En España no está regulada la eutanasia, una opción tan delicada como razonable cuya aprobación depende del Parlamento, a su vez dominado generalmente por el Ejecutivo. Nada se ha hecho en casi ocho años de liderazgo del PSOE que, no obstante, se aprovechó del extraño caso del doctor Montes para convertirle en una especie de apóstol de la causa: sin necesidad de adentrarnos en las complejidades de un caso que no fue del todo como nadie dijo, es obvio que al alfigido galeno se le convirtió en el símbolo de una cruzada cuyos paladines prescindieron sin embargo de su capacidad para impulsarla. Como si Zapatero fuera un mero activista voluntarioso y no el homólogo de los presidentes de Holanda y Bélgica, los dos países europeos con leyes al respecto.

La Ley de Memoria Histórica incide en la misma doctrina retórica, añadiendo al cinismo una funesta utilización de una mercancía bien delicada: frente a la bisutería ornamental de las declaraciones grandilocuentes, prevalece la evidencia de que ni uno sólo de los miles de cadáveres enterrados en cunetas ha sido recuperado, identificado y homenajeado como se merece.

A cambio, eso sí, el PSOE se ha dado un homenaje a su antifranquismo sobrevenido del mismo tamaño que la absurda grieta derivada de su eterna confusión entre revancha y restitución: fosas no se ha cerrado ninguna; pero nuevas zanjas entre los vivos, las que hagan falta.

No faltan lances, casi en cualquier ámbito, para demostrar el antagonismo hipócrita entre lo que se dice creer y lo que se termina haciendo: la criminalización suicida del empresario español a partir de la merecida caricatura de un tipo siniestro, Díaz Ferrán, al que sin embargo se ayuda con Aerolíneas Argentinas o Marsanz.

O la congelación de pensiones en contraste a la ayuda a la Banca mientras se señala al impersonal mercado y se oculta que toda la crisis procede de sectores intervenidos y controlados hasta la extenuación por los que viven o vivirán de una inexistente 'mano invisible': el ladrillo, las finanzas y la energía son, amén de destino frecuente de políticos de toda era geológica; excusa para recrear una amplísima red de entidades reguladoras, bancos centrales y comisiones nacionales que obviamente no hicieron el trabajo que justificaría un poco su ingente coste.

O, la penúltima, la panderetera regulación del orden de los apellidos dos minutos después de suprimir el recomendable Ministerio de Igualdad y de dar una inmerecida patada en salva sea la parte a Teresa Fernández de la Vega y a Bibiana Aído para pisotear, de paso, la paridad que se quiere imponer por ley al resto de mortales.

Esa incongruencia, que remite al marxismo de Groucho -"Éstos son mis principios, si no le gustan, tengo otros"-, no es inocente ni casual, pues en todos los casos remite a un tipo de política que conoce bien los bajos instintos del gentío y los alimenta con dosis regulares de sectaroína, una droga de diseño que entrega emociones pasajeras a cambio de votos pero no alimenta ni solventa problemas objetivos.

El epítome de esta manera de entender la gestión es la lamentable gestión de la visita del Papa, en la que el presidente ha intentado el imposible de estar a la vez en misa y repicando, faltando el respeto a la vez a creyentes y a agnósticos, a feligreses y a laicos.

Y, sobre todo, al tipo de ciudadano medio ilustrado al que debe aspirar cualquier gobernante merecedor de la responsabilidad que ostenta: aquel que es capaz de comprender, incentivar o suponer que una inmensa mayoría somos capaces de defender la rabiosa separación del cielo y la tierra, del Estado y de la Iglesia, en definitiva de todo aquello que ha hecho de Occidente un espacio de libertad y derecho frente al atavismo pseudopolítico subordinado a la fe de tantos otros rincones del mundo; respetando, a la vez, el espacio público y privado de ésta.

El primero no debe dar para colgar crucifijos en las escuelas ni para garantizarse una financiación pública tan cuestionable como la de los sindicatos o la Patronal; pero sí da para opinar y participar en todo y sobre todo sin llevarse las manos a la cabeza, valorando incluso el contrapeso moral que supone defender una lectura de la vida antagónica o distinta a la vigente: lo escandaloso es que se dude de los incuestionables derechos de los homosexuales o que se considere un delito el aborto; no que se defienda la familia convencional o se postule el derecho a la vida sin excepciones.

Y el segundo, el íntimo, simplemente reclama decoro y envidia: creer debiera ser un lujo al alcance de todos, es gratis y promete una mercancía tan tentadora como la eternidad, pero lamentablemente no hay manera de imponerlo ni aunque se pongan a ello, con su entrañable energía, la ministra que dice lo que debemos comer y la que impone cómo debemos hablar.

En lugar de esto, hemos visto cómo se instiga un anticlericalismo antiguo, con la colaboración sin duda de una Iglesia torpe pero no pedófila en su totalidad como se vende en otro exceso barato... mientras se esconde en un cajón la ley de libertad religiosa vendida hace años y se sostiene el concordato económico con la Santa Sede.

Esto es, una vez más se da por supuesto que el español prefiere perseguir sotanas que regular la convivencia y el espacio de una institución anclada, en lo bueno y lo malo, en el epicentro de nuestra cultura; de modo que al final se incentiva la creación de bandos en la calle mientras en los despachos se firman acuerdos económicos por acción u omisión. En esto, por cierto, El Vaticano es tan práctico y terrenal como La Moncloa: Roma no paga traidores, pero negocia con ellos sin problemas.

El Papa, Montes, Díaz Ferrán, Botín o Franco tienen algo en común para un Gobierno de listillos convencido de que se dirige a idiotas: con todos hay margen -enorme- de acuerdo privado, siempre y cuando asuman el indecoroso juego público destinado a dividir primero para movilizar después.  

Es, al fin, la parábola de los fariseos.