"Si no aprendieron nada

es porque estaban

dormidos en mi clase.

Y si estaban dormidos

es porque soy muy mal profesor"

Frank MacCourt

El Profesor

Los datos:

- Un profesor de la escuela pública, de Secundaria, FP y Bachillerato, impartía hasta ahora 18 horas de clase semanales, a razón de casi 3,5 por día.

- Su jornada semana total es de 37,5: le restaban, hasta ahora, 19,5 horas para tutorías, correcciones, preparación de la clase y todas las actividades paralelas a las estrictamente lectivas. Muy necesarias todas, pero no precisadas del todo.

- Además de los 25.000 profesores con plaza fija; otros 3.000, aproximadamente, se incorporaron el año pasado al circuito educativo para impartir, según la misma carga lectiva, unas 54.000 horas a los alumnos de toda la Comunidad de Madrid.

- La Consejería de Educación ha anunciado que aplicará la ley y obligará a los profesores fijos a dar dos horas más de clase a la semana, una menos del máximo establecido por ley. Dado que son 25.000, sumarán 50.000 horas más, casi las mismas que impartíán sus compañeros no renovados.

- La ratio de alumnos por clase no variará especialmente: el mismo profesor dará más asignaturas, pero a los mismos oyentes.

- Según los datos oficiales de la Dirección de la Función Pública de la región, el absentismo laboral por baja o permiso en la Comunidad de Madrid es del 22%, casi seis veces más que en la empresa privada. Los sindicatos lo niegan con vehemencia, no obstante.

- Casi todos los centros educativos de Madrid funcionan, a efectos lectivos, de 9 a 2.

- Los profesores comen en casa, prosiguen allí su tarea sin control alguno, pero también sin límite ni compensación para los que no miren el reloj: queda al albur de su conciencia y responsabilidad, sin prejuzgar nada al respecto. Y no es esto por mejorar la educación, sino por estar menos tiempo en el centro escolar a pesar de que eso comporte una jornada continua criticada por los pedagogos e impida saber a qué dedican de verdad 19,5 horas de su jornada semanal que bien podrían seguir haciendo en su instituto o centro por la tarde.

- Disponen de las mismas vacaciones que sus alumnos: dos meses en verano, toda la Navidad, la Semana Santa, los puentes festivos y alrededor de cinco días repartidos a lo largo del curso, en compensación a la Semana Blanca, que pueden no coincidir con la fiestas ordinarias de padres y el resto de trabajadores.

- El déficit estará en las no precisadas pero en todo caso innegables actividades no lectivas que los interinos asumían: los 25.000 pueden cubrir su hueco en clase, pero perderán 50.000 horas propias (dos de las 19,5 que ahora tenían) y será imposible compensar las 58.500 que los interinos dedicaban a las mismas tareas imprecisas pero imprescindibles que completaban su jornada laboral.

El resumen:

- Los 25.000 profesores que trabajan en el centro hasta la hora de comer y luego en su casa; pueden asumir la carga lectiva de sus compañeros con un esfuerzo que no parece desmedido: con 30 minutos más de clases al día, por dar una media, se cubriría el déficit de horas dejado por los interinos.

- Los alumnos no sufrirán desde el punto de vista lectivo ni tiene por qué sufrir alteración alguna la ratio de estudiantes por aula: basta con que los profesores de plantilla hagan su trabajo tal y como recoge la ley.

- Los estudiantes sí sufrirán una merma, difícil de concretar de nuevo pero en todo caso innegable, en todo lo referente a los 'extras': es casi imposible saber cuántas de las 19,5 horas no lectivas se dedicaban al refuerzo, la tutoría, el trabajo con alumnos especiales y otros servicios necesarios y cuántas al trabajo doméstico. Pero sean las que sean, nadie las hará en adelante: si adjudicamos a esta epígrafe la mitad de ese tiempo diario no consagrado a dar lecciones ni a las actividades domiciliarias, habrá en concreto un déficit de 29.100 horas semanales.

Por último, la opinión:

- Ningún profesor tiene derecho a quejarse de su carga de trabajo. No tiene parangón con cualquier otro oficio, ni público ni privado. Lo extraño no es que les pidan 20 horas de clases, sino que hasta ahora sólo dieran 18.

- Su jornada escolar es poco pedagógica pero laboralmente muy cómoda, más fruto de una reflexión sindical sobre el trabajador que de una lectura intelectual sobre la misión del docente.

- Hoy en día, un niño trabaja más que su profesor: el primero soporta una carga enorme de deberes que tiene obligación de certificar; sobre el trabajo extramuros del segundo no hay control alguno.

- Los sindicatos educativos tienen a confundir las legítimas aspiraciones de un grupo de trabajadores con la calidad o el futuro de la enseñanza pública. Pero ni unos ni otros dice nada de algo que la ataca mucho más, entre tantas cosas: la insoportable y absurda programación de asignaturas y tareas, la controvertida jornada continua,  más pensada para obligar a comprar muchos libros innecesarios que para enseñar lo que hace falta. No se conoce una manifestación o una protesta formal por algo determinante en la manera de impartir clase o aprender la lección que obliga a esfuerzos absurdos. Tampoco sobre la patosa transformación de la lectura en una tortura: más que alimentar una pasión, la destruye para siempre a fuer de insistir en la obligatoriedad de leer grandes libros y novelas para los que no tienen edad.

- Al profesor se le ha dado poder por ley, al conferirle condición de autoridad pública, pero el crédito social depende de otros factores: también de su actitud. La educación es un compendio de lo que se hace en la familia, en la calle y en la escuela. De un tiempo para acá, sólo se discute y mal sobre los errores de las dos primeras, estimulando en el profesorado un victimismo artificial que obvia su responsabilidad en el entuerto.

- No se conoce caso, salvo honrosas excepciones como el Instituto de Espartales de Alcalá, en que las puertas del centro permanezcan abiertas en julio. Como es 'voluntario' acudir, salvo un retén de guardia, no acude nadie para atender si quiera unas horas semanales a esos alumnos que reuieren una atención personalizada incompatible con el curso ordinario. Y a efectos de reciclaje, simplemente es obvio que en ese mes liberado de dar clases no hay obligación ninguna de emplear un poco de tiempo en renovar conocimientos, herramientas pedagógicas o criterios docentes: todos prefieren estar en casa o en la playa.

- La Comunidad de Madrid es injusta, poco original y hace tabla rasa mirando las cuentas y despreciando la letra pequeña: el ahorro que busca (entre 80 y 112 millones según la fuente) es inferior a la contribución anual a Telemadrid, prescindible siempre pero más en tiempos de crisis cuando han de tenerse más claras las prioridades.

- Aún más. Prescinde de 3.000 profesores cuyo régimen laboral les hace más endebles que nadie, pero también más necesarios: hacen más esfuerzos que el resto, viajan cada día al centro que les toca cada año, asumen buena parte de las tareas que dignifican la educación pública (el apoyo al rezagado, la atención a los alumnos con problemas, la enseñanza especializada).

- Otro dato más para criticar a la Consejería de Educación, con menos demagogia que los sindicatos o el PSOE pero bastante más opciones de que Lucía Figar no pueda defenderse ni justificar su torpe decisión: si de verdad cree en el mérito y la capacidad, si es cierto que le preocupa tanto el destino del dinero público, si le mueve una mezcla de principios y respeto a los escasos recursos, ¿por qué ha empezado por tirar por la venta un capital colectivo de 3.000 profesionales irremplazables, pudiendo primero fiscalizar el rendimiento de la plantilla fija, garantizar el correcto destino de las 37,5 horas de jornada y ahorrar de otro sitio para demostrar que se apuesta por una enseñanza de calidad que sólo lo es si es sensible a la letra pequeña existente en las aulas?

- Y uno más. Puestos a ahorrar en profesorado, la Comunidad de Madrid tiene seis universidades públicas que no paran de acreditar a profesores innecesarios de estudios irrelevantes en facultades prescindibles para alumnos inexistentes.

- Si hay una presunta apuesta contra la enseñanza pública, quienes dicen defenderla política y sindicalmente lo ponen bien fácil: el coste por alumno en la concertada es la mitad para la Administración, y de no ser por la irrupción de la Iglesia en ese reparto, los paladines de tan heroica batalla tendrían pocos argumentos. En Francia, donde la concertada es mayoritariamente laica y proliferan las cooperativas de profesores, la pública no dice ni mú y se limita a intentar demostrar que es igual de buena o mejor.

- Es razonable pensar que, antes que optimizar el gasto en mejorar la enseñanza pública; la Consejería de Educación se sirve de los excesos sindicales y la crisis para apostar por otro modelo más barato, ideológicamente más cercano y poco parecido al de otros países europeos donde la concertación atiende más a criterios profesionales que por ejemplo religiosos. Lo que más ayuda a la derecha a lograr sus objetivos en el ámbito público es el penoso, gremialista e incompetente discurso de la presunta izquierda, que confunde el Estado de Bienestar con el Bienestar de quienes trabajan para el Estado y logra que lo público parezca siempre más caro y más inútil pese a ser, bien gestionado, más rentable, justo, eficaz y solidario en materia educativa, sanitaria o asistencial.

- Conclusión. Sin necesidad de recurrir al tópico que o bien presenta al profesor como un trabajador ocioso o bien lo hace como un pobrecillo, hay un clamoroso fallo del sistema que en tiempos de vacas gordas alimenta el exceso y, cuando llegan flacas, ataca al sistema por su eslabón más débil.

Y éste son los alumnos y los interinos, tal vez lo mejor que tenemos; y sin duda las más inadecuadas cabezas de turco. Ésas, quizá, haya que buscarlas en quienes nunca pagan el pato que han armado: los vociferantes a un lado; los que les dan lo que se merecen... pero siempre en culo ajeno.