El clamor para reclamar que se endurezcan los castigos contra los menores que delinquen reaparece cada cierto tiempo. Exactamente cuando se produce algún crimen o hecho estremecedor que tiene como protagonistas a adolescentes. Ahora estamos en uno de esos momentos de debate álgido.

Hace unos días se celebró el primer aniversario de la desaparición de Marta del Castillo, cuyos supuestos asesinos están a la espera del juicio mientras sigue sin conocerse el lugar donde fue abandonado el cadáver. Y también en las últimas horas se ha sabido de la detención de ‘El Rafita’, uno de los verdugos de Sandra Palo, que se encontraba en situación de libertad vigilada.

Con resultados menos fatales, pero con similar despliegue de violencia, también hemos conocido aquí en Alcalá la detención de tres jóvenes por brutales agresiones y robos; y sigue en la memoria el caso de las dos niñas del instituto de Villalbilla que el pasado otoño sufrieron abusos sexuales por parte de un grupo de compañeros. Como se ve, hay casos de sobra para escandalizarse e incluso para pedir, como ha hecho algún dirigente político haciéndose eco de la exigencia de los familiares de algunas de las víctimas, que se aplique la cadena perpetua.

Tienen razón quienes aconsejan calma y no ‘legislar’ en caliente:  se suele perder el sentido de la medida, se actúa con oportunismo y no hay una percepción clara de la realidad. Pero tienen aún más razón los que consideran que hay que actuar de verdad en frío y abrir una discusión técnica y política, con rigor y seriedad, sobre la necesidad de endurecer las penas para los menores que cometen crímenes graves. 

Parece que hay consenso con respecto a eso. Y un primer paso sería sacarle todo el partido a la actual, y denostada, Ley del Menor, que tras su reforma en 2006 incluyó la posibilidad de que el juez decida si el infractor menor pueda ingresar en prisión al cumplir 18 años. Incluso se concedieron amplios poderes a los jueces para poder modular las penas en función de las necesidades de reinserción o para asegurar el efectivo cumplimiento de las penas. Quizá haría falta concretar aún más esos poderes para que tanto el castigo como la posibilidad de reinsertarse sean más proporcionadas. Y también se podrían explorar las medidas para proteger más y mejor a las víctimas, así como el capítulo de las compensaciones. Sea como fuere, lo único claro es que este debate ha de acometerse de una vez por todas y no dejarlo al albur del último crimen.