ALONSO GUERRERO

La presidenta Aguirre presume de ser liberal. Si miramos la educación que está imponiendo en Madrid,  su liberalismo tiene el mismo contacto con la sociedad que el aparcacoches del Ritz. En Madrid había una educación igualitaria, de calidad, laica y gratuita, y Aguirre está convirtiéndola en un negocio, o en el catecismo. En una carta enviada a los docentes de la enseñanza pública explica que hay que recortar gastos y que tendremos que trabajar más, pero no aclara por qué mientras se convierte en asistencial a la educación pública, la concertada sigue recibiendo todos los fondos que necesita. ¿Qué modelo de sociedad quiere la Sra. Aguirre? Si la educación está para dar oportunidades a quienes no las tienen, aquí sólo se ocultan los andamios de la segregación, los muros de un guetto. ¿Cómo educar, a partir de ahora, con más trabajo y menos medios? El faraón ordena que hagamos los ladrillos sin paja, pero ante las protestas por estos recortes que entrañan un desmantelamiento programado, la Comunidad no ha planteado un diálogo, sino –¿pueden creerlo?– una campaña de difamación contra los que trabajan para ella. El plan consiste en poner a la opinión pública en contra de los que enseñan. Ello, sin duda, demuestra que la carta de la Sra. Aguirre no era demasiado sincera, ni tampoco su deseo de reivindicar socialmente a los docentes, aunque sea con cartelitos, a los que ahora tacha de vagos. 

Desde luego, puedo imaginar las razones por las que algunos colegas de la concertada hayan irrumpido en esta campaña como colaboracionistas de la Consejería, pero insisto en que la educación pública está para compensar las desigualdades de los que no pueden pagar las cantidades que piden muchos empresarios a cambio de una educación mantenida con el dinero de los impuestos. 

Las condiciones de la educación pública son insostenibles como elementos de una contabilidad, pero esto es lo que hay en la cabeza de los que dirigen Madrid. La educación de los menos favorecidos, la igualdad de oportunidades no les importa. No le encuentran sentido, y saben que sólo hay dos formas de acabar con ella: matándola de inanición, o privatizándola. El origen de esta política en Madrid es el vulgar clasismo, el clasismo ramplón...

Al parecer, los que mandan no comprenden que se ha de enseñar a fondo perdido. Como negocio, la educación pública es para ellos ruinosa. Como principio, repugnante. ¿Se entendería que los empleados de la empresa de coches Seat, por ejemplo, se pusiesen en huelga porque sus directivos no aplican controles de calidad al producto que fabrican? Eso es lo que está pasando aquí. Los docentes de la pública son incómodos, como La loca de Chaillot. Durante años, Aguirre ha ido restando poder de decisión a los claustros de profesores. Ya apenas participamos en la profesión que hemos elegido. De hecho, tengo la certeza de que ninguno de esos claustros suscribiría los principios educativos que marca la política regional.

El problema no es sólo impartir 2 horas más. El problema es que los de arriba utilicen las protestas por ese incremento de horario para tapar el cambio de modelo educativo que están perpetrando. En el fondo, las diferencias son irreconciliables y la Sra. Aguirre debería poner sus ojos en Finlandia, donde la enseñanza es enteramente pública y saca mejores notas en el PISA que Inglaterra, el país europeo que más discrimina por razones económicas. La copia del sistema anglosajón terminará devolviéndonos a las miserias del Madrid galdosiano. Aquí necesitamos una educación con todos los medios necesarios al servicio de todos, aunque haya que restarlo de la televisión autonómica y del ventajoso trato fiscal a las familias pudientes por matricular a sus hijos en escuelas e institutos donde otras, más desfavorecidas, no pueden llevarlos. Los docentes estamos ya hartos de enseñar contra los impedimentos impuestos por la política. En esta Comunidad la cleptocracia no quiere que eduquemos, sólo que entremos al aula maniatados por las carencias. La Consejería gestiona la educación pública, pero no la comprende. La educación pública ha sido, precisamente, una barricada contra los políticos levantada desde el comienzo de la reforma educativa. 

Sería inútil, con estos presupuestos, hablar de calidad en la enseñanza. La Comunidad de Madrid nunca ha querido potenciarla, porque si fuera así cualquier maestro, cualquier profesor de instituto le diría cómo. El verdadero problema que tienen es cómo deshacerse de un colectivo no instrumentalizado, el de los docentes de la pública. Acabar con ese colectivo, minimizarlo, anularlo sin que parezca que todo lo demás va a derrumbarse detrás es difícil, pero sigue constituyendo un objetivo ideológico. Cuando veo a la Sra. Figar poniendo la primera piedra de un colegio sólo me asalta la duda de si  acabará en manos del Opus o de la empresa de limpieza EULEN, como ocurrió con el colegio Platero, en Meco. No creo que ganar unas elecciones dé legitimidad para hacer eso.

Lo que está haciendo Aguirre en Madrid ya lo hizo Pinochet en Chile: privatizar la enseñanza media y la superior, dárselas a los empresarios y a la iglesia. Durante cuarenta años sólo han tenido acceso a un sucedáneo de cultura los que podían pagarlo. Ahora estamos presenciando, en las actuales revueltas estudiantiles, los frutos de esa depravación. Sería deseable, pues, que Madrid renunciara a sus competencias educativas y las devolviera al Gobierno Central, fuera del partido que fuese. Ganaríamos casi todos.