Las grandes empresas españolas sólo general el 32% del empleo, una cifra que algunas estimaciones dividen hasta por diez si entre ellas se selecciona, en exclusiva, a las energéticas y financieras. Esto es, de los 17 millones de puestos de trabajo existentes en España, las grandes de las grandes apenas asumen 300.000, una cifra aproximada por la dificultad para calibrarla mejor que en todo caso evidencia su escaso impacto en el mercado laboral.

Especialmente si se compara con las PYMES, responsables de casi el 70% del empleo del país, del 70% de los ingresos fiscales del Estado y al menos el 55% de la economía real nacional. A efectos de progreso y futuro, es inquietante que la productividad de España se concentre de forma abrumadora en empresas de menos de mil empleados –sólo superan esa plantilla 961 de las 1,2 millones existentes- con facturaciones inferiores a los seis millones de euros al año –apenas 30.000 del total superan esa cifra-; pues a nadie se le escapa que el tamaño importa a efectos de competitividad en un mercado global en el que la investigación y el desarrollo tecnológico dependen en buena medida del músculo.

La élite de la élite empresarial española, en fin, logra que el Estado y el Gobierno legislen a su favor, protejan sus intereses, mercadeen y se encamen con sátrapas, suscriban sus objetivos como propios y en definitiva ejerzan de agentes comerciales suyos apelando a unos “intereses nacionales” que no aparecen por ningún lado con las cifras en la mano.

Manuel Marín es un buen ejemplo de este estropicio intelectual y económico: iba de socialista, pero gana un enorme sueldo en una de esas empresas que se forran subiendo el recibo de la luz al obrero en plena crisis.Y hasta tiene tiempo de hacer pilates

Lo que ganan Repsol, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, el Banco de Santander o el BBVA en España, Qatar, Argentina o Marruecos no incide de una manera ni tan clara ni tan directa en otros intereses que no sean los suyos propios, esos mismos que han provocado una crisis con nombre y apellidos que ellos mismos, en un alarde de cinismo sólo superado por la ingenuidad lanar de quienes les creen, achacan al invisible mercado: esto es, a las pymes y a usted, que tiene el mal gusto de consumir.

Sí es cristalino, sin embargo, lo que perdemos todos en ese viaje de complicidades entre la política y las finanzas: desde la decencia al constatar la actitud española en el Sáhara o Venezuela hasta los ahorros por subidas tarifarias inexplicables, rematadas por leyes tan peregrinas como ésa que impide abonar la deuda hipotecaria con la propia casa en el mismo país que va a dedicar 50.000 millones de euros al sector bancario.

Aún hay algo más. El estigma que pesa sobre el pequeño empresario es en realidad la condena que merece el comportamiento de esa secta oligárquica que componen los políticos que regulan con las empresas protegidas, aunque la valía y soledad de unas con la codicia y confortabilidad de otras tenga tanto que ver como un huevo y una castaña.

Finalmente, un dato que lo explica todo, ya anticipado en otro artículo pero nunca suficientemente repetido. Nada se entiende hasta que no se entiende lo principal: en cada uno de esos latifundios acaba siempre colocado el guardés que cazaba los ratones para el señorito, esperando que algún día lo sentara a la mesa. Ésta es la lista de bienpagás y tal vez la piedra filosofal de casi todos nuestros males:

Felipe González está, estuvo o estará en Repsol. José María Aznar en Endesa. Manuel Marín en Iberdrola. Virgilio Zapatero en Cajamadrid. Eduardo Zaplana en Telefónica. Luis Atienza en Red Eléctrica. Rodolfo Martín Villa en Sogecable. Braulio Medel en Unicaja e Iberdrola.  Javier de Paz en Telefónica y Mercasa. Pío Cananillas en Acciona. Rodrigo Rato en Cajamadrid. Narcís Serra en Caixa Catalunya. José Antonio Ardanza en Euskaltel. Rafael Arias Salgado en Carrefour. Josep Piqué en Vueling. Josu Jon Imaz en Petronor. Miguel Barroso en La Sexta. Y sigue.