Hasta 14 miembros de Consejo General del Poder Judicial viajarán a Uruguay para asistir a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Feria de Justicia y Tecnología, aunque está previsto que el viaje se prolongue varios días antes y algunos después. El presupuesto incluye los billetes de avión en clase business (con un coste medio por persona de 4.100 euros) y el alojamiento en un hotel de cinco estrellas. En total, unos 80.000 euros procedentes del erario público. He ahí un ejemplo de los despilfarros que a diario se producen en los estamentos oficiales de nuestro país. O más bien la punta del iceberg del gasto desmedido en los órganos públicos de nuestro país que siempre es intolerable, pero que en la actual situación de crisis es sencillamente obsceno. 

El telón de fondo de esta noticia es la discusión entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas sobre cómo y cuánto se ajusta en sus respectivos presupuestos para garantizar los servicios públicos esenciales. Pero los recortes en cargos y en departamentos; las congelaciones de los salarios, o la supresión de atenciones y privilegios en la Administración; continúan sin concretarse en medidas reales. Todo se confía a comisiones cuyas conclusiones se dilatan en el tiempo hasta que la ciudadanía, a la que se han exigido hasta ahora todos los esfuerzos y sacrificios, lo olvide. Imposible no sentir náusea.