Los años de persecución, sufrimiento y crisis no han sido superados para una comunidad que es considerada ajena a la tierra en la que hacen vida; donde mucho menos son respetadas sus libertades como individuos.
Los rohingyas son una comunidad de musulmanes refugiados en tierras birmanas, donde por el origen de sus creencias y raíces no se les considera ciudadanos, ni merecedores de respeto en terminologías de derechos humanos. Se encuentran concentrados en un grupo étnico de alrededor de un millón de personas en Myanmar cerca de Bangladesh.
Los orígenes de las persecuciones se remontan a principios de la Segunda Guerra Mundial cuando las diferencias en ideales religiosos de los birmanos budistas en su mayoría no permitían el acceso a los refugiados musulmanes en el país.
La ley de ciudadanía vigente que fue promulgada por el dictador Ne Win en 1982 no reconocía a los rohingyas como una de las 135 etnias pertenecientes a la sociedad birmana, por lo que se les consideró apátridas. La comunidad rohingya no contó con documentación de identificación ciudadana hasta el año 1995, año en el que las presiones por parte de la ACNUR hacia las entidades gubernamentales eran cada vez más persistentes.
En el mismo año se les otorga a los rohingyas una tarjeta de registro provisional que por supuesto les diferencia del estatus de completa legalidad que gozan los demás ciudadanos. En la documentación se encuentra el nombre del portador y su fecha de nacimiento pero no el lugar, por lo que no pueden solicitar la ciudadanía birmana. Cabe destacar que hoy en día el sistema de identificación es nulo gracias a la presión ejercida en 2011 por grupos de nacionalistas budistas birmanos quienes impusieron la cancelación del derecho de identidad hacia los rohingyas.
Por consiguiente, esto supone una imposibilidad para más de un millón de personas de ejercer derecho al voto, tener acceso a educación superior, recurrir a la justicia y trasladarse libremente en el territorio birmano.
Dónde quedan los derechos humanos…
A pesar de que los rohingyas cuentan con la ayuda de organizaciones como ACNUR, cuyo propósito es ayudar a los refugiados y tratar de hacer que la validez de sus derechos sea cumplida indiferentemente del territorio en el que se encuentren, todavía queda mucho por hacer por la libertad absoluta de los rohingyas.
Las condiciones de vida en las que se encuentran los miembros de esta etnia son mínimas, el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud, educación y seguridad es nulo. De igual manera son ejercidos actos de violencia hacia estas personas sin ningún tipo de reprenda judicial que tenga validez sobre las acciones del agresor. Así es la vida de los miembros de esta etnia cuyo estilo de vida se reduce a pequeños guetos, en los que la supervivencia es el único amanecer que les espera.
Es entendible que todo el contexto histórico y social que envuelve al desencadenamiento de hechos violentos hacia esta comunidad sea difícil de comprender bajo un lente analítico y sin parcialidad religiosa o política. Sin embargo, la validez y el cumplimiento de los derechos humanos debe ir más allá de cualquier limitación cultural que pueda existir. Cabe destacar que el problema al que se enfrentan los rohingyas ya no se trata de un conflicto de inclusión, se trata de una crisis humanitaria en la que la solución más viable y casi inmediata es el ayudar a los refugiados y a las organizaciones que se encargan de hacer valer esta condición.
Actualmente múltiples organizaciones como ACNUR se encuentran ejerciendo presión sobre el gobierno birmano para que se evalúe y modifique la Ley de Ciudadanía en la que se exprese que los rohingyas no son apátridas a sus tierras. Esta es la primera solución al problema de violación a sus derechos, donde no se garantiza un cambio de percepción hacia los rohingyas por parte de los birmanos budistas, pero sí se garantiza la posibilidad de penalizar cualquier acto de violencia que se ejerza sobre miembros de la comunidad y el derecho a identidad ciudadana que le permita participar en elecciones, asistir a educación superior y gozar de los mismos derechos legales que cualquier ciudadano birmano.
