El plan de ayuda a las autovías de peaje como la R-2 gestionadas por grandes empresas privadas, del mundo de la construcción generalmente, recuerda por su filosofía, origen y desenlace a los planes de rescate de la Banca impulsados en todo el mundo. 

En los dos casos la Administración tutelaba, cuando no impulsaba, el funcionamiento de los operadores: ora fijando el tipo de interés del dinero que daban y fiscalizando sus balances y reservas; ora concediendo el permiso para construir grandes carreteras a cambio de cobrar una ingente cantidad de dinero por el tránsito de vehículos.

El riesgo era medido, en apariencia al menos por la combinación de un mercado potencial amplio y un mullido colchón institucional, pero en todo caso si existía era inherente a la propia actividad empresarial: si pudiera ganarse mucho dinero sin ninguna incertidumbre, cualquiera lo haría. Quien lo intenta, por ello, merece respeto y reconocimiento, pues del mismo modo que puede ganar, también puede perder.

Salvo en estos casos de privatización a medias que, a la más mínima, nacionalizan las pérdidas. Quizá un hundimiento generalizado de la Banca arrastrara a la economía en general, pues el carácter sistémico del sector lo transforma en un barómetro general de la actividad económica que, de estallar, se llevaría todo por delante. 

Pero aun aceptando con resignado enojo esa certeza, no hay razón para no interrogarse por la irresponsabilidad compartida por la Administración que no hizo su trabajo de control –pese a disponer de herramientas y leyes suficientes para hacerlo– y una Banca que dio el dinero que no tenía y ahora necesita que se lo presten los ciudadanos a través de sus gobiernos. Con la cruel paradoja de que todo el crédito se agota antes de llegar a ellos.

Algo similar ocurre con las concesionarias de las autopistas de peaje, incluyendo nuestra R-2: de haberse cumplido las previsiones de afluencia de coches, sus ganancias hubieran sido jugosas y la Comunidad de Madrid o la Generalitat de Cataluña se enfrentarían a enormes transferencias, según un sistema plausible que les obligaba a pagar a cambio de tener una nueva carretera. Ahora no se cumplen las cifras, los vehículos en tránsito son muy inferiores a los deseados y las cuentas no cuadran.

O sí. Porque al igual que con la Banca, y sin que esté del todo clara la razón, siempre podrán contar con la generosa comprensión de la Administración, que privatiza a menudo al revés de como debiera hacerlo: se queda con las pérdidas, casi en exclusiva. Así da gusto hacer una empresa, si acaso se merecen tal nombre.