Frente a la retórica y los tópicos, siempre prevalecen los datos, aunque son más difíciles de difundir y de entender que los primeros. Con éstos en la mano, extraídos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, si alcanza una conclusión entre injusta e indignante: ser madrileño es, financieramente, un castigo.

Así, en las cuentas figura una aportación económica de la región al conjunto de España de 3.319 millones de euros, lo que constituye un 60% del total de aportaciones al llamado Fondo de Garantía de los Servicios Públicos esenciales: esto es, lo que sirve para que las comunidades más pobres tengan sanidad, educación y servicios sociales de calidad.

Hasta aquí, nada es del todo reprochable, salvo la insólita falta de reconocimiento que no pocos agentes sociales, medios de comunicación y dirigentes políticos profesan hacia la Comunidad de Madrid: lo mínimo que merece el evidente espíritu solidario de los madrileños es respeto y afecto, y no trasnochadas acusaciones de un centralismo inexistente.

El carácter abierto de nuestra región, en lo social y lo cultural, se amplía así a lo económico, sin que además mine su capacidad ni crecimiento: aquí hay paro y pobreza, desde luego, pero todas las tasas negativas son inferiores y las positivas superiores a las del resto de España. La cohesión territorial, la solidaridad con los demás es, en fin, rentable.

Ahora bien, resulta enojoso contrastar el doble rasero que la kafkiana política de financiación autonómica, vinculada a los intereses coyunturales del Gobierno de turno y no a las necesidades estructurales del país: Cataluña, con un PIB y renta similares, aporta menos de la mitad de Madrid al fondo común de españoles. Y algo parecido ocurre en las Islas Baleares y, en general, en todas aquellas regiones que han transformado su carácter histórico en una manera de pedir más y dar  menos que nadie.

Este agravio, y no el esfuerzo solidario, sí que puede provocar a la larga una catarata de protestas entre los madrileños. Y no les faltará razón: se puede explicar y pedir un sacrificio para que extremeños, andaluces o castellanos tengan una sanidad pública homologable con un Estado de Bienestar decente; pero es muy difícil esperar comprensión de unos cuantos otros, en la misma situación, miran para otro lado y dan menos. Especialmente si esos madrileños son de Alcalá o de cualquiera de los municipios periféricos, carentes de tantas cosas y necesitados de una inversión mayor.