra la contaminación del aire en los baremos europeos, cualquier cambio de los mismos los convierte en afectados, y como tales, el recurso de las tres ciudades es admisible.
El caso es una derivada del escándalo Volkswagen. En 2015, la compañía automovilística alemana reconoció haber implantado un dispositivo trampa en 11 millones de vehículos para esquivar los controles de emisiones. La Comisión Europea decidió entonces que los exámenes en laboratorio no eran lo suficientemente fiables, y obligó a efectuar también controles en condiciones de conducción real.
El problema llegó cuando la Comisión decidió que los requisitos de emisiones para esos controles en carretera, vigentes desde septiembre de 2017, serían mucho más laxos que los de laboratorio. La Eurocámara fijó un máximo de 80 miligramos por kilómetro para la norma Euro 6, y la Comisión lo elevó a 168 miligramos —un 110% más— para descender después a 120 miligramos —un 50% más—, en el caso de los test de conducción real. Un margen extra que París rápidamente calificó de «permiso para contaminar». La Corte ha resuelto que la Comisión «no podía modificar» los límites de las emisiones al ser un «elemento esencial» del reglamento, el cual prevé que dichos límites deben ser «respetados en condiciones reales de conducción», por lo que también deben serlo en los ensayos.
Los tres Ayuntamientos ya han adoptado diversas medidas de restricción de la circulación de los automóviles para luchar contra la contaminación del aire en sus municipios. Un ejemplo es el estreno a finales de noviembre de Madrid Central, un cambio que puso a la capital española a la cabeza de las ciudades que luchan contra la contaminación. La medida estrella de la alcaldesa, Manuela Carmena, ha cerrado al tráfico un área de 472 hectáreas en el centro de la urbe, donde solo pueden circular residentes y transporte público; los no residentes pueden acceder siempre que tengan etiqueta ambiental y vayan a un aparcamiento público.
