La Cámara Baja aprueba tramitar una Ley para paralizar los desahucios por impago, regular el precio de los alquileres e impedir el corte de suministros a familias vulnerables.
El Congreso ha aprobado tramitar la proposición de ley «de emergencia habitacional en familias vulnerables y de la pobreza energética» elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y defendida en la Cámara Baja por En Comú Podem. El PNV finalmente se ha abstenido mientras que PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el PDeCAT, ERC, EH Bildu y Compromís han votado a favor.
PP y Ciudadanos, por su parte, no dieron su visto bueno a la norma que busca frenar el crecimiento de los precios de los alquileres en determinadas zonas con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Al margen de eso, propone la dación en pago retroactiva; la paralización temporal de los desahucios a familias sin «alternativa habitacional» por impago de alquiler, hipoteca e incluso en caso de okupación; o su realojo temporal en pisos vacíos de la banca. También contempla un aumento del parque público de vivienda y medidas contra la denominada pobreza energética.
Aunque la iniciativa fue vetada por el Gobierno del Mariano Rajoy cuando entró el pasado mes de enero en la Cámara Baja, el grupo morado volvió a registrarla junto con Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu. Lo hicieron tras el fallo del Tribunal Constitucional que dio la razón a la Mesa del Congreso sobre la capacidad de este órgano para ‘levantar’ vetos del Ejecutivo.
La encargada de su defensa durante el debate de toma en consideraciónfue la portavoz de En Comú Podem y responsable de vivienda del grupo confederal, Lucía Martín. Precisamente, la diputada ejerció hace años como activista en la propia PAH y defendió desde la tribuna la posibilidad de «enmendar» la decisión de la Cámara Baja en 2013, cuando se rechazó una iniciativa legislativa popular (ILP) que recogía las propuestas de la PAH.
El portavoz de los nacionalistas vascos Aitor Esteban lanzaba durante la mañana una advertencia, dejando en el aire durante toda la jornada la posibilidad de que la norma siguiese adelante. Desde el grupo vasco argumentaron que no podían «apoyar esta propuesta porque es absolutamente centralizadora al invadir competencias de Euskadi en los ámbitos fiscal, social y de vivienda, y no tener en cuenta las medidas y la legislación que en esta misma materia están implantando las Comunidades Autónomas».
Regular precios y alargar contratos
La iniciativa llega a la Cámara Baja en pleno debate sobre el crecimiento del precio de los alquileres en determinadas zonas de las grandes ciudades. La norma contempla una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con la que se pretende dar mayor poder a las entidades locales para regular los precios; limitar la rescisión de los contratos y elevar su duración a un mínimo de cinco años. Algo a lo que el propio Sánchez se comprometió la semana pasada, cuando anunció su intención de impulsar una nueva Ley de vivienda.
Actualmente, los morados negocian con el Gobierno medidas en este ámbito. La reforma de la LAU es una de las prioridades para En Comú Podem para prestar el apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Está previsto poner en marcha una quinta mesa de negociación que aborde específicamente estos temas, aunque todavía se está organizando y sus miembros no se han sentado formalmente.
La reforma de la LAU es una de las prioridades para En Comú Podem para apoyar los Presupuestos
En cualquier caso, desde el grupo confederal no quieren que el diálogo se retrase mucho, puesto que el 15 de octubre el Ejecutivo debería haber entregado a Bruselas un primer proyecto de Presupuestos. Los morados dejan claro, eso sí, que no darán su apoyo a los PGE de 2019 si no hay una reforma de la LAU. «Esto no acaba hoy. Mañana tendrán la obligación de no desvirtuar la propuesta con sus enmiendas. Tendrán que ahorrarse las triquiñuelas parlamentarias. Hemos perdido diez años, no perdamos un día más», enfatizaba Martín durante su defensa de la iniciativa.
Parque público de vivienda
La norma que ahora inicia su trámite parlamentario contempla elevar el parque público de vivienda y prevé que los alquileres sociales no puedan superar el 30% de los ingresos de cada unidad familiar. Sánchez también tiene planes en este sentido y pretende impulsar «un plan de choque de 20.000 viviendas en alquiler para incrementar la oferta y bajar así la presión sobre los precios».
Asimismo, la norma impulsada por la PAH entra a regular la ‘dación’ en pago retroactiva; pretende eliminar «cláusulas abusivas» en la concesión de hipotecas; y deroga la «responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios». Por otro lado, quiere obligar a bancos y grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de ejecutar un desahucioy alarga la actual moratoria a todas aquellas familias sin alternativa habitacional. Asimismo, contempla «un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre las viviendas vacías, desocupadas de forma permanente y sin causa justificada por un periodo de más de seis meses».
El texto de la proposición no se queda únicamente en el ámbito de los alquileres y las hipotecas, sino que aborda también el problema de la denominada pobreza energética. Pretende impedir cortes de agua, luz y gas sin que exista una comprobación de la situación del hogar afectado y prevé que, en lugar de que las administraciones públicas asuman las deudas, sean las compañías suministradoras las que abonen el coste.
