La Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha vuelto a ratificar estos días la voluntad de su gobierno de transformar la actual empresa pública Canal de Isabel II en una sociedad anónima.

El fin último de esta decisión no es otro que permitir que el capital privado pueda acceder al 49 % de las acciones de la nueva compañía.  Es lo que la presidenta regional llama de forma eufemística, “devolver las gestión del agua a los madrileños". 

Desde nuestro punto de vista, en realidad lo que se quiere hacer es todo lo contrario, o sea, poner en manos de unos cuantos –privatizar–  lo que ahora es de todos.

Naturalmente, la presidenta regional está legitimada para ello, pero la misma o parecida legitimidad tenemos aquellos que dudamos que esta iniciativa sea la mejor para los madrileños, y nos preguntamos por qué y para qué. Veamos.

La empresa que gestiona en estos momentos el agua en Madrid, es una institución señera, que  nació hace 150 años y que ha tenido hasta la fecha un comportamiento más que razonable. Como es sabido el agua de Madrid es una de las mejores, si no la mejor, de España y una de las mejores de Europa al menos en lo que se refiere al abastecimiento a grandes urbes y a un precio excepcionalmente competitivo como saben todos los madrileños.

Esto no ha impedido que sea una de las empresas públicas más rentables de la Comunidad de Madrid, con unos beneficios de unos 80 millones de euros en 2008, lo que unido a su capacidad de endeudamiento le ha permitido afrontar históricamente sus inversiones en infraestructuras, sin que los ciudadanos hayamos tenido que desembolsar cantidades significativas a ese respecto (*).  

Oportuno es decir también que en los últimos cuatro años la política de ahorro llevada a cabo por el Canal ha permitido disminuir el consumo del agua en un 13 %.

Notorio es también el trabajo realizado en mejorar y modernizar su extensa red de distribución de casi 14.000 km, 12 plantas potabilizadoras y 147 estaciones depuradoras, entre otras infraestructuras hidráulicas. Y todo ello de propiedad exclusivamente pública (de todos los madrileños), como lo es también el importante patrimonio inmobiliario del Canal.

Por último, y dejando al margen temas de competencia, el suministro de agua a nuestra región esta garantizado sin problemas durante los próximo cinco años, tal y como ya ha manifestado la Confederación Hidrográfica del Tajo, institución dependiente de la Administración Central del Estado, que es la que  concede y autoriza al Canal de Isabel II la captación y distribución del agua en nuestra comunidad, y cuyas inversiones en esta materia son conocidas.

Entonces, ¿por qué poner en manos privadas una empresa pública que funciona perfectamente, no origina gastos a los madrileños, tiene unas tarifas perfectamente asumibles, y tiene asegurado su futuro? ¿Por qué pasar al mercado un patrimonio de todos, labrado en 150 años de eficaz gestión? ¿Por qué quitarle a los madrileños esta seña de identidad?

Tal vez la respuesta esté en un suculento negocio formado por más de seis millones de clientes cautivos. Tal vez. Sea como sea los ciudadanos tenemos derecho a que se nos explique.

(*) El 74 % de los algo más de 200 millones de euros invertidos  en el periodo 2004-2007 procedieron de recursos propios y de emisión de deuda a largo plazo, mientras sólo el 5,2 %  fueron subvenciones.