La demagogia de los partidos políticos en España ha vuelto a quedar al descubierto en los últimos días en al menos dos asuntos de crucial importancia y de gran impacto en la sociedad: la situación del ordenamientio jurídico respecto a los menores delincuentes y la ubicación del cementerio donde se trasladarán los residuos de producción de las plantas nucleares españolas. El mensaje que tratan de lanzar unos y otros es, sin excepción, el que se supone que interesa para captar votos o para no perderlos. Nadie mira por el interés general (asunto nuclear), nadie parece hacer caso a la sociedad que clama por el endurecimiento de las leyes (asuntos Rafita y Marta del Castillo).  El paradigma de la conveniencia es José Montilla, el presidente catalán que como ministro impulsa una instalación que rechaza como jefe de un gobierno regional. Los únicos que han dado la medida en el tema del denominado ATC son los concejales de los pueblos que se han jugado sus pellejos al votar en los plenos teniendo detrás a una turba incontrolada y dividida sobre la necesidad de mirar al futuro o anclarse en la prehistoria energética. Ni el presidente Zapatero ni el líder de la oposición han sabido lanzar un mensaje claro a la sociedad sobre la necesidad de que este país aumente la producción de una energía limpia y segura como la nuclear, especialmente el primero que tiene la responsabilidad de decidir, y que a la postre es el que ha convocado esta absurda carrera competitiva de los pueblos españoles.

El caso de los menores es aún más grave porque hay vidas de por medio, y víctimas mortales a las que llorar. El origen de que El Rafita esté en una esquizofrénica libertad vigilada está en unas leyes con las que las formaciones políticas ganan elección tras elección, presumiendo ante los ciudadanos de ser los más tolerantes y avanzados del mundo en la reinserción del delincuente en la sociedad. El día que en esos programas electorales alguien incluya medidas de dureza contra los menores de edad que cometen delitos, el español medio tendrá la capacidad de elegir realmente entre varias opciones. Los jueces no tienen la más mínima responsabilidad en que asesinos con 18 años estén pateando la calle: se limitan a aplicar las doctrinas bienpensantes que se sirven en el Parlamento con un barniz de hipocresía como aderezo.

Por el fondo
Hace cuatro años, el Gobierno de Zapatero y el Ayuntamiento presidido por Ruiz Gallardón zanjaron de la forma más lamentable un debate que en Madrid duraba ya varias décadas sobre la necesidad de dotar a la ciudad de una Ley especial. Aprobaron un régimen específico para Madrid en el que se reconocían sus peculiaridades y sus esclavitudes por ser la capital del Reino, pero no se dotaba ni un solo euro del Estado para sufragar los gastos que todo eso conlleva. La Presidencia semestral que nuestro país está ejerciendo en la Unión Europea provocará la celebración en la capital de más doscientos actos con personalidades, ministros, jefes de estado y de gobierno hasta junio. Ni Toledo, ni La Granja, ni Barcelona ni Sevilla, donde se han celebrado o se celebrarán otras citas europeas, tendrán que sufrir las consecuencias de dos centenares de reuniones con coches oficiales, horas extras de la policia y servicios especiales.  La Ley de Capitalidad se quedó en un papel mojado.

Por la forma
Cuando coincidieron el pasado martes en el Foro de Madrid, Rajoy, Aguirre y Gallardón ya conocían la propuesta del Comité de Derechos y Garantías del PP de castigar con un año de suspensión al vicealcalde Cobo por sus insultos contra la presidenta. Y a la vista de sus caras de sonrisa y sus palabras de unidad y parabienes, hay que concluir que los tres estaban de acuerdo con lo que se conocería publicamente al día siguiente. La única pega que cabe ponerle a la situación en que queda el sancionado hasta que su pena queda satisfecha es que siga siendo portavoz municipal de un partido que le mantiene suspendido. Su responsabilidad como vicealcalde no puede cuestionarla nadie porque es una decisión  soberana del alcalde que le eligió.

Se hablará de...
El pacto por la Eduacción que ha ofrecido el ministro Gabilondo incluye una evaluación de diagnóstico para los alumnos de 6º de Primaria y los de 3º de ESO, con el fin revelar su nivel de conocimientos. ¿Nos suena esto de algo?  Por supuesto. Es lo más parecido a la prueba de nivel que la Comunidad de Madrid viene realizando desde hace varios años, y que despertó en sus inicios las más increíbles críticas del PSOE y los sindicatos del sector educativo. Entonces se denunciaba el examen y se alertaba a los alucinados padres de que sus hijos serían sometidos a un horrible test parea medir su nivel.  La evaluación que propone Gabilondo ha tenido mejor suerte: ni una sola crítica de los mimos actores.