El Estado de Bienestar se sustenta en unos pocos puntales legales y económicos que, ante todo, consagran la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos del país bajo el ideal del lema francés de “liberté, égalité, fraternité”.

Uno de esos pilares es netamente financiero, y atiende a la preponderancia de la persona sobre el territorio y al reparto razonable de la renta: si todos somos iguales, cuando dejamos de serlo se redistribuye un poco la riqueza al objeto de garantizar un suelo de derechos idéntico.

A esa máxima ha de aspirar un sistema de financiación autonómica decente, que anteponga la consideración individual de cada español sobre las aspiraciones políticas de un territorio sustentadas, a menudo, en argumentarios fantásticos solemnizados.

Y no parece que cumpla los requisitos mínimos de cualidad conceptual el nuevo sistema aprobado por los pelos en el Parlamento: ya las formas lo dicen todo, pero si acaso cabía alguna duda queda despegada con el fondo.

Porque lejos de ser una herramienta de igualdad redistributiva, el nuevo sistema es una mera palanca de estabilidad política del Gobierno: no busca lo mejor para el mayor número posible de españoles; sino lo máximo para quienes ofrecen garantías coyunturales, a costa de consagrar una injusticia manifiesta de muy difícil arreglo en el futuro.