Cuando aún resuenan los ecos lastimeros de la segunda intentona fallida de Madrid a acoger los Juegos Olímpicos, el alcalde de Barcelona anunció ayer que la Ciudad Condal presentará su candidatura a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022 bajo el nombre de 'Barcelona-Pirineus'.

El anuncio ha provocado cierto desconcierto entre las autoridades deportivas, pues ya existía una candidatura, la de Zaragoza-Jaca, aspirante a lo mismo en años anteriores, y además se está pendiente de saber si Madrid tratará de ir a por la vencida.

A estas alturas, queda claro que cada ciudad mira por su propio interés y no por lo que convenga al conjunto del Estado, que bien podría ir pensando en administrar este tipo de aventuras. Porque, igual que resulta muy fácil sumarse a la carrera olímpica, es tremendamente costoso, económica e institucionalmente, sostenerlos y defenderlos.

El caso de Madrid, el pasado otoño, es el mejor ejemplo de que el desafío olímpico resulta demasiado caro: la inversión pública es brutal, la diplomacia sufre un gran desgaste, la imagen del país se deteriora con la derrota y la ciudadanía pierde toda ilusión por los grandes proyectos colectivos. Así las cosas, o se impone una racionalización o se dejan claros los límites a las ciudades que decidan afrontar estas empresas. Los sueños salen gratis, las pesadillas no.