El lado más oculto de la política se está revelando a los ojos de los ciudadanos en el asunto de la renovación de los órganos de Cajamadrid. Una institución que debería estar al margen de las batallas partidistas y exenta de cualquier enfrentamiento intestino en los partidos, vuelve a convertirse en campo de batalla donde unos y otros disponen sus ejércitos con un único objetivo: lograr una cuota de poder en la Caja lo más amplia posible. Ser el cuarto grupo financiero español y la segunda caja de ahorros del país por depósitos y volumen de activos convierten al antiguo Monte de Piedad de Madrid en oscuro objeto de deseo de todos, sin excepción. Luis Buñuel habría sacado una buena película de esto. Tras cerrarse el tormento de la sustitución de Miguel Blesa en la presidencia, ahora la cuestión controvertida es el nombre de sus sustituto. Ahora ya no es una movida interna del PP, ni sólo una guerra de Gallardón contra Aguirre. Esto ya es un conflicto global en el que está en juego la autonomía de las instituciones territoriales respecto a los poderes de ámbito nacional (direcciones de los dos grandes partidos, Gobierno) en la toma de decisiones. La presidenta madrileña, el líder socialista regional, los responsables de IU, los sindicatos y consumidores que forman la Asamblea de la Caja deben saber imponer un respeto a sus consensos y a sus acciones, y que Rajoy, Zapatero, Salgado, Blanco,Cospedal y compañía se midan en otro terreno de juego: el Banco de España, la CNMV, la Comisión de la Energía, la Bolsa de Valores... Hay territorios suficientes para sacarse los ojos. Exactamente lo mismo serviría cuando Aznar utilizaba su influencia para colocar o quitar a algún dirigente en Cajamadrid.

Plantear como estos días se está haciendo que la presidencia no la ocupe un político demuestra un desconocimiento absoluto de las normas por las que se rigen las entidades financieras públicas, y sin ir más lejos supone una ignorancia total del perfil de los miembros del actual Consejo de Administración. En Cajamadrid hay nombres como José Antonio Moral Santín, Ramón Espinar, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Ricardo Romero de Tejada o, por citar otro tipo de políticos, Rodolfo Benito Valenciano.  ¿Vetamos a un político para la presidencia de un organismo en el que hay superávit de profesionales de la política? ¿Por qué no se deja actuar a los organismos competentes para elegir un nombre con el mayor grado de acuerdo entre los actores de la vida pública madrileña? Y más lejos aún: ¿por qué no se dirigen las gestiones de las autoridades respecto a la Caja a conseguir mejoras en las condiciones de los clientes e impositores, en lugar de dirigirse a luchas palaciegas y puñaladas traperas para ver quien coloca a su candidato de presidente? Las elevadas comisiones por tarjetas o transacciones y los abusos en la concesión de créditos podrían ser lo primero en desaparecer. Propongo.

Por el fondo
El proyecto de cierre de la M-50 por el norte con un túnel bajo el Monte de El Pardo tiene cada día menos trabas. Se trata de una de las mayores necesidades que tiene esta Comunidad de cara al futuro: cerrar el segundo anillo de circunvalación para mejorar el mapa de carreteras. La presencia del enclave natural sigue siendo el obstáculo, pese a que es todavía un privilegio exclusivo para unos pocos del que no podemos disfrutar los ciudadanos madrileños. Si no podemos siquiera pisarlo como hacen los exclusivos invitados de Patrimonio Nacional, al menos que se permita que bajo los ciervos y jabalíes que caza el Rey, bajo los encinares y madroños que forman sus miles de hectáreas vetados al pueblo de Madrid, pueda pasar un subterráneo para descongestionar el tráfico.  

Por la forma
Muchos lectores han preguntado por la denuncia que esta página hacía días atrás respecto al aumento de la presión fiscalizadora de todas las administraciones hacia el ciudadano, especialmente si es comerciante o autónomo. La famosa tasa de basuras debería ser suficiente para demostrar que eso ocurre, pero por si no lo es, basten dos ejemplos cogidos esta semana de los periódicos: el primero, las multas impuestas a comercios y viviendas por hacer mal el reciclado de basuras. Cuando no se llega a fin de mes y el desempleo es una tragedia, este tipo de conceptos insultan a la inteligencia de una ciudad. Y el segundo, la campaña de inspección de alfombras que se pone en marcha en estas fechas. Una campaña para ver si cazamos unas cuantas sanciones con las que sanear las deudas públicas.

Se hablará de...
Una vez más, la falsedad en torno a la descarga de archivos compartidos en Internet ha vuelto a confundir a muchos. Los productores y creadores, agrupados en algo denominado La Coalición, han presentado un informe sobre las "descargas ilegales" en la Red. Y una vez más, han intentado engañar a la opinión pública. El uso de redes P2P y la descarga de archivos para realizar copias privadas sin ánimo de lucro de cualquier obra intelectual es legal en España, y así lo han demostrado innumerables sentencias en los tribunales de Justicia. Hasta que la ministra de Cultura elegida ad hoc para tapar esta grieta del progresismo no legisle en sentido contrario, hablar de ilegalidad es sencillamente mentir.