La división de criterios sobre el impuesto de las hipotecas entre los magistrados del Tribunal Supremo se hace evidente.Doce jueces del Alto Tribunal se han opuesto en seis votos particulares a que los clientes de los bancos paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), tal y como había fallado la Sala Tercera el pasado 6 de noviembre. En concreto, seis magistrados de la Sala han presentado sus votos particulares y otros seis jueces se han adherido.
La lista de ‘díscolos’ con Luis Díaz-Picazo, quien como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo convocó el Pleno en el que el Tribunal Supremo dio marcha atrás a su decisión de que los bancos sufragaran los impuestos hipotecarios, la encabezan los magistrados José Manuel Sieira Míguez -expresidente de la Sala- y Nicolás Maurandi Guillén.
Le sigue Pablo María Lucas Murillo, a cuyo voto particular se adhieren María Isabel Perelló Doménech, José María del Riego Valledor y Diego Córdoba Castroverde. Asimismo, se oponen José Manuel Bandrés y Fernando Román García. Y Francisco José NavarroSanchís firma un voto particular con Eduardo Calvo Rojas, Ángel Aguallo y Jesús Cudero Blas.
«¿Cómo podrá pedirse respeto?»
El primero en exponer su discrepancia es el magistrado Sieira. Y es tajante: «Si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿como podrá pedirse el respeto a la misma por los Juzgados y Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional?».
Sieira manifiesta que expresó «su disconformidad» con que se procediera a la votación «sin haber sido debatida previamente». En este sentido, subraya que el debate del pasado 5 y 6 de noviembre «debió versar sobre el alcance una sentencia estimatoria que ratificase la doctrina sentada por la Sección Segunda en su sentencia de 16 de octubre pasado». El magistrado insiste así en que -aunque no influyese en el fallo- de ese modo se «habría permitido conocer los argumentos, tanto a favor como en contra».
El juez Maurandi, por su parte, se muestra en contra porque considera que los fallos dictados en estos tres recursos de casación «debían haber mantenido la misma doctrina que ha sido fijada por la Sección Segunda de esta Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo». Es decir, que tenía que haberse reiterado que pagase la banca y no el cliente.
División de criterios
El primer día de debate dentro del Pleno de la Sala Tercera ya se denotaba la falta de acuerdo: 28 de los 31 magistrados de la mencionada Sala se reunieron durante ocho horas para debatir el fallo del pasado 16 de octubre.
Las primeras cinco horas, las de la mañana, fueron para que los magistrados determinaran si tenían que ir a Pleno o no. «Ocho magistrados consideraron que no era necesario un nuevo Pleno; los otros 20 dijeron que sí», aseguraron entonces a ‘Vozpópuli’ fuentes del Alto Tribunal. De hecho, se necesitó un segundo día para votar la sentencia.
El fallo a debatir no precisaba si la banca debía asumir la citada tasa a partir de ahora o si tenía que hacerlo también con las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años, o incluso con aquellas firmadas con anterioridad. Finalmente, se determinó que sería el cliente el encargado de abonar el impuesto.
