Apenas diez días después de que se anunciara una reducción del ‘tijeretazo’ en las obras públicas por considerarlo “excesivo”, el ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer por la tarde un nuevo aumento de las inversiones para el próximo año.  En concreto, el ministro informó del ‘indulto' a casi medio centenar de proyectos y la elevación de 500 a 700 millones de euros la cantidad que se salva del recorte en construcción de infraestructuras. Los ajustes que ha propiciado el plan de austeridad aplicado por el Gobierno han permitido felizmente reconsiderar el severo recorte anunciado por el Gobierno a mediados del pasado mes de julio, cifrado en 6.400 millones de euros. 

El acierto en la planificación económica es, al menos, la explicación oficial de esta marcha atrás, aunque también han de existir otras motivaciones menos confesables. Por ejemplo, todas las derivadas del arduo proceso de negociación parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2011: nada mejor que las obras públicas para encontrar el apoyo, traducido en votos o en abstenciones, de las formaciones nacionalistas. 

Sea como fuere, hay que congratularse por la enmienda del Ejecutivo. Las obras públicas constituyen, como es sabido, una de las pocas acciones de la Administración que sí tienen impacto directo y real en la creación de puestos de trabajo y en la mejora de las condiciones para generar dinamismo económico y riqueza. Y como es lógico, en tiempos de crisis y de necesidad urgente de reactivación de la economía, invertir en proyectos de envergadura como carreteras, aeropuertos o vías férreas es, sencillamente, imprescindible. 

Falta ahora que el reparto de la inversión rescatada sea lo más justo y equilibrado por el territorio nacional. Y en la parte que nos toca, ojalá que tanto el Plan de Cercanías o la ampliación del tercer carril de la A-2 sean contemplados de algún modo en este renovado plan de infraestructuras. Por lo demás, y a modo de reflexión general, cabe esperar también que esta rectificación dé pie a otras en relación a la gestión gubernamental de la crisis económica. Igual que no se ha de renunciar a las infraestructuras, tampoco deben descartarse otras actuaciones igual de necesarias, como aligerar el gasto público o reformar a fondo la Administración.