No hace falta condenar prematuramente al número 2 del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, para dudar de su idoneidad para ocupar ningún cargo público ni político. Aunque en este momento pese sobre él la presunción de inocencia, válida para Agamenón y su porquero, y aun siendo evidente que el testimonio inculpador de un procesado no es suficiente para dar por hecho el cobro de comisiones millonarias a cambio de mediación institucional; la acumulación de hechos, contrasentidos y evidencias le inhabilita inevitablemente para ostentar la autoridad moral, política y personal que siempre hace falta en su gremio, pero hoy es además imprescindible para evitar un estallido social, salvar las instituciones de la hoguera de la desconfianza y adoptar las medidas oportunas para frenar la sangría.

Blanco compartió mesa, mantel y gasolinera con un siniestro empresario procesado que, en el transcurso de la instrucción judicial -y no por tanto como una mera vendetta pública-, ha acusado a tres políticos de tres partidos distintos de pedirle dinero para obtener su apoyo: dos de ellos han dimitido, uno del PP y otro del BNG; y el tercero en cuestión, de mayor enjundia, irrumpe extrañamente en el escenario del presunto crimen en tres momentos insólitos para un ministro: en una estación de servicio, en un premio financiado por el ahora acusador y con un primo mencionado en el sumario.

Blanco, y Camps: la higiene pública no tiene ideología y exige a todos por igual

La prueba es crucial a efectos penales, pero el juicio de la opinión pública no precisa la demostración del delito para aplicar preventivamente consecuencias políticas en algunas circunstancias: ni aun en el caso de que finalmente el ministro no fuera culpable, es menos urgente ahora su cese voluntario o destitución. Y no tanto por las palabras de un imputado, que en su desesperación puede utilizar un testimonio letal para desviar la atención, cuanto por su demostrable relación inusual con la trama.

En la misma medida que la continuidad del impresentable Francisco Camps en el cargo no dependía de ninguna condena ni se legitimaba siquiera en el respaldo popular en las urnas; la de José Blanco no puede sostenerse en la lentitud judicial para decidir el tipo de responsabilidad penal que pudiera tener o no.

Es inaceptable, salvo para ese tipo de talibán a babor y estribor que perdona hasta la pedofilia en el propio mientras condena en el ajeno dejar poca propina, que las inversiones públicas de un país y la vicesecretaría del partido gobernante estén en manos de un tipo que se reúne a oscuras en una gasolinera, tiene a un primo colaborando con un presunto delincuente y ha visto cómo dimitían ya los otros dos políticos concernidos por la trama.

Y, ahora sí, conviene preguntarse por la hipócrita vida paralela que Blanco y otros de su condición, tales que José Bono por ejemplo, parecen llevar gracias a su paso por la política: si antes de desembarcar en ella eran pobres de solemnidad, como presumen de algún modo en sus biografías, el ritmo de vida posterior (colegios privados, coches de lujo, viviendas para cada estación y extrañas propiedades empresariales) no se puede achacar sin más al esfuerzo ahorrador si entre medias detonan chuscos episodios como el presente.

Don José Oscuro, él bien sabe que en Lugo, como en Galicia entera, todos los guisos se hacen con unto, esa grasa revenida indispensable para cocer las judías. Y los chourizos.

Hasta hoy, el evidente trazo grueso de estos dos vídeos, más preparados para dañar que para buscar la verdad, era difícil de soportar. Desde hoy, con la Operación Campeón, es legítimo verlos: bajo el ruido, tal vez haya algo indecente