Es muy difícil no sentir un ápice de bochorno al ver a un juez imputado por tratar de evitar que los responsables de la Gürtel puedan seguir con sus andanzas desde la cárcel. O por indagar en las responsabilidades pendientes en aquella formidable barbaridad que supuso el franquismo, saldada con el dictador muerto en su trono y una ley de amnistía y una cierta desmemoria indispensables, al parecer, para enterrar al régimen a la vez que a su inductor.

Desde una simple lectura ética o política, ajena a las leyes y las precisiones jurídicas que protegen la democracia, el enjuiciamiento a Baltasar Garzón podría equivaler a la detención de Elliot Ness por enfrentarse a Al Capone o a la de Simon Wieshental por perseguir a los criminales nazis diseminados por el mundo tras el hundimiento del Tercer Reich.

Ocurre, sin embargo, que en las garantías de la justicia, en sus aparentes imperfecciones, tal vez recaiga la solidez de la democracia: no encarcelar sin pruebas fehacientes a tres de los cuatro detenidos tras el brutal asesinato de Marta del Castillo conmociona a la opinión pública y estimula al amigo Talión como pocas otras cosas, pero también impide que la arbitrariedad, el capricho, el carácter, el contexto y la opinión pública o publicada reduzcan las garantías procesales y transformen las leyes en una especie de concurso interactivo donde el espectador decide el destino del concursante apretando un botoncito o enviando un sms.

No hace falta, en fin, pertenecer a la pequeña pero ruidosa jauría que persigue a Garzón ni formar parte de las exiguas pero incansables filas que confunden la amnistía franquista con la exculpación y transforman ésta, de paso, en una victoria postrera; para lamentar con idéntica fruición la campaña de transformación de un juez impreciso en un linchamiento político y convertir su proceso en un estertor de Franco impulsado por un tribunal represor.

La tentación de montar un circo en torno al franquismo es tan alta como frecuente en una parte de la política y la prensa española que, quizá, no pudo, supo o quiso hacer ese papel cuando tenía algún sentido y ahora, con inefable resistencia al paso del tiempo y a la biografía propia, hace lo imposible por labrarse un currículo marcado por un inexistente heroísmo que ensalza hazañas apócrifas sobre la resistencia y la clandestinidad que nunca conocieron.

Ponerse estupendo por un juez que tal vez no cumple las leyes equivale a avalar la vieja Ley Corcuera al peligroso grito de que el fin justifica los medios y, en realidad, facilita los atajos a sujetos tan indeseables como todos los mencionados en el sumario del Gürtel.

Y en lo relativo a la causa general contra el franquismo, la apreciación no mejora: nada más arrogante que sentirse la única esperanza para enmendar unilateralmente las decisiones legítimas adoptadas por los ciudadanos a través de sus representantes democráticos y su Constitución; y nada más peligroso que creerse con el derecho a hacer justicia al margen de la justicia.

Aunque los caminos y los fines sean antagónicos, el impulso de Garzón se asemeja bastante al de Franco: sólo los déspotas, los dictadores y los locos se sienten elegidos por algo o alguien para subsanar, en persona y en solitario, las debilidades del pueblo, las imperfecciones de la democracia y las lagunas de la ley.

Posdata. Huelga decir que este comentario no suscribe el afán revisionista  ni la revancha personal que tanto neofranquista residual perpetra en nuestro tiempo. Me gustaría ver libre a Garzón, y con toga, en un tribunal. Porque tiene razón, pero eso no basta para imponerla: él mejor que nadie debiera saber la diferencia entre un juez y un justiciero.