Lo más penoso del escándalo que se ha producido a raíz de la chica obligada a quitarse el velo musulmán para acceder a un instituto de Pozuelo es la ambigüedad, cuando  no el silencio más sonoro, de la clase política y administrativa de nuestro país.

Se parte de la base de que no se ha definido con claridad, desde las instancias oficiales, la obligación de impedir la ostentación religiosa en los centros educativos públicos. Pero eso no debe ser impedimento para que, planteados casos como la de esta joven, se intervenga ejerciendo la autoridad que concede la legitimidad democrática. Dejar que casos como éste quede en manos de un grupo de padres y profesores, mientras la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Educación miran para otro lado, es la mejor forma de perpetuar el disparate.

También resulta vergonzoso, por otro lado, la tolerancia que exhiben aquellos sectores que hacen gala de su talante combativo contra todo lo que suponga discriminatorio para la mujer. Empezando por el Ministerio de Igualdad, de donde no ha salido el más mínimo comentario. Apelar al derecho ‘cultural’ a ostentar públicamente  prendas como el velo suena, como poco, a broma. En países sin mácula en su compromiso con la democracia y las libertades tenemos buenos ejemplos de cómo se vence la cobardía y se ejerce la responsabilidad en pos de la convivencia.