La Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha vuelto a ratificar estos días la voluntad de su gobierno de transformar la actual empresa pública Canal de Isabel II en una sociedad anónima.

El fin último de esta decisión no es otro que permitir que el capital privado pueda acceder al 49 % de las acciones de la nueva compañía.  Es lo que la presidenta regional llama de forma eufemística, “devolver las gestión del agua a los madrileños". 

Desde nuestro punto de vista, en realidad lo que se quiere hacer es todo lo contrario, o sea, poner en manos de unos cuantos –privatizar–  lo que ahora es de todos.

Naturalmente, la presidenta regional está legitimada para ello, pero la misma o parecida legitimidad tenemos aquellos que dudamos que esta iniciativa sea la mejor para los madrileños, y nos preguntamos por qué y para qué. Veamos.

La empresa que gestiona en estos momentos el agua en Madrid, es una institución señera, que  nació hace 150 años y que ha tenido hasta la fecha un comportamiento más que razonable. Como es sabido el agua de Madrid es una de las mejores, si no la mejor, de España y una de las mejores de Europa al menos en lo que se refiere al abastecimiento a grandes urbes y a un precio excepcionalmente competitivo como saben todos los madrileños.

Esto no ha impedido que sea una de las empresas públicas más rentables de la Comunidad de Madrid, con unos beneficios de unos 80 millones de euros en 2008, lo que unido a su capacidad de endeudamiento le ha permitido afrontar históricamente sus inversiones en infraestructuras, sin que los ciudadanos hayamos tenido que desembolsar cantidades significativas a ese respecto (*).  

Oportuno es decir también que en los últimos cuatro años la política de ahorro llevada a cabo por el Canal ha permitido disminuir el consumo del agua en un 13 %.

Notorio es también el trabajo realizado en mejorar y modernizar su extensa red de distribución de casi 14.000 km, 12 plantas potabilizadoras y 147 estaciones depuradoras, entre otras infraestructuras hidráulicas. Y todo ello de propiedad exclusivamente pública (de todos los madrileños), como lo es también el importante patrimonio inmobiliario del Canal.

Por último, y dejando al margen temas de competencia, el suministro de agua a nuestra región esta garantizado sin problemas durante los próximo cinco años, tal y como ya ha manifestado la Confederación Hidrográfica del Tajo, institución dependiente de la Administración Central del Estado, que es la que  concede y autoriza al Canal de Isabel II la captación y distribución del agua en nuestra comunidad, y cuyas inversiones en esta materia son conocidas.

Entonces, ¿por qué poner en manos privadas una empresa pública que funciona perfectamente, no origina gastos a los madrileños, tiene unas tarifas perfectamente asumibles, y tiene asegurado su futuro? ¿Por qué pasar al mercado un patrimonio de todos, labrado en 150 años de eficaz gestión? ¿Por qué quitarle a los madrileños esta seña de identidad?

Tal vez la respuesta esté en un suculento negocio formado por más de seis millones de clientes cautivos. Tal vez. Sea como sea los ciudadanos tenemos derecho a que se nos explique.

(*) El 74 % de los algo más de 200 millones de euros invertidos  en el periodo 2004-2007 procedieron de recursos propios y de emisión de deuda a largo plazo, mientras sólo el 5,2 %  fueron subvenciones.

La Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid acaba de hacer públicos sus datos anuales correspondientes a 2009. Las estadísticas, que con un total de 85.048 consultas y reclamaciones, muestran un moderado crecimiento del 2,95 con respecto a 2008,  ofrecen, no obstante, algunas  cifras de cierto interés.

Por ejemplo no deja de ser significativo que el capítulo de reclamaciones haya aumentado un 32 %  con respecto a 2008. Es decir que en el año 2009 ha habido un 32 % más de reclamaciones que el año anterior. Se trata de un porcentaje inusualmente alto y que, aunque en parte corresponda al cambio que se ha producido en los sectores objeto de análisis, no explica en su totalidad este súbito incremento.

Las respuestas aparecen algo mas claras cuando leemos que cuatro sectores claves concentran el 58,2 % -una amplia mayoría por tanto- de esas 58. o48 consultas y reclamaciones recibidas durante 2009, y el 62 % de las 18.157 reclamaciones.

Los cuatro sectores, de un total de 18,  que monopolizan las quejas de los madrileños son: Suministro de Energía Eléctrica y Gas, Transportes,  Servicios Financieros y Comunicación e Información. De esos cuatro sectores al menos tres han tenido un año 2009 rico en problemas e incidentes de todo tipo.

Recordemos sin ir más lejos el que hace referencia al suministro de energía eléctrica y gas. Además de la discutida liberalización llevada a cabo en julio, cerca de medio millón de madrileños vieron como de la noche a la mañana desaparecía la tarifa nocturna que tenían contratada y con ello una subida del 40 % en su recibo.

Y esto último, el recibo, fue objeto de miles de protestas cuando, con motivo de la modificación del periodo de facturación, se detectaron subidas no justificadas en el recibo. Total las reclamaciones en 2009 se dispararon un 71'37 %.

Sin embargo, si hablamos de los transportes, que es  tanto como hablar de los problemas que ha tenido el transporte aéreo en 2009 (retrasos, cancelaciones, anulaciones, pérdida de maletas tc) o del servicio de taxis o de la venta y reparación de automóviles, el incremento de las reclamaciones respecto a 2008, un 158,2 %, ha sido realmente espectacular.

En cuanto a la Comunicación e Información no se queda atrás. Al ya crónico problema que padecen las operadoras de telefonía para gestionar adecuadamente los servicios de atención al cliente o las dificultades que tienen los usuarios para acceder  a Internet,  se suman los problemas de la televisión –véase TDT– o los servicios postales o de correos.  Todo ello generó un 40,21 % más de reclamaciones.

Por último están los Servicios Financieros. En su caso no hay excepcionalidad, no es que hayan tenido un mal año, como ha podido ocurrir con los transportes o la electricidad, es simplemente lo de todos los años. Baste con decir que son el sector mas reclamado de la Comunidad de Madrid durante 2009.  Además registró una subida del 74,4 % en las reclamaciones.

Como verán el año 2009 ha sido uno de los que mas protestas ha generado en nuestra Comunidad. Y eso que no hemos hablado nada de la crisis.

No,  no es un diálogo perdido y hallado  en el camarote de los hermanos Marx. Tampoco es un reclamo  publicitario más o menos estrambótico con el que algún desesperado, o quién sabe si enajenado, comerciante, pretende acelerar las temporada invernal de rebajas.

En realidad detrás de este juego de palabras se esconde el encontronazo de dos noticias dispares y distintas, aunque aparecidas el mismo día  y sin embargo malas, que diría el otro.

La primera de ellas dice que la compañía Iberia  va a  implantar próximamente un recargo adicional de 60 euros a los viajeros de clase turista por la segunda maleta. La noticia de la segunda maleta surgió el mismo día en la que el Gobierno anunciaba que ya nos podemos ir abrochando los cinturones porque iba a proponer que la edad de jubilación se retrasara dos años, de los 65 actuales a los 67 del futuro.

Como soy de los que creen que la coincidencias no existen, interpreto esta señal  como un aviso de que  se acercan tiempo peores, (porque malos, lo que se dice malos, ya los estamos pasando), que traducido al castellano popular viene a coincidir con el titular. Dicho esto, tampoco es que a un servidor le pille de sorpresa.

En lo tocante a la segunda maleta llueve sobre mojado. Hace ya algún tiempo  que las compañías aéreas, sobre todo las llamadas baratas, han tocado a rebato. Empezaron eliminando del menú aquellos pequeños desayunos frugales de los primeros vuelos de la mañana, no contentos con esto trasladaron a la carta (léase por un módico precio), los minúsculos tentempiés que te regalaban si volabas por la tarde, y últimamente, –más vale tarde que nunca dirán ellos– amenazan un día si y otro también  con vender al mejor postor los asientos cercanos a las puertas de seguridad, o los de ventanilla (adiós a tu perfume embriagador mientras contemplas la llegada a la ciudad desde los cielos, que diría un amigo mío algo cursi).

Por fin la gota que ha colmado el vaso ha sido el cruel, y a mi juicio –y el de nosotros de la CECUMadrid– ilegal, aviso, de que a los obesos y gordos en general les van a empezar a aplicar una tarifa distinta en función de su volumen. Cual sea esta tarifa es algo que aún está por decidir pero se habla de que tendrían que abonar dos asientos.

Insisto, nos parece una tropelía discriminatoria y animamos a todo aquel o aquella que se puede ver afectado a que presente una denuncia, y no sólo por lo que hace referencia a los derechos del consumidor, sino incluso porque podría afectar a derechos constitucionales.

Así pues y visto lo visto lo de la segunda maleta se queda casi casi en una anécdota, si no fuera porque no entendemos lo de Iberia, salvo si se trata de una invitación al suicidio.

En los últimos años el AVE le ha recortado la mitad de los pasajeros del puente aéreo y no deja de retroceder en otras rutas  por la competencia de las líneas de bajo coste, el problema de los pilotos sigue ahí, enquistado, sin que se pueda descartar un renacimiento de antiguos conflictos y la cuenta de resultados no mejora.

Pues bien deben haberse convencido de que, además de por tener los precios más caros, el mejor camino para acabar con las únicas señas de identidad que aún les van quedando (ya saben algo así como el “si no está contento con su compra le devolvemos el dinero”) es seguir el ejemplo de otras compañías y que sea el usuario, otra vez, el que pague los platos rotos, aunque cada vez haya menos usuarios y hasta la derrota final.  Y todos contentos.

E s sabido que desde el pasado 1 de julio el sistema eléctrico en España está liberalizado. Por supuesto, el anuncio de la liberalización produjo una importante cantidad de fuegos artificiales, frases más o menos rotundas y alguna que otra promesa.

Entre las rotundidades más divulgadas esos días destaca un lugar común: la introducción de competencia en el sector producirá sin duda una bajada de precios  al tiempo que una mejora en la calidad del servicio (facturaciones transparentes y comprensibles, un servicio de urgencia 24 horas eficaz, una oficina de atención al cliente competente, etc).
Es decir, se dio por hecho que por el simple hecho de liberalizar el sector la competencia sería un hecho. Lo cierto es que la experiencia española es controvertida a ese respecto. Existen sectores que llevan años liberalizados y en donde  la competencia brilla por su ausencia, y si quieren comprobarlo basta con que se den una vuelta por alguna de las ciento de gasolineras que existen en la Comunidad de Madrid.

Las diferencias de precios entre estos establecimientos es tan nimia –cuando existe– que a ningún consumidor le compensa el desplazamiento en busca del mejor precio. El otro ejemplo que podríamos poner es el de la telefonía. Paradigmático y paradójico al mismo tiempo porque en este caso podríamos aplicar aquello de que “el bosque no permite ver el árbol", o sea hay tal inflación de ofertas y  son estas tan especificas y  compartimentadas, que al final uno no acaba de comprender nada y no consigue identificar entre la maraña de opciones la que más le interesa. Y esto, claro está, también dificulta la competencia aunque de otra manera.

Es verdad que poco a poco, y en la medida en que se localizan los problemas, los gobiernos van afinando sus legislaciones, regulando allí donde hace falta y  penalizando comportamientos irregulares. Aún así hay aspectos –se me ocurre, por ejemplo, la ineficacia, cuando no la indignación, con la que se prestan los servicios de atención al cliente de las operadoras de telefonía– que no sólo no han mejorado con la liberalización sino que me atrevería a decir que han empeorado.
 
En el caso que nos ocupa, la electricidad, ni siquiera podemos juzgar como está caminando porque,  seis meses después  de la liberalización, el porcentaje de consumidores domésticos que se han pasado al mercado libre es tan escaso que carece de relevancia alguna. Claro que no es menos cierto que las famosas “ofertas" que las operadoras eléctricas iban a hacer al consumidor, y que sin duda  provocarían su abandono de la tarifa intervenida, han brillado por su ausencia.

Nada se ha movido en el mercado de la electricidad desde entonces. Se ha liberalizado en el papel, pero no hay competencia y en la práctica todo sigue igual. No es extraño que el consumidor haya optado por lo malo conocido frente a lo bueno por conocer.  Seguiremos esperando.

La pasada semana se presentó públicamente en Madrid el análisis anual (en este caso correspondiente al año 2008) de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. 

El estudio, que cada año lleva a cabo el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, cuya presidencia ostenta María Rodríguez, Presidenta de honor a su vez de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)  es, ante todo, un análisis –ciertamente riguroso y serio– sobre la calidad de la información que suministran las principales empresas españolas que cotizan en el IBEX 35.

Y esto es así, entre otras cosas, porque los mimbres –es decir, la información– con la cual se elaboran los análisis los proporcionan las empresas mismas. Esta circunstancia, que sean las propias empresas las que deciden que información se da y cuanta, no juzga la calidad del documento presentado.

En otras palabras, el rigor del análisis no está tanto en la cantidad o calidad de lo que se suministra, cuanto en la solvencia, independencia y capacidad profesional  del equipo que elabora el estudio que, ya lo he manifestado más arriba, me parece de altura. Así, y como ya he aclarado,  el estudio no entra en valoraciones, ni juzga el comportamiento de las empresas sometida a examen sino la calidad de la información que hacen pública (cuestión, a mi juicio, de una relevancia indudable).

Dicho esto, el análisis que cada año presenta el Observatorio de la RSC, es un instrumento muy importante para conocer cual es el grado de información que transmiten las principales empresas españolas en temas como medio ambiente, derechos laborales, corrupción, derechos humanos o consumo.

Aunque para conocer con una cierta fiabilidad cual es el comportamiento global de las empresas españolas lo mejor  es  conocer la información que se suministra de todos los sectores, me detendré hoy, por  razones obvias, en el apartado de consumo dejando para otra posterior colaboración el resto de los sectores sometidos a análisis.

Entrando ya en materia, y aunque en  conjunto las empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 están muy lejos de cumplir los  parámetros mínimos que en materia de información exige la RSC, en lo que se refiere al consumo la situación cabría calificarla de deplorable.

Así, sólo una empresa –3 % de las 35  que contestan al estudio– ha aportado información sobre la observancia de leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos del consumidor en los países en los que estas empresas realizan sus operaciones.

Algo más –2 empresas y un 6 % del total– informaron sobre incumplimientos y violaciones de los derechos del consumidor y sobre las sanciones a estas violaciones. En lo que se refiere a la información sobre la renuncia a la utilización de prácticas contractuales abusivas el panorama es, sencillamente, desolador puesto que ninguna empresa ha informado sobre este asunto.

¿Por qué no lo han hecho? ¿no pueden, no quieren? El resto de las respuestas se mueven en la misma dirección. Por ejemplo tan sólo  un 17 %, –6 empresas de 35– ofrecen datos cualitativos sobre las reclamaciones que han tenido y el resultado de las mismas y un 20 %, que es el máximo porcentaje de respuestas, han aportado información sobre su renuncia a la comercialización basada en informaciones falsas o capciosas.

Este parece ser el triste panorama en el que se mueve las grandes empresas españolas. Sin comentarios.

Si alguna lección, querido consumidor, nos deja el ya funesto año 2009 (al que podemos calificar sin demasiadas contemplaciones como agnus horribilis) es precisamente la de que los excesos consumistas se pagan.

Por decirlo de otra manera creo que las precariedades y dificultades vividas durante el año 2009 (y lo que te contaré morena en 2010)  no deben ser objeto tan sólo de conclusiones negativas –que también– sino que urge hacer de la necesidad virtud.

Se me dirá, y con razón, que “a buenas horas mangas verdes", pero a eso se puede responder con una cierta oportunidad lo de “más vale tarde que nunca". Me explico y después concluyo.

Según las estadísticas más fiables el consumo de los hogares españoles durante 2009 sufrió un drástico descenso. Gastamos mucho menos, lo cual significa que nuestro nivel de consumo fue también mucho menor. Sin duda que una parte de esa disminución se debió a la falta de ingresos que han sufrido muchas familias al perder su puesto de trabajo.

Y sin embargo esto último no explica la depresión consumista del pasado año, puesto que otros países europeos que registran niveles de paro mucho menores han visto como se derrumbaban también sus cifras de consumo.

Si a esto le unimos que el ahorro de las familias ha pasado de apenas un 10 % antes de la crisis al actual 19 % entenderemos por que la moderación consumista ha sido posible, sobre todo, no tanto a la pérdida relativa de ingresos, cuanto a una decisión del consumidor libremente adoptada.  Dicho lo cual podríamos decir: por fin.

Ya puestos sumarnos a los corifeos del “nosotros podemos". O sea, podemos, (yo añado el “debemos"), cambiar nuestros hábitos de consumo, consumir de forma más racional y atendiendo siempre a nuestras necesidades lo cual significa ser más responsable, e incluso si quieren ustedes, a fuer de ecologistas, más sostenibles. Para mí todo esto se traduce en consumir con inteligencia.

En fin que si aceptáramos esta última tesis aceptaríamos también su conclusión: la inteligencia vuelve (cabría decir recobrada) cuando más la necesitamos (en tiempos de crisis), pero se vuelve perezosa, despistada e inconsciente cuando no es la necesidad, sino el abandono, el que guía nuestra conducta. Entonces es lo ajeno (la publicidad, la moda, la coyuntura, en definitiva las necesidades del mercado) las que mueven nuestras conductas, orientan nuestros hábitos e impulsan el  consumo innecesario.

Y no estoy hablando de calidad de vida, sino de abundancia. El tener garantizado el acceso a una serie de bienes y servicios (educación, sanidad, vivienda, trabajo, ocio...) es un derecho que todos deberíamos tener y por el que debemos luchar. La abundancia es, seguramente, un artificio.

Una fascinación que se rige por  las leyes del mercado. Si algo nos ha  enseñado esta crisis es que se vive mejor en la inteligencia que en la abundancia.  Y que podemos, con-sumo cuidado, conseguirlo.

En fin en estos comienzos de año tan propicios a los buenos deseos no es, aunque pudiera parecerlo, un acto de puritanismo lo que propongo (haga por último cada uno/a  lo que quiera) sino un ejercicio de libertad. Recobrar nuestra capacidad de decisión. Que sea el ciudadano consumidor el que cree las necesidades del mercado, y no este el que determine los hábitos del consumidor. El año pasado hemos empezado a hacerlo y no nos ha ido tan mal.

Dicen, y seguramente será verdad, que nos acercamos (a decir verdad habría que decir que ya estamos) a la época de año en la que el consumo se dispara. Lo cierto es que casi nadie es capaz de sustraerse al vértigo navideño. El que no tiene que renovar el árbol de navidad o complementar el belén con algún que otro  nuevo elemento, tiene pensado disfrutar con los amigos-as la entrada del nuevo año en alguna sala de fiestas o aprovechar estos días para escaparse con su pareja a algún lugar tranquilo. Y en fin todos –o casi todos– tendrán algún compromiso con los reyes magos en forma de juguetes, y desde luego pocos habrá que, aunque sea por una vez y sin que sirva de precedente, no se muestren generosos a la hora de pensar en la comida familiar el día de nochebuena o navidad. Y a todo eso habrá que sumar las inevitables comidas con los compañeros de trabajo, el irremediable gasto de lotería –“no vaya a ser que toque",  dicen los más pesimistas tratando de curarse en salud– , y  por supuesto no debemos olvidar el regalo a la madre, la esposa o a esa amiga o amigo que también se portó en los momentos difíciles. Así que parece que en apenas 2o días concentramos todas las ilusiones, afectos, celebraciones y conmemoraciones del año que termina. Y todo eso, al margen de otras consideraciones, es dinero luego consumo. Por consiguiente no podemos sino confirmar que, tal y como dice el refrán popular, en navidad los españoles “tiramos la casa por la ventana". Las estadísticas también lo confirman. España es uno de los países de la Unión Europea que más gasta en las fechas navideñas.

Y bien, ¿es esto muy racional? ¿Este sobreesfuerzo de fin de año es necesario? Si preguntamos a un ciudadano estos días nos podríamos encontrar con una respuesta aparentemente paradójica, porque es probable que muchos reconocieran que racional, lo que se dice racional, no es que lo sea mucho, pero a continuación el entrevistado puede decirnos con la misma tranquilidad que “un día es un día" y que este año incluso va a gastar más que el año pasado. Pero hay más. Si seguimos con la encuesta y nos interesamos por conocer cual es la situación económica del ciudadano en cuestión, muchos (me atrevo a decir que una mayoría) contestarán sin dudar que: “mala". Y si por último queremos cerrar este circulo paradójicamente virtuoso indagando cómo demonios se consigue gestionar una reconocida mala situación económica con una decidida voluntad de gastar más dinero este año que el pasado, nuestro interlocutor responderá, con la misma aparente certidumbre que no lo sabe, para a continuación añadir que: “de algún sitio saldrá", respuesta que además de misterio aporta perplejidad a propios y extraños.  

Seguramente son estas paradojas navideñas las que nos hacer ser únicos en el mundo, y añado que envidiados, e incluso objeto de culto en otras latitudes. Racionales no seremos pero en la diversión no hay quién nos gane.  No importa que estemos endeudados hasta las cejas, que estemos a punto de tener la cifra de parados más alta de nuestra historia reciente o que el Gobierno de la nación nos advierta de que el crecimiento de nuestra economía seguirá débil el próximo año. Es igual. 

Los ayuntamientos siguen adornando profusamente  nuestras ilusiones, los comercios llaman a rebato y nosotros acudimos, cual corderitos navideños, a la llamada del becerro. Al fín y al cabo son  días de fraternidad, amor y solidaridad.  Días para tirar la casa por la ventana. Feliz navidad amigos y amigas.

Antonio L. Sebastianes es el director de comunicación de CECU Madrid: http://www.cecumadrid.org/
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El pasado día 6 de noviembre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea llegaban a un acuerdo para regular el acceso a Internet en territorio comunitario.  Empecemos diciendo que este asunto ha motivado desde hace tiempo importantes controversias en el seno de la Unión. Básicamente, y a grandes rasgos, podríamos decir que el panorama es el siguiente.

Existen tres bloques que representan a su vez intereses y opiniones  distintos. En primer lugar los partidarios de que se regule lo mínimo. Aquí militarían aquellos internautas y ciudadanos –en la actualidad una minoría– que en general consideran que Internet es un territorio libre y que en definitiva no se pueden poner puertas al campo. Desde este punto de vista bajarse canciones o películas no sólo no constituiría delito o ilegalidad alguna sino, al contrario, un derecho que habría que proteger bajo determinadas condiciones.

El segundo  bloque lo constituyen aquellos otros que aún reconociendo que la regulación es necesaria, sostienen  al mismo tiempo, que el acceso a Internet de los ciudadanos debe protegerse, tanto de las decisiones arbitrarias de algunos países, como de la voracidad de las grandes multinacionales de la música o del cine que pretenden restringir los derechos de los ciudadanos, y convertir la red en un gran mercado al servicio de sus intereses económicos. Para este segundo bloque el acceso a la red debe ser puesto en manos de la justicia, que sería la única que podría restringir el acceso en base a un procedimiento judicial con todas las garantías que este conlleva en el territorio de la Unión Europea. Por último, el tercer bloque está representado por aquellos países que entiende que son los Estados –a través de los Parlamentos Nacionales representantes de la voluntad popular– los que deben tener la capacidad para regular el acceso y por ello mismo la competencia para denegar –sin mandamiento judicial– una conexión a la red. Digamos para terminar que entre los países “restrictivos" están Francia o Reino Unido (el último es uno de los impulsores de llamado sistema de los “tres avisos" y Francia impone  fuertes multas a los internautas que descarguen archivos protegidos por la ley).

En cuanto a nuestro país las descargas de archivos son, hasta la fecha, legales, mientras el comportamiento de los jueces es dispar: algunos casos que afectaban a páginas de descarga se han sobreseído y otros, muy similares, se han reabierto.

Volvamos ahora a la norma aprobada por la UE. Cabría pensar que con la decisión tomada se habría puesto fin a este enredo. (Recuérdese a este respecto que las discusiones en torno a la regulación del acceso a Internet estaban bloqueadas desde mayo pasado cuando el Parlamento Europeo introdujo una enmienda que prohibía cualquier corte de conexión a la red sin permiso judicial). Pues bien nada más lejos de la realidad.  La norma parece un intento por contentar a todos. De hecho da vía libre al corte de Internet sin la presencia judicial, pero al tiempo parece compensarlo hablando de que “el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna deberá ser garantizado”, aunque no dice cómo, o apelando a la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Libertades fundamentales cuando habla de que “sólo pueden ser impuestas (las posibles restricciones) sin son apropiadas, proporcionadas o necesarias” aunque tampoco se dice  quién va a ser el que tenga la competencia para interpretar  este galimatías.

Lo que si sabemos es: Francia y Reino Unido tienen libertad para decidir como y cuando restringen el acceso a Internet sin mayores complicaciones. ¿Y el resto de los países? Pues que arreen se nos viene a decir. Y en realidad así será más o menos puesto que los países, aunque  tienen 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones respectivas, tienen también libertad para regular como les parezca mas conveniente. Por tanto no sería nada extraño que dentro de dos años lo que sea delito en Francia sea algo absolutamente normal en Holanda o en España,  salvo que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no lo remedie, cosa bastante dudosa.

Antonio L. Sebastianes es el director de comunicación de CECU Madrid: http://www.cecumadrid.org/
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En los últimos diez años la compra de vivienda nueva destinada al hogar se ha generalizado en España. Aunque son sobradamente conocidas las razones por las cuales una inmensa mayoría de los ciudadanos ha elegido esta opción frente a otras para satisfacer sus necesidades de vivienda, las resumiré brevemente: en primer lugar una cierta laxitud financiera impulsada también por unos precios altos (lo que se llamó la democratización del crédito) que permitió a amplios sectores de la población el acceso a la compra de una vivienda en condiciones no conocidas hasta entonces.

En segundo lugar el apoyo público a la adquisición, materializado en las importantes deducciones que las distintas administraciones han venido aplicando a los compradores y que ha permitido a estos aminorar, en gran medida, los enormes esfuerzos económicos vinculados a la compra de la vivienda.

Y, en tercer lugar, unos intereses excepcionalmente bajos (durante muchos años el interés hipotecario se movió en España entre el 3% y el 4 %). Para completar este panorama añadamos la favorable coyuntura económica por la que atravesaba España en aquellos momentos, con crecimientos de PIB y del empleo que doblaban la media europea. Si quieren ustedes y por completar este círculo, se instaló en nuestro país una especie de filosofía en la que por el mero hecho de tener una “propiedad" o ser “propietario" se adquiría también una suerte de pedigrí social.

Ése es, a grandes rasgos, el escenario sobre el cual creció el boom inmobiliario español –y madrileño– origen de la grave crisis por la que atraviesa ahora el sector. Un escenario que, si me permiten era insostenible, irreal y derrochador. En todo caso desde hace ya algún tiempo parece que la situación evoluciona hacia parámetros más racionales o inteligentes.

El último de estos signos que aventuran, si no un cambio, sí un mayor equilibrio entre la compra y el alquiler en el sector de la vivienda, es la aprobación por parte del Gobierno de nuevas medidas para el fomento del alquiler, y calificadas ya por los medios de comunicación de “desahucio exprés".

Sin entrar ahora en una guerra de calificativos estas medidas vienen a dar más seguridad a los propietarios frente a los morosos. Ya antes se han venido tomando otras medidas que abundan en este sentido, como la eliminación, en el horizonte de 2011, de las ayudas a la compra, o la creación de la Agencia Pública del Alquiler que, según los datos de la propia Agencia ha generado desde su nacimiento más de 11.200 contratos. En todo caso estos datos no pueden ocultar la realidad de que nuestro país está, en lo referente al alquiler, muy por debajo de las cifras europeas, que por poner un ejemplo en algunos países como Alemania están 60 % - 40 % a favor del alquiler.

A nuestro juicio, la vuelta del alquiler es, en alguna medida, el retorno de una cierta racionalidad al mercado inmobiliario, y no porque la compra nos parezca en sí misma absurda, es más, en estos momentos con el precio del dinero en el 1% y con un bajada de los precios en torno al 30 %, la opción de compra es muy aconsejable –con permiso de los bancos– sino porque una inversión tan importante como es la adquisición de una vivienda necesita condiciones y necesidades muy concretas. Para lo demás necesitamos tener un mercado de alquiler del que hemos carecido hasta hora.

Es decir, para que los consumidores descubran las ventajas de un mercado de alquiler competitivo se necesitan  unos precios adecuados y diferenciados con respecto a la compra (tal vez la media de un alquiler de una vivienda tipo no debería superar los 500 €), viviendas de calidad y la introducción, entre otras, de medidas sociales (viviendas de alquiler VPO, por ejemplo). En definitiva necesitamos recobrar el equilibrio, y con ello la racionalidad y la sostenibilidad en el mercado de la vivienda.