La Comunidad de Madrid dice haber ahorrado 542 millones de euros de gasto corriente, una cifra espectacular que denota dos cosas: si se puede prescindir ahora de ello, es que nunca fue imprescindible gastarlo. Pero también demuestra la capacidad de ahorro existente en la Administración si se tiene la valentía y la sensatez necesarias para aplicarlo desde una premisa elemental: es hasta inmoral sostener un modelo laboral y económico en las instituciones, para quienes las dirigen o trabajan en ellas; mientras quienes las financian asumen en exclusiva todos los rigores y efectos de una crisis que no padecen los que deberían atajarla.

La liquidación del primer trimestre presupuestario del Estado indica que la Comunidad de Madrid es una excepción en una norma sonrojante: todos los ministerios han subido su gasto; los tres niveles de la Administración (local, autonómico y municipal) acumulan deudas e improductividad como nunca; el absentismo en el funcionariado está disparado y los costes laborales han crecido por encima del 4%. En otras palabras, mientras arrecia el temporal, los meteorólogos se parapetan con paraguas pagados por los damnificados por la tormenta. Si ni en un momento así se impulsa una reforma global, colectiva y apartidista de un modelo caduco, ineficaz e insostenible, ¿cuándo se atreverán a hacerla? Negar esta necesidad, en fin, no anula el mayúsculo problema.