En los peores momentos de la crisis económica el Estado presiona a los que más ayuda necesitan. Para pagar los subsidios derivados de tanto desempleo como se ha creado en dos años, Hacienda machaca a inspecciones a los comerciantes y pequeños empresarios como han denunciado los inspectores fiscales hace unos días.

La peor llamada que puede recibir un negocio estos días es la del responsable de inspección de la Delegación de Hacienda más cercana, comunicando una cita en las oficinas administrativas en la que se le va a buscar por mil y un recovecos para que pague una sanción por el incumplimiento más nimio de la normativa más absurda. Pero hay que pagar planes E, ayudas al sector bancario, subvenciones a la venta de coches e investigaciones sobre el mapa oculto del clítoris femenino.

A partir de julio será aún peor, porque la subida de los impuestos al consumo frenará el gasto de las familias y disparará la economía sumergida. España atraviesa un momento de agudo riesgo, no económico, sino social de forma que cuando acabe el letargo en que está sumido el ciudadano medio, cuando despertemos de la anestesia que nos aplican con leyes de aborto y crucifijos, este país romperá en las calles el idilio con sus electos.  La recaudación por inspecciones fiscales tiene que aumentar, han dicho los responsables políticos, y el pagano a sufrir. Cuando no se destruye una pequeña empresa en este país, los poderes públicos la masacran de esta manera.

La presión hacia las Pymes, como ya se ha dicho en esta página en anteriores ocasiones no es exclusiva del poder central. La deuda con las empresas que mantienen todas las administraciones es impresentable, lleva a la ruina a cientos de sociedades cada día y cuando en el Parlamento se vota una pequeña ayuda para que no tengan que pagar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, hay partidos que votan en contra.

Los Ayuntamientos y las Comunidades también tienen su parte de culpa en esta kafkiana situación, porque no han relajado sus sanciones y sus controles, sus multas y sus exigencias en los peores momentos para sobrevivir. En el barrio hay un comercio de alimentación al que la inspección sanitaria regional sancionó con trescientos euros de multa por tener medio centímetro de una longaniza en perfecto estado fuera de la cámara frigorífica, y además el dueño se vió obligado a destruir todo el género. 

A eso nos referimos al exigir que cese la presión intolerable que se ejerce sobre los que sostienen ahora mismo el sistema, los empresarios. Con tanta tertulia de ultraderecha como hay en la nueva TDT, según afirman los inmaculados medios de comunicación progresistas y abiertos a la sociedad democrática, resulta imposible de entender que esta denuncia no llegue más lejos y promueva una protesta ante los gobiernos de turno.

Por el fondo
No nos cansaremos de aplaudir la gestión de Amparo Valcarce al frente del palacete de la calle Miguen Angel. La Delegada del Gobierno en Madrid está poniendo todos los medios necesarios a disposición de los responsables de la seguridad ciudadana, que han vuelto esta semana a protagonizar éxitos sonados en nuestra Comunidad. Primero resolvían de una tacada tres crímenes sobre los que parecía imposible encontrar pistas. Y más tarde, desmantelaban la fortaleza que los traficantes de drogas habían creado en la Cañada Real, donde daban suministros a cientos de compradores. Con medios y con voluntad, queda demostrado que es posible reducir la delincuencia en Madrid.

Por la forma
No es mucho descubrir si decimos que los ánimos políticos están demasiado caldeados en este país. Pero de ahí a perder el respeto que merecen los demás, por muy adversarios que sean, debería mediar una línea roja que esta semana ha traspasado más de uno. El líder de UGT en Madrid, en el ardor de la discreta manifestación del martes,  ha seguido con sus insultos hacia el gobernador del Banco de España al señalar que es "el más impresentable gobernador que ha conocido la Democracia". Y la portavoz socialista en la Asamblea, más fuera de sí de lo que acostumbra en el debate de la crisis con Esperanza Aguirre, ha descalificado al alcalde de Alcobendas diciendo que es "ese que anda por ahí pidiendo elecciones anticipadas". El grupo municipal socialista de esa ciudad debería haber informado a Maru Menéndez que  fue el Pleno del Ayuntamiento el que aprobó esa moción, que no fue el capricho de ningún alcalde cacique. Las instituciones merecen un respeto, sobre todo de quienes forman parte de ellas.   

Se hablará de...
El palestino Walid Hijazi, preso de Guantánamo trasladado a España por el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos,  integra ya la población de derecho de nuestro país.  Tal y como ha anunciado el ministro Rubalcaba, Hijazi va a poder disfrutar de un permiso de residencia, otro de trabajo, libertad absoluta de movimientos en nuestro país, y podrá vivir en alguna localidad donde no exista un problema de integración con ciudadanos procedentes de países islámicos. Walid es un además gran afortunado porque el Ministerio del Interior va a facilitarle un puesto de trabajo que le permita vivir por sus propios medios. En los años que pase en España este ciudadano, seguro que alguien le explicará que su futuro sería otro muy distinto si el presidente de EEUU no fuera Barack Obama, y que en ese caso España estaría muy lejos de  sus aspiraciones. Y seguro que le explicarán también que si hubieran muerto esta semana 27 civiles en Irak y no en Afganistán, como ha ocurrido por un error de las tropas internacionales que se mantienen en aquel país entre ellas las españolas, podría ver en las calles a miles de manifestantes gritando no a la guerra.