Si son ciertos los datos, y nadie los ha negado, resultan escalofriantes: el 10% de los docentes de la escuela pública falta a diario a clase; y en la sanidad cada empleado se ausenta de su puesto de trabajo una media de 21 días al año.

Sin entrar a valorar la legitimidad de las causas, o la falta de ella, sí se pueden valorar los efectos. Terribles en términos de servicio y letales desde la perspectiva económica: sólo en la Comunidad de Madrid se pierden unos 200 millones de euros al año por esta epidemia, que tiene un halo sospechoso: no es normal que las bajas temporales sean mucho mayores en el ámbito público que en el privado, lo que sugiere la existencia de un fraude legalizado.

Porque tan cierto es que estos miles de empleados públicos faltan demasiado a sus obligaciones como que lo hacen con el respaldo médico imprescindible. Esta lacra resta recursos a la Administración, devalúa el servicio a los ciudadanos y obliga a una reflexión colectiva, sin maximalismos ni estigmas pero también con valentía y decisión: o en estos ámbitos hay un problema de salud que no existe en ningún otro; o estamos ante un abuso intolerable que nos daña a todos.

También a la imagen y el buen nombre de los miles de funcionarios que cada día acuden con diligencia a su trabajo y soportan los excesos de algún compañero y el oprobio de la opinión pública. Por eso es precisa una cruzada conjunta para que nadie, en ningún lado del mostrador, sienta que está haciendo el tonto.