Felipe González ha defendido en público la legalización de las drogas, y parece ser que gratis y sin ningún Comité de Sabios detrás que lo respalde con uno de esos informes dignos de un niño de cinco años que, en estos casos, necesita sin embargo siete años de trabajo y unas cuantas merendolas en Bruselas.

Se refiere el ex presidente a las duras, obviamente, pues casi todas las demás lo son ya y dan de vivir a mucha gente, especialmente en el entorno de la política: una mitad cobra por colocarse, paradójicamente, en organismos, fundaciones, entidades, delegaciones y oficinas consagradas al salmo preventivo, tan ineficaz como oneroso.

La otra cobra, aquí directamente, de la facturación de fumadores y bebedores, regulados siempre lo justo para calmar la conciencia: no se trata de acabar con la lacra, sino de simular que se intenta, aunque ello derive en espectáculos tan insólitos como el de la Ley del Tabaco.

Trinidad Jiménez, con ese tipo de moralina monjil que la izquierda practica como nadie, se ve en la obligación y con el derecho de protegernos de nosotros mismos en una intromisión tan paternalista como entrañable, e incluso necesaria, si la llevara hasta el fin.

Pero ahí aparece su colega de Consejo, la ministra de Economía y Hacienda, para recordar que una cosa es la prevención y otra bien distinta el negocio: en 2009, el Estado recaudó casi 10.000 millones de euros en concepto de impuestos de tabaco, y todo indica que sigue contando con ellos o algunos más a tenor de la previsión contemplada en los Presupuestos Generales del Estado.

La hipocresía recaudatoria se mezcla con el enchufismo más atroz, en una elipsis de caraduras que hace inviable un debate serio al respecto: los mismos que primero recaudan, regañan luego, movilizando en cada caso a un ejército de misioneros o cobradores del frac irresistible.

Es más importante, en fin, hablar del cinismo que de la legalización para poder discutir sobre ésta sin maximalismos. El 95% de los delitos en el mundo tienen que ver con la droga, como el 95% de los accidentes de tráfico está relacionado con el exceso de velocidad: ilegalizar las primeras mata más que legalizarlas, y esa evidencia estadística debiera ser suficiente para hacerlo.

El quid está en quién asume la responsabilidad: mientras sea del narcotraficante, del yonqui o del conductor, pelillos a la mar. No hay político en activo capaz de asumir un daño personal a la corta convencido de que el colectivo a la larga disminuirá, pues en ese viaje deberá encarnar un mensaje tan brutalmente honesto como políticamente incorrecto: es mejor que mueran tres mil drogadictos por consumir droga legal, o tres mil conductores por correr de más; que deteriorar el empleo en la industria automovilística regulando la velocidad de todos los coches a 120 o permitir que millones de personas y de Estados sufran una violencia extrema derivada del carácter ilegal de las drogas.

Pero estos políticos que tenemos, incapaces de entender que llevarse dos bofetadas de cuando en cuando va incluido en el suelo, prefieren que sucedan las dos cosas a la vez siempre y cuando nadie piense que ellos tienen una parte sustantiva de la culpa.

A la nómina de la siniestralidad en las carreteras y la delincuencia del narcotráfico añádanle, en la misma línea de hipocresía cobarde, la gestión de los malos tratos o la abolición de la prostitución: qué de gente vive de no solventar los problemas de los que come, duplicando sus efectos secundarios, por no asumir que es mejor gestionarlos con valentía que atenderlos con moralina fútil.

Se trata, desgraciadamente, de minimizar al máximo los riesgos explicándole al ciudadano que nadie puede paliar del todo lo que forma parte de la imperfecta naturaleza del ser humano: ésa que le hará siempre correr de más, drogarse, pegar al débil e irse de putas.