ANTONIO CAMPUZANO

Aunque sea temporalmente y en medio del patriotismo que nos invade con la roja en el corazón, en un pueblo de aquí al lado, Villalbilla se llama, en esta semana hay una herramienta que puede sobre todas las demás, la vuvuzela incluida. El teléfono. Más concretamente, el teléfono que empieza por 648, etc., etc, que por fin ha dado a conocer el propio Ayuntamiento.

Recuérdese que este Ayuntamiento fue decretado apestado por las fiebres del transfuguismo y pende sobre el mismo una denuncia ante Fiscalía sobre presunto trato de favor y otros delitos. Pues bien, al margen de Villa y otras maravillas, el Ayuntamiento éste apestado ha reconocido en un díptico de producción pagada con cargo al erario público, el año de la crisis, un teléfono móvil con número 648XXXXX, contratado en 2006, del que es titular el Ayuntamiento de la peste política, ha generado una factura, ya pagada, de 6.000 euros, al parecer correspondiente a consumos de dos meses. Ésa es la más desnuda realidad.

Naturalmente, este despropósito ha intentado ser vestido por los habituales de este gobierno de traidores a su electorado, tanto el PP como los expulsados del socialismo local, con distintas tramoyas, incluida la declaración de una presentación de denuncia ante no sabe quién para que ayude a este pobre ayuntamiento a identificar al autor de los consumos telefónicos. Villalbilla tiene un teléfono, Villlalbilla tiene un problema.

El teléfono y el problema sólo pueden ser aclarados por el titular de los designios políticos y los designios telefónicos, es decir, el gobierno municipal que intenta sin éxito alguno esconder la verdad desnuda: un teléfono del que es titular el Ayuntamiento representado por un gobierno ha consumido mucho y mal; ese gobierno no sabe/no quiere/no puede identificar al usuario de esa línea y echa la carga de pus sobre el cirujano.

El cirujano no es otro que la ciudadanía de Villalbilla, que en tiempos de cinturón y de crisis, tiene que soportar una maldad política y de control de gasto: que haya permitido que alguien con autorización del gobierno haya gastado un millón de pesetas, equivalente a seis mil euros, en dos meses de consumo telefónico. El alcalde, el concejal responsable de la estructura telefónica del ayuntamiento, intervención, alguien tendrá que decir algo sobre este escandalazo.