Podrá gustar o no una ley, pero mientras está vigente ha de respetarse y acatarse. Esto vale para cualquier ámbito, y también para el de las cajas de ahorro como Cajamadrid: es la Comunidad autónoma, como ocurre en Cataluña, Andalucía o Galicia, quien impone unos criterios de gestión y dirección. Y lo hace como institución, y no en nombre de un partido político de un coloro u otro. En ese sentido, es sencillamente intolerable que Zapatero y Rajoy, en ese orden o en el inverso, se arroguen una potestad que no les corresponde y es más propia de esos regímenes bananeros que subordinan todo al criterio del líder del partido. Ha hecho muy bien Esperanza Aguirre, y con ella el socialista Tomás Gómez, en recordarles a Ferraz y Génova que en este asunto pueden tener opinión, pero que en ningún caso deciden. No se trata de apoyar o criticar a unos u otros en función de filias o fobias, sino de respetar las reglas del juego o cambiarlas cuando no gustan por las vías administrativas oportunas: se puede estar en desacuerdo con Aguirre y entender que es a ella a quien le corresponde decidir en su calidad de presidenta autonómica; como se puede respaldar a Zapatero y reprobar su injerencia en este asunto. Felizmente no parece que en la Puerta del Sol se achanten ante este desafío.