La decisión del pasado 19 de junio del Banco Popular de China (denominación de su Banco Central) de abandonar su tipo de cambio fijo con el dólar y permitir que el yuan se mueva con mayor libertad frente a una cesta de monedas es una noticia que conviene sopesar con cierto detalle porque genera implicaciones muy directas sobre el devenir de las economías más desarrolladas. No obstante, la entidad al frente de la política monetaria china ha descartado de momento una revaluación importante de una sola vez, como desde los foros norteamericanos más críticos con el país asiático se venía pidiendo ante el cada vez mayor deterioro de las relaciones comerciales con China. Con todo, pese a la limitación de la medida considero que significa un paso importante desde una perspectiva simplemente mediática porque implica el primer avance para el abandono de una política de subsidio a las exportaciones con una divisa barata. Pero examinemos algunas de sus implicaciones.

De una forma concreta, lo que el Banco Popular de China manifestó el pasado 19 de junio era que aumentaría la flexibilidad del yuan, que ha estado muy estrechamente vinculado a un tipo de cambio de 6,83 yuanes por dólar desde julio de 2008. Es decir, en vez de intervenir en el mercado de divisas e impedir que el yuan se moviera respecto al valor antes comentado, y tomar referencia de una cesta de monedas no sólo del dólar, lo que ha hecho es prestar atención a la evolución, tras mucho tiempo sin hacerlo, de la oferta y demanda del yuan en  el mercado de divisas.

El funcionamiento del todavía incipiente mercado de de divisas chino ha sido el siguiente. El Banco Central establece una paridad central del dólar para el yuan cada mañana. Durante los últimos dos años, no ha permitido que la moneda se mueva apenas nada de este tipo central. Ahora parece dispuesto a dejar que aumente hasta el 0,5% en un determinado día, pero no mucho más.  De hecho, el lunes 21 de junio, después de su declaración, el Banco Popular de China sólo dejó que el yuan se apreciase un 0,4%. Un sencillo cálculo aritmético muestra que a ese ritmo la moneda china duplicaría su valor en aproximadamente medio año. Pero, al día siguiente, 22 de junio, esta nueva estrategia de revaluación del yuan se cortó y la “flotación" del yuan se vio intervenida con la compra de dólares por los bancos estatales más importantes del país, muy probablemente por consejo del  propio Banco Popular de China. El resultado fue que el miércoles 23 de junio la paridad establecida por el Banco Central fue de 6.81, claramente inferior al promedio de 6,83 dólares por yuan antes comentado y el viernes 25 siguió descendiendo hasta una cotización de 6,78.

La oportunidad de esta decisión de las autoridades monetarias chinas alivia los temores de que había disminuido su compromiso de reequilibrar su economía. De hecho, la dureza de la crisis económica en 2009 en los grandes países industrializados provocó que su cuantioso superávit por cuenta corriente en términos de PIB se redujese en más de un tercio a fines del año pasado, con una probabilidad alta de que se contrajera aún más. Sin embargo, los datos de mayo de 2010, marcando un importante aumento de las exportaciones, disiparon la preocupación de que continuara la caída de su superávit por cuenta corriente y estimuló la confianza de que el gigantesco país chino volviera a confiar en las exportaciones a los países desarrollados como base de sus altas tasas de crecimiento económico, fruto en buena medida de la recuperación económica de Estados Unidos, Alemania o Francia.

Al aceptar la posibilidad de un tipo de cambio más flexible para el renminbí, nombre chino del yuan, China  no sólo obtiene importantes bazas para desarmar a los sectores norteamericanos más críticos, fuertemente convencidos de que las autoridades chinas han subsidiado “injustamente" a sus exportadores con una divisa barata, obteniendo una ventaja comparativa adicional a la de por si importante de producir a unos costes bajísimos, sino que adicionalmente –desde una perspectiva interna– se dota de una herramienta importante con la que poder enfriar su economía y controlar mejor la inflación. Un yuan más fuerte no solo sirve para reducir los costes de las mercancías importadas, sino que ha acabado liberalizando la política de tipos de interés del Banco Central, abriendo la posibilidad de su uso como un importante instrumento de estabilización.

De este suspirado cambio de dirección en el control del yuan no pueden derivarse   efectos demasiado sorprendentes, porque la situación del euro, que no hemos comentado, y su clara tendencia a debilitarse (se ha depreciado en lo que va de año un 17 % frente a la moneda china) perjudica la rapidez con que el yuan puede apreciarse respecto al dólar y a los intereses norteamericanos claramente expresados hace escasos días por Obama de tratar de mejorar sus cuentas comerciales con China. De hecho, muchos  observadores señalan que China no puede permitirse el lujo de alentar la idea de una apreciación constante y rápida porque quiere frenar el flujo de capitales especulativos en una economía que es propensa a saltos bruscos en las existencias y precios de la vivienda.

Desde la óptica de las autoridades chinas plantear una política de revaluación continua del yuan podría acabar planteándoles un dilema, porque los ajustes cambiarios tienen consecuencias en la propia economía doméstica. Por un lado, un yuan más fuerte perjudicaría las exportaciones, haciendo menos rentables las industrias exportadoras que podrían acabar despidiendo mano de obra que tendría que reacomodarse en otras actividades, lo que no resultaría sencillo en un contexto como el actual; por otro, otorgaría a los consumidores chinos mayor poder adquisitivo para productos importados. Encontrar el difícil equilibrio entre una expansión del consumo y más desempleo no es sencillo y desde luego no debe recaer exclusivamente en la política de tipo de cambio. Plantea ineludiblemente la necesidad de reformas; de más liberalización para que las empresas estatales puedan gestionar con criterios empresariales sus importantes excedentes; de una red más amplia de protección social; etc. En definitiva, un yuan más fuerte ayuda pero sólo como una pieza más en el proceso de transformación de la economía china, no como la panacea que resuelve todo.

Lo que está sucediendo con la economía griega en los últimos meses hace honor a la más que famosa tragedia épica de Homero titulada La Odisea en la que se narraba cómo Ulises pasaba por un auténtico calvario de 10 años para poder llegar a su reino de Ítaca. Más corto ha sido el plazo, tres años, que tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional han acabado dando al país heleno para volver a tener unas finanzas públicas saneadas, pero al igual que en la obra literaria en la que el último canto es el del pacto, las anteriores instituciones también han acordado finalmente, otorgarle un préstamo de 110.000 millones de euros (80.000 los países europeos y 30.000 el organismo internacional); 45.000 de forma inmediata y el resto entre 2011 y 2012, sin la cual Grecia entraría en una situación real de bancarrota. Este préstamo demanda duros sacrificios a Grecia y no es seguro acabe evitando problemas para otros países del euro.

¿Cómo ha llegado Grecia a esta situación?
No es fácil resumir el complejo entramado de causas que está detrás de la delicada situación de Grecia, pero podría afirmarse que la razón última que explica la debacle económica griega está en haber vivido muy por encima de sus posibilidades, además de haber tratado de ocultar la realidad de sus deficitarias cuentas públicas a través de complicadas operaciones financieras –especialmente con Goldman Sachs–. De hecho, una evaluación de las autoridades europeas realizada en las últimas semanas elevó el stock de deuda pública en 2009 hasta cifras cercanas al 120 % de su PIB, consecuencia de un déficit público galopante que en este mismo ejercicio alcanzó el 13,6 % de su PIB; todo ello sin contabilizar la cuantiosa aunque menor deuda privada. Por segunda vez Grecia mentía en sus estadísticas de finanzas públicas; la primera fue con su entrada en la Unión Monetaria Europea en 2001 cuando consiguió que se le levantara el procedimiento de déficit público excesivo que recaía sobre el país sin haber rebajado realmente su déficit hasta el nivel exigido del 3 % (en realidad en 2000 fue del 4,1 % y en 2001 del 3,7 % como reconoció en 2004).

La necesidad imperiosa de obtener financiación para sus emisiones de bonos en unos mercados financieros donde existe una fuerte demanda de fondos porque las políticas de estímulos fiscales han sido generalizadas en prácticamente todos los países, unido a su cada vez más delicada posición financiera y a su nula reputación, ha llevado a que las últimas colocaciones de deuda las haya realizado el gobierno griego a unos tipos cada vez más elevados: a finales de abril, el bono griego a 10 años elevó su rendimiento hasta un 11 % –duplicando los valores del mes de marzo– y los bonos a dos años subieron hasta el 19 %. Para establecer una comparación, basta señalar que el rendimiento de los bonos a dos años de Portugal –otro país en entredicho– se situaba en igual fecha en el entorno del 5 %, tras haberse elevado también de forma abrupta.

La puntilla final a esta situación fue la bajada de calificación al nivel de bonos basura (BB+) realizada el pasado 27 de abril para la deuda griega por Standard and Poor´s que justificaba su pésima valoración en las nulas expectativas de crecimiento para la economía griega: no recuperaría su nivel de PIB de 2008 antes de 2017 y unas previsiones de crecimiento de la deuda hasta el 130%. En definitiva, una catastrófica situación económica con un país al borde la bancarrota.

La respuesta europea ante el riesgo de contagio: ¿era necesario el rescate?
Desde la segunda semana de abril ya se observaba que los países europeos no podían permanecer pasivos ante lo que se venía encima: la aparición de dudas acerca de la credibilidad y estabilidad del euro y se empezó a plantear la necesidad de un rescate para el país heleno bajo la forma de un importante préstamo (45.000 millones de euros) que le sacará momentáneamente del atolladero. Pero se tropezó con una férrea oposición alemana que argumentaba que el Tratado de Maastricht aprobado en 1992, en su artículo 103, ahora 125 en el nuevo articulado del Tratado de la Unión, prohibía los rescates al haber incluido de forma expresa una clausula de no bail out, parece que a propuesta británica y que Alemania contempló con buenos ojos porque su filosofía económica fue siempre la de “que cada palo aguantase su vela” y que apuntaló posteriormente el ministro alemán Waigel cuando forzó la continuación de los requisitos de Maastricht en forma de un Pacto de Estabilidad, que si se entiende bien forzaba no ya a una estabilidad de las finanzas públicas, sino a una búsqueda del superávit, o en el peor de los casos a un equilibrio presupuestario.

Desgraciadamente, la unión de las dos Alemanias llevó a una situación económica inesperada al país teutón y al incumplimiento de las reglas fiscales establecidas en 2002 –gobierno de Schoreder– que forzó un relajamiento de las mismas con una reforma del Pacto de Estabilidad en 2005; aparte de la entrada en una etapa de tipos de interés bajos que ayudaban a la recuperación alemana a unos costes más bajos, de los que se aprovecharon también los viejos PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), ahora PIIGS (incluyendo Irlanda) para entrar en una desenfrenada carrera de crecimiento de la que ahora todo el mundo se lamenta a costa de financiación externa que hay que devolver inexorablemente. Como dice el refranero: “de aquellos polvos vienen estos lodos". En el caso de Grecia los restantes socios europeos no han tenido más remedio que acabar cediendo; es decir proceder al rescate de su maltrecha economía en los términos que exponíamos al principio, pero a cambio de un ajuste y cobrando unos intereses, en el entorno del 5 % por parte de los países europeos, algo menos por el lado del FMI, claramente por encima de los que Grecia venía pagando para proceder al préstamo de los 110.000 millones de euros.

Los elementos básicos del durísimo ajuste económico griego
El ajuste aprobado por el gobierno griego conlleva las siguientes medidas: una reducción del gasto público por la vía de congelar los salarios de los funcionarios durante al menos tres años y de suprimir pagas extras, aparte de suspender la contratación de empleados públicos; eliminar las pagas extras para los pensionistas por arriba de los 2.500 euros mensuales; establecimiento de una edad mínima de jubilación en los 60 años y una nueva forma de calcular la cuantía de la prestación de acuerdo con toda la vida laboral; reforma laboral con liberalización de reglamentaciones gremiales y rebajas la indemnización por despido; subida del IVA hasta el 23%; aumento del 10 % en los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y los combustibles; creación de un tributo especial a las empresas con grandes beneficios; privatizaciones de empresas semipúblicas o públicas y liberalización de los sectores de la energía y el transporte; y, finalmente, reducción  del número de municipios y entidades administrativas locales de 1.300 a 340 para ahorrar costes operativos.

Con todo ello, el Gobierno griego prevé ahorrar 30.000 millones de euros, el 11% de su PIB, para reducir su déficit público por debajo del actual 13,6 % al 3% en 2014, aunque a costa de una caída del PIB del 4 % en 2010; 2,6 % en 2011 para volver a crecer modestamente en 2012 (1,1 %). Nada mejor que las propias palabras del primer ministro griego Yorgos Papandreu para entender la magnitud del ajuste aprobado y el elevado coste social del mismo ante un  volumen de deuda pública tan alto (300.000 millones de euros). “Los griegos deben de elegir entre la catástrofe o el sacrificio para intentar recuperar la credibilidad internacional".

¿Evita este programa de ajuste y las ayudas previstas para Grecia el “contagio” a otros países? No puede afirmarse nada concreto todavía, pero el riesgo de que suceda no puede descartarse. En todo caso,  hay que aceptar lo que Paul Krugman (Nobel de Economía 2008) afirmaba hace escasos días hablando acerca de los problemas del euro ante la crisis griega: “cuando la crisis golpea, los Gobiernos tienen que ser capaces de actuar. Eso es lo que olvidaron los arquitectos del euro, y lo que el resto de nosotros tenemos que recordar”.

Tomás Mancha
Catedrático de Economía Aplicada
Director Instituto de Análisis Económico y Social (www.iaes.es)

Pese a la gran recesión sufrida por la economía mundial en el ejercicio de 2008, que resultó más grave que la de finales de los 20 y primeros 30 del siglo pasado, no cabe ninguna duda que en el año 2009 la misma se ha en buena medida estabilizado, consiguiendo que no se llegara a una  profunda depresión. De hecho, China como ejemplo dentro de los países emergentes ya estaba creciendo ¡al 10,7 %! en el cuarto trimestre de 2009; y con la excepción de España y del Reino Unido, todas las grandes economías desarrolladas comenzaron a tener tasas de crecimiento positivas a lo largo de 2009, aunque eso sí, modestas.

Este cambio de panorama no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una masiva intervención pública, quizás la mayor, más amplia y rápida respuesta gubernamental de la historia económica mundial de los últimos ciento cincuenta años. Los tres elementos claves de este proceso, desde una panorámica mundial, pueden resumirse como sigue:

1) La obligada necesidad de salvar a los bancos del cataclismo de una quiebra masiva que hubiera destruido el sistema se  tradujo en una inyección de miles de millones de euros o dólares procedentes del erario público, acompañado incluso en algunos países de  nacionalizaciones de estas entidades, parece que temporales.

2) La fuerte relajación de la política monetaria por parte de todos los bancos centrales con una reducción de los tipos de interés hasta niveles mínimos; todo ello para favorecer la recuperación de los procesos de inversión (hasta el 0 % en USA o 1% en la Unión Monetaria Europea).

3) La puesta en funcionamiento de importantes paquetes de medidas de estímulo fiscal –equivalentes a miles de millones de euros o dólares– con la finalidad de frenar o minimizar algunas de las consecuencias más negativas de la crisis: caída del consumo e incremento del desempleo. Los resultados por países han sido bastante dispares, de acuerdo con el variado contenido específico de los mismos y las propias condiciones estructurales de las economías.

En definitiva, teniendo en cuenta lo apuntado al comienzo, debe reconocerse que los dirigentes económicos de los principales países desarrollados apostaron por evitar una Gran Depresión como la de 1929; y a fe de los datos de 2009, hay que reconocer que con cierto éxito, aunque con un impacto tremendamente negativo en las finanzas públicas que, en buena parte, es el origen de estas situaciones de inestabilidad financiera que algunos de los países más débiles están sufriendo, con los claros ejemplos de Dubái o Grecia, o la explicación de la falta de confianza que las emisiones de títulos públicos españoles registró hace un par de semanas y que de momento se ha salvado tras el compromiso (¿) del gobierno de recortar el gasto público. Ello nos ha evitado por ahora la entrada  en el “maldito"  grupo de economías no confiables.

No es éste, sin embargo,  el único objetivo de la presente colaboración, sino también el de expresar que de cara a una definitiva y completa recuperación de la economía mundial existen tres desafíos claves que deben abordarse ineludiblemente:

1) ¿Posibilitará China una apreciación del yuan suficiente para reequilibrar la propia situación económica interna y aliviar –al mismo tiempo– la presión que tienen otros mercados emergentes? En caso de que las autoridades chinas no lo hagan, ¿aplicará Estados Unidos una política proteccionista con aumento de aranceles para los productos chinos?

2) ¿Aplicarán las economías más desarrolladas planes de ajuste fiscal a corto plazo que palien la trayectoria de déficit y deuda público crecientes? En caso de una respuesta positiva, ¿puede mantenerse la débil recuperación iniciada en estas economías?

3) ¿La actual política monetaria de tipos bajos, lógica para Estados Unidos o Europa, no acabará por añadir problemas a los países emergentes? ¿Durante cuánto tiempo podrá mantenerse?

De la respuesta que se dé a estas interrogantes depende en buena medida el devenir de los próximos meses, pero en cualquier caso no debe olvidarse que en la mayor parte de las economías desarrolladas las autoridades se enfrentan a un problema de difícil solución: ¿cómo encarar las grandes dificultades técnicas para conseguir estrategias correctas de salida a la crisis? Quizás haya que recordar que como se ha hecho en la mayoría de estos países, España es quizás una de las pocas excepciones con un gobierno que hasta ayer mismo  minimizaba la crisis, que tiempos difíciles demandan duras medidas tal se titula esta colaboración.

Ofrecer un diagnóstico contundente y realista de que la crisis actual no es un efímero episodio del que se sale, como ha sucedido en otros avatares de años pasados, con rapidez, sino a través de un proceso de larga duración y con efectos negativos muy profundos a corto plazo en la forma ya conocida de más paro, cuando no recorte de salarios, o previsibles aumentos de impuestos en no demasiado meses, sino una necesidad imperiosa.

En otras palabras, los gobiernos tienen el compromiso de concienciar a todos los ciudadanos que todavía queda un no corto período de ajuste, no exento de duros sacrificios, aunque pierdan las elecciones. En caso contrario, el  ajuste nos llegará, bien porque nos lo impondrán los demás países o, en última instancia, los tan denostados, pero necesarios mercados; y además en cualquiera de estos dos casos el coste será mayor tanto en tiempo como en dinero. Esta conclusión debe resultar clara, irrefutable, sin posibilidades de corregir; tal como cuando se pregunta ¿blanco y en botella? La respuesta innecesaria por obvia es la que todos conocemos: leche.

Tomás Mancha
Catedrático de Economía Aplicada
Director Servilab
Universidad de Alcalá
www.iaes.es

No cabe ninguna duda de que tenemos un Presidente optimista por naturaleza, es de esas personas que suelen siempre ver la botella medio llena. No es mala una actitud ante la vida de ese tenor porque lo que están a tu alrededor, si se fían, pueden acabar confiando en que las cosas no están tan mal. El problema está precisamente en qué grado de confianza generas.

A mi particularmente no me resulta fácil encontrar razones para ver todavía la luz al final del túnel, aunque estoy convencido de que el túnel tiene final. Es decir, cada vez estamos más cerca de salir de la crisis porque el fondo, seguro que lo hemos tocado, pero queda aún mucho camino por recorrer y en esta andadura simplemente con optimismo no se arreglan las cosas.

La prueba de que hacen falta “obras más que amores” la tenemos en la valoración crediticia negativa que la conocida agencia de “rating” (calificación) Standard & Poor´s (S&P) acaba de hacer sobre España, a la que ya bajó de la máxima calificación de AAA a la de AA+, un escalón por debajo, a comienzos del presente año y que pese a que el gobierno por boca de su inveterado optimista, Rodríguez Zapatero, o por alguno de sus colaboradores, Octavio Granados, Secretario de Estado de Seguridad Social, dicen que no es motivo de preocupación, creo que es merecedora de mayor atención y preocupación. Sin embargo, pasar a AA- no es algo banal ni obedece al capricho de S&P, sino que tiene un fundamento económico como voy a tratar de demostrar de una forma sintética y no exhaustiva.

Primero, el irrebatible deterioro de las finanzas públicas españolas. Hemos batido un record de velocidad en pasar en el corto plazo de dos años de un superávit público equivalente a un 2,2 % del PIB a un déficit que ya seguro cierra el presente ejercicio por arriba del 10 %. Ello supone, teniendo en cuenta además las cuentas que se van a aprobar para 2010, un imposible ejercicio de ajuste  porque la política de consolidación fiscal (entiéndase acabar el ejercicio presupuestario de 2010 ingresando más que lo que se gasta sin tener en cuenta los intereses de la deuda pública) no está prevista, aparte de que el contexto no la haga fácil de aplicar. Es decir, S&P no ve ni siquiera voluntad de corregir esta deriva financiera de las Administraciones Públicas Españolas que ve el peligro de que la deuda pública española en circulación (a fines del pasado mes de noviembre superior a los 450.000 millones de euros) pueda entrar en proceso de reducción; al contrario, puede acabar acercándose al 70 % del PIB en 2010.

Segundo, unido estrechamente a lo anterior, el elevado endeudamiento del sector privado español (en el entorno del 180 % del PIB en 2009) que conduce a una posición deudora frente al resto del mundo equivalente al 224% de sus pagos por cuenta corriente (cifra no muy lejana de la que tiene por ejemplo Grecia que si es verdad tiene una calificación mucho peor, A-, que España).

Si a esto unimos un mercado de trabajo en una situación de alarma roja; ni el optimista antropológico de nuestro Presidente de Gobierno, ve posibilidades de reducir desempleo el año que viene. Quedarse en un 20 % de tasa de paro no sería mal visto por el Gobierno, dibuja un escenario de desconfianza en una economía que no endereza su rumbo (hasta enero no podremos comprobar si el crecimiento intertrimestral del PIB es positivo) que es el yo entiendo contempla S&P y el mercado ratificó ayer, 10 de diciembre: los bonos a 10 años del Reino de España han registrado la colocación más baja de los últimos meses (2087 millones de euros frente a un máximo de 3000) y una subida del tipo de interés hasta el 3,896 %, un coste superior al de la anterior colocación del mes de octubre (3,88 %); aparte de que en el mercado de deuda pública la cotización de los bonos españoles ha aumentado también hasta un 3,91 %; registrando el mayor diferencial (74 puntos básicos) respecto a los títulos equivalentes alemanes desde el pasado mes de julio.

¿Puede mejorar la situación de la economía española? Sin duda alguna que es viable, pero desde luego como señalaba mi compañero de la UAH Juan Ramón Cuadrado, en un artículo publicado el pasado 4 de diciembre en Expansión, pasa por realizar un importante ejercicio de austeridad del conjunto de las Administraciones Públicas (Ayuntamientos y Comunidades Autónomas especialmente) porque los ingresos van a caer, pero además es necesario el recorte de gastos, como él dice el funcionamiento de unas “tijeras grandes de podar”. Todavía estamos a tiempo de aplicarlas.

Este gesto sin duda nos colocaría en mejor posición ante las agencias de calificación, pero sobre todo ante todos los españoles que empezarían a comprobar que esto de la crisis es algo más complejo que contagiarse de unas malas prácticas de banqueros norteamericanos, sino un proceso negativo de extremada dureza (recesión, desempleo,…), que además va para largo y que desgraciadamente no se arregla sólo con buenas palabras, sino con una estrategia de corto y medio plazo que contenga actuaciones económicas acordes con la coyuntura. El anuncio de S&P es un primer aviso de que algunas cosas, por ejemplo el deterioro de las finanzas públicas, debe empezar a encauzarse hacia el sendero de la estabilidad.

España es el nuevo enfermo de Europa". Con estos términos el  prestigioso semanario británico The Economist comienza su análisis sobre la economía española en el último número del mes de noviembre, que como puede imaginarse el lector no deja muy bien parada ni a nuestra economía, ni obviamente a nuestros dirigentes, especialmente al Presidente del Gobierno al que tacha de tener su credibilidad seriamente dañada, no sólo por negarse a reconocer  la gravedad de nuestros problemas económicos durante más tiempo del deseado, sino también por la forma en que está abordando la resolución de la crisis.

Pero no quiero detenerme en cuestiones de la credibilidad de los políticos, sino en situar dentro de un escenario realista qué posibilidades tiene este “enfermo" no imaginario, sino real, que es la economía española de mejorar, hasta alcanzar un estado razonable de salud. Es decir, que volvamos a una senda de crecimiento que permita detener la “hemorragia" de un desempleo que avanza inexorable a las cotas del 20 % (¡y pensar que hace unos dos años el paro estaba sólo muy ligeramente por encima del 8 %!). Un diagnóstico sereno de la actual situación exige reconocer que la economía española se enfrenta, entre otras, a dos graves limitaciones:

1) El deterioro de las cuentas públicas, que en el corto plazo de tiempo de dos años ha pasado de un superávit superior al 2 % hasta un déficit en 2009 que muy probablemente acabe siendo superior al 10 % del PIB, a la vez que una elevación de la deuda hasta niveles próximos al 55 % del PIB. Esta situación exige un ineludible ajuste fiscal no ya porque estemos obligados vía Pacto de Estabilidad y Crecimiento, (por nuestra pertenencia a la moneda única), sino porque en la economía funciona una “regla de oro" para alcanzar la estabilidad económica –interna y externa– que exige unas finanzas públicas lo más cerca posible del equilibrio presupuestario.

2) La necesidad de encontrar, a la mayor brevedad posible, nuevos “nichos" de actividad económica que reactiven una economía deprimida, muy afectada por una desinflada construcción y una escasamente mencionada espectacular caída del sector industrial. Es decir, resulta imprescindible rellenar un hueco de al menos cuatro puntos de PIB. Como esta tarea, en el caso de que se acierte, no es de ajuste inmediato, sino que pasarán algunos años, conlleva moverse en un escenario poco optimista, tal como hace la Comisión Europea, la OCDE o The Economist, de recuperación todavía lejano –2010 seguirá siendo al menos hasta el tercer trimestre un años de crecimiento negativo– y, desde luego, en el furgón de cola de Europa.

¿Está respondiendo la política económica del gobierno a estas dos exigencias? Mi impresión personal es que no por dos hechos fundamentales.

Primero, porque los Presupuestos Generales del Estado para 2010 aparte de ser poco realistas –salvo que haya un improbable ajuste de última hora antes de su definitiva aprobación– no contienen las medidas de consolidación fiscal necesarias para reducir el déficit público a un ritmo no inferior al 1,75 % que nos impone la Comisión Europea y que nos llevaría de nuevo a estar en 2013 en el entorno de la regla del 3 % ; ni por la vía de los impuestos, pues es dudoso que la anunciada elevación del IVA en una economía deprimida genere los recursos previstos, ni tampoco por la vía de reducción de gastos que resulta claramente insuficiente.

Segundo, porque si tenemos en cuenta lo anterior los planes de choque, tipo Plan E, para estimular la actividad económica son necesarios, pero acaban siendo poco operativos cuando se implementan como se ha hecho como un mero “parche" para sujetar la caída del empleo, porque al final generan un fuerte aumento del déficit y de la deuda sin que la actividad económica se recupere. Por otro lado, la esperanza de que un “pujante" sector exterior nos saque del atolladero –como se oye en algún foro muy optimista– es poco menos que impensable; especialmente si tenemos en cuenta que el euro está fuertemente apreciado (en el entorno de 1,5 dólares, con una revalorización en lo que va de año superior al 20 %)) y con una competitividad frente a los países más desarrollados que en los últimos diez años ha caído –en términos nominales– alrededor de 15 puntos. Tampoco la hasta ahora “cortina de humo" de la Ley de Economía Sostenible, a la vista de su débil contenido conocido (un conjunto de buenas intenciones es lo que me parece contiene, salvo sorpresas de última hora), permite albergar esperanzas muy fundadas de cara a lograr por este camino cambios en el modelo productivo español y, especialmente, una recuperación como la que ya inician Alemania o Francia.

Pretender curar a la enferma economía española por una vía normativa, como parece pretenderse con la Ley de Economía Sostenible, parece un ejercicio al que con bondad podemos calificar de auténtica frivolidad económica. Por fortuna, no todo resulta negativo y  en España existen empresas que compiten internacionalmente con éxito, al margen de lo que el Gobierno diga o haga, aumentando por ejemplo en los últimos meses la cuota de participación de España en los servicios mundiales,  u ocupando posiciones importantes en ámbitos como el financiero, las infraestructuras, las telecomunicaciones o las energías renovables, algunas de estas actividades dentro del grupo de sectores de futuro. Como dice el viejo refrán español: “… zapatero a tus zapatos…", que para esos menesteres (léase el reasignar actividades productivas) ya está el mercado y con arreglo a sus criterios actúan las empresas.

Tomás Mancha Navarro
Catedrático de Economía Aplicada
Director del Instituto de Análisis Económico y Social (IAES)
Universidad de Alcalá

Con ocasión de las crisis que sufrieron algunos países hace ya unos años y que se denominaron con los alcohólicos nombres de crisis del “efecto tequila” (Méjico, 1994) o crisis del “efecto vodka” (Rusia, 1998) se puso de moda una frase –muy representativa de la llamada teoría del caos- que decía algo así como que si una mariposa bate sus alas en México puede generarse un tsunami en Tailandia. Es decir, hechos aparentemente inconexos y de una magnitud reducida puede acabar teniendo efectos muy importantes a muchos kilómetros de distancia.

Ahora con la crisis de Dubai (no es casualidad que también esté concentrada en la creación de lo que en España hemos conocido como burbuja inmobiliaria), que en principio por su montante no sería para temblar; a fin de cuentas el gobierno del Emirato – a través de la empresa Dubai World- lo que solicita de momento es un aplazamiento a entidades financieras, europeas y asiáticas fundamentalmente, de un pago por obligaciones contraídas por valor de unos 4.000 millones de dólares, que en el peor de los casos podrían elevarse si continúan los impagos y se extienden al conjunto de la economía de Dubai hasta el entorno de los 80.000 millones de dólares; por el contrario, genera una seria preocupación relacionada con un posible rebrote de la crisis financiera, que llevó  hace un par de años a la quiebra a entidades financieras supuestamente muy sólidas como Lehman Brothers, y que parecía estar ya bajo control. De hecho, la respuesta de la mayoría de las Bolsas importantes ha sido la de cerrar con pérdidas y el precio del petróleo cotiza claramente a la baja.

¿Hay que ser entonces pesimista de cara a la recuperación económica? Creo que todavía no, pero ello no exime el extremar las precauciones en el caso de un país como el nuestro que continúa fuerte y excesivamente endeudado –familias, empresas, bancos, y, ahora también el conjunto de Administraciones Públicas después de los planes de fuerte gasto de este ejercicio de 2009- porque el “problemita” de Dubai si que genera la aparición de una crisis de confianza, o lo que es igual de unas expectativas negativas de que esto es simplemente la punta del iceberg y que pueden aparecer más Estados morosos y algunos de un peso económico muy importante (estoy pensando en EE.UU. o el Reino Unido) que necesitan colocar ingentes cantidades de bonos. De hecho, la deuda alemana –una de las más sólidas- ha visto repuntar levemente su coste, por lo que seguro que la que emite el Estado español acabará también teniendo que subir su tipo de interés. De esto no nos salva ni estar en la moneda única, aunque siempre cabe el consuelo de contemplar que algún socio como Grecia tiene ahora un diferencial de 200 puntos básicos con el bono alemán mientras que nosotros tenemos sólo 60. De verdad que el que no se consuela es porque no quiere.

En el mundo de los negocios hace ya más de veinte años que Jerry B. Harvey en su libro The Abilene Paradox and other Meditations on Management publicado por Lexintong Books, New York, en 1988, popularizó la denominada “Paradoja de Abilene” (en una familia nadie quería ir realmente a Abilene, pero por no querer llevar la contraria al proponente todos acabaron yendo sin disfrutar del viaje ni del asueto) para expresar el hecho de que en situaciones críticas existe, en el pensamiento gregario, una tendencia a tomar decisiones poco satisfactorias. Ello se produce cuando en una situación particular se dan unas condiciones límites que acaban presionando a un grupo de personas para actuar de una forma opuesta a sus propios deseos individuales, lo que  puede acabar generando decisiones desacertadas, incluso de forma continua porque ningún miembro está dispuesto a expresar objeciones a la decisión consensuada.

La situación actual de la economía española y las medidas que el gobierno viene tomando desde el ejercicio pasado conducen a pensar que se está produciendo esta paradoja porque no se oye una voz discrepante, o en todo caso los que la expresan no tienen capacidad de influencia al hacerlo una vez que están fuera de los órganos de toma de decisión, sean ministros, secretarios de estado o directores generales. Nombres muy conocidos en estos tres niveles se han manifestado de forma clara en los medios de comunicación. Quizás todo comenzó porque nadie quiso en la primavera de 2008 contradecir al Presidente cuando planteaba que la crisis era de los otros o que la culpa era de Estados Unidos, enmascarando una realidad que en otras colaboraciones he denominado de crisis económica inevitable.

En mi opinión, compartida con algunos compañeros de profesión, una buena parte de los escasos efectos positivos de las actuaciones económicas del gobierno radica en que las mismas no trasmiten seguridad porque éste nunca ha explicitado de una forma clara su diagnóstico de la realidad económica española; o lo que es lo mismo nunca se reconoce y se dice la verdad de una forma clara. Sólo a partir de este reconocimiento puede otorgarse credibilidad a las medidas que se implementen y la misma según se desprende del ranking de valoración, publicitado por el diario Finantial Times, el 17-11-09 de los responsables económicos de veinte países de la Unión Europea alcanza valores muy bajos para la Sra. Salgado, que acaba situada en el lugar 18, con sólo los ministros griego e irlandés por debajo.

De forma no exhaustiva, bajo mi punto de vista, en la situación actual de España hay que aceptar cinco realidades:

- Una profunda recesión de la que a diferencia de otros socios europeos vamos a salir los últimos: Tras haber tenido desde la mitad de los noventa hasta 2007 un crecimiento promedio del PIB del orden  del 3 %, hemos pasado en 2008 a un modesto 0,9 % y acabaremos 2009, en términos interanuales, no demasiado lejos del – 4 %. El horizonte para 2010 sigue siendo todavía negativo pues todas las previsiones indican una caída del PIB de un 1 % y sólo el todavía muy lejano 2011 permite vislumbrar cifras positiva, pero muy modestas. Alemania y Francia tienen ya cifras de crecimiento positivas con expectativas de remontar claramente en 2010.

- Unas cifras de aumento del desempleo que nos colocan con el dudoso honor de ser los segundos en el ranking europeo de personas sin trabajo, sólo con Lituania por encima. Junto con Irlanda hemos sido un país con un espectacular cambio de tendencia en la evolución del mercado de trabajo. Piénsese que no hace demasiados meses nuestras cifras de desempleo estaban por debajo del 10 %, ahora caminamos inexorablemente hacia el 19 % a fines de 2009 y según muchos analistas españoles en 2010 podemos alcanzar el 20 % de parados.

- La modesta “recuperación” del sector exterior, aún con cifras negativas de crecimiento, no significa que la economía española venga mejorando su competitividad porque es más productiva, sino porque aprovecha la recesión para importar menos y exportar algo más que antes gracias a una efímera situación de diferencial de precios favorable tras ocho meses continuados de decrecimiento del nivel general de precios. Con todo el déficit por balanza corriente sigue siendo en octubre de este año superior al 3,5 % del PIB

- La remodelación de un nuevo modelo productivo no ha sido siquiera planteada; es una tarea pendiente e urgente. Se habla del I+D+i, de las TICs, de la sociedad del conocimiento, pero los datos existentes sobre cuanto se destina a la investigación en España nos situación en un par de décimas por encima del 1 % del PIB, frente a las cifras de más del 2 %, incluso 3 %,  de los países europeos con los que nos queremos comparar: Alemania, Francia, Holanda. La  responsabilidad del sector privado en estas cifras es manifiesta, pues su aportación actual está muy por debajo de las de su homólogo en los países europeos antes citados. Además no puede olvidarse que cambiar la orientación de un modelo productivo no es una tarea de meses, sino de años, ni un esfuerzo sólo de los poderes públicos, sino del esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y del sector público.

- Last but not least (al final pero no lo menos importane), la deriva de las finanzas públicas nos coloca en una situación particularmente difícil pues vivimos en el contexto de una Unión Monetaria y de un Pacto de Estabilidad que nos obliga en el horizonte de 2013 a volver al tope del 3 % de déficit público. Cuando el actual ejercicio económico de 2009 puede cerrarse con incluso un 12 % del PIB, retornar al 3 % supone rebajar  a un ritmo promedio cercano al 3 % por año, tarea más que difícil y al que la dinámica de gasto público de este año no invita a imaginar.