- ¿Qué piensa de la muerte?

-… Estoy en contra.

(Risas)

Woody Allen, en Cannes

Esto que a continuación escribo puede estar equivocado. Que además sea justo o injusto es irrelevante: es probable que casi todo lo que ocurre y ocurra en los próximos meses sea injusto, pero también inevitable. No perdamos el tiempo, en fin, en juzgar, lamentar o sollozar por lo obvio: nadie se merece un cáncer, y nadie se lo desea, pero todos sabemos que no se cura con salmos, flagelos o admoniciones sobre el infausto destino.

Einstein se negaba a calificar de fracaso los cien errores previos a un acierto científico: eran pasos al éxito, o a la mera supervivencia. Conviene intentarlo, fallar y enmendar, ante la certeza de que la otra opción conduce al precipicio: tal vez dosifica el daño fragmentándolo en el tiempo; pero a la larga acumulada lo incrementa y hace irreversible.

Por buena intención o con pérfido cálculo, ya sabemos que lo hecho y lo no hecho hasta el momento ha situado a España en una zona de riesgo para sí misma y el conjunto de Europa: tiene dificultades para pagar su deuda y lograr nueva financiación; su tasa de desempleo duplica la media continental; su déficit ha crecido hasta amenazar su PIB;  carece de un tejido productivo potente e innovador y depende como pocos de las energías importadas; la población activa es de sólo 14 millones de personas sobre un total de 46 y organiza su entramado político e institucional sobre un complejo esquema de tres administraciones que a su vez generan una miríada de órganos subsidiarios que a su vez se dotan de un régimen financiero, laboral y profesional distinto.

Y todo ello inmerso, nos guste o no, en un mundo económicamente global que condiciona e impone unas reglas del juego difíciles de sortear: ni los tipos de interés ni el valor de la moneda se deciden ya en Madrid, por citar sólo las dos herramientas que entre otras cien permitían en el pasado modular localmente el comportamiento de la economía.

No sigamos con la retahíla de problemas, que pueden resumirse en uno, aun a riesgo de simplificarlo en exceso: no hay dinero ni para pagar lo que se debe ni para sostener lo que se quiere. Hay culpables, pero tampoco importa demasiado: la naturaleza del mercado es la misma que la del ser humano, que coincide a su vez con la del dirigente político. Todos quieren ganar: repartamos pues la culpa, o la responsabilidad, pero no perdamos demasiado tiempo en ello hasta llegar a las urnas.

Casi todo el mundo sabe que Zapatero es una nulidad, un inconsciente o un mentiroso, un señor que, bien acompañado por altavoces de su nadería, negaba las evidencias y criminalizaba al grito de “facha” a quienes creíamos en nuestros ojos. También percibe que Rajoy se frota las patitas ante tanto drama y se limita a jugar al dominó mientras espera el paso del ataúd de su rival, emulando al Rey Pyrros que sólo ganaba una guerra si causaba y sufría las mimas bajas. También reparte las culpas entre el capitalismo especulador, el socialismo de cococha, el nacionalismo bulímico, el empresariado oligárquico o el sindicalismo de salón, unidos –¡totus tuus!- por el desprecio a la lógica y el amor al dinero fácil. Por supuesto  entiende además la convivencia de una crisis global con un paroxismo local y se siente un poco culpable de haber vivido por encima de sus posibilidades y, sobre todo, de sus necesidades. Zanjemos pues ese asunto, provisionalmente, para pasar a la siguiente fase.

Y actuemos, así, por ejemplo, para concentrar los recursos en lo imprescindible, evitar el derroche público, defender de verdad el futuro del Estado de Bienestar y cambiar un poco la conciencia colectiva para que el mérito, el trabajo y la capacidad vuelvan a estar en el epicentro de la dura vida.

1.- Despedir a los parados. Parece un oxímoron, pero es una opción. Da igual lo que se haga en el resto si se mantiene un 20% de desempleo. O, mejor dicho, de personas que cobran el subsidio del paro. Con 5 millones de personas así, simplemente no hay recuperación posible: no cotizan, pero gastan. Estar en el paro tiene que resultar, pues, incómodo: hay que hacer lo imposible para que nadie cobre el seguro de desempleo si de verdad tiene otras opciones. Intervenir su cuenta bancaria para controlar sus ingresos; chequear su verdadera disposición a buscar o aceptar un empleo; descifrar con inspectores si tiene ingresos no declarados y forzarle, en fin, a trabajar. No hay estimaciones oficiales sobre el número de personas que prefieren un subsidio a un empleo o compatibilizan aquel con una remuneración sumergida, pero sí un incesante runrún sustentado en una cierta lógica: de existir de verdad tanto parado sin un euro, habría revueltas sociales en cada esquina. La única manera de garantizar el subsidio para quien de verdad lo necesita, por el tiempo que sea menester sin límites ni plazos, es quitárselo a quien tiene alternativas.

2.- Reducir un 30% la estructura de la Administración Central, Autonómica y Municipal. Parece una cifra desmedida, pero no es descabellada. Cada alcalde, presidente, rector, consejero y concejal sabe cómo hacerlo sin afectar a las obligaciones estructurales. Un indicio de por dónde empezar:

a) Subastar o cerrar todas las televisiones públicas autonómicas. Junto a la española, acumulan un billón en deudas. Básicamente atienden las necesidades del Gobierno de turno, pero aunque fueran un delicioso servicio público, no son un producto de primera necesidad en tiempos de hambruna. Ir al gimnasio también es sano, es una lástima tener que dejarlo, pero lo primero es asegurar el plato de lentejas. La Tdt ha estimulado una multiplicación de canales, y la inminente televisión por Internet elevará esa cifra hasta el infinito: algún operador se encargará de los delfines, de enseñar inglés o de atender ese tipo de espacios de presunto interés público con un patrocinio espectacularmente inferior al coste que ya tiene asumir el ente al completo. En todo el caso, el Estado siempre podrá premiar fiscalmente a las cadenas que incluyan en su programación todos aquellos contenidos, campañas o debates que ayuden a consolidar valores de igualdad, justicia o libertad.

b) Cerrar la mitad de las Universidades y el 90% de los apéndices clientelares de todas ellas para subir a continuación un 30% el presupuesto a las supervivientes, con un plan de exhaustivo control de la docencia, la investigación y su implicación en el tejido empresarial. En el 95% de los proyectos de investigación de Estados Unidos participan sus universidades de referencia; en España apenas se llega al 5%: faltan alumnos, se imparten estudios inservibles; se antepone el crecimiento del ladrillo impulsado por cada reyezuelo provincial; se financia una opaca red de intereses transversales presentada como epítome de los mejores valores internacionales que sólo sirve para pagarse canonjías y, finalmente, se trata por igual al profesor comprometido y talentoso que al catedrático que sólo acepta la dedicación exclusiva a efectos de cobro. Sobran facultades y sobran alumnos, pero faltan buenas Universidades: con un gasto menor, se haría sin duda mejor gastando mucho más en muchas menos, pero hay que aceptar y decir que no todo el mundo se merece ni necesita una licenciatura y que no todas las ciudades necesitan una Universidad. España ha atravesado sus dos décadas de mayor bonanza e inversión universitaria sin haber logrado generar una conciencia nueva para quienes emprenden, quienes fabrican y quienes gestionan: no han fallado los recursos, enormes, sino la manera de gastarlos. Era mucho dinero, pero para demasiadas Universidades, que han renunciado a su liderazgo intelectual y se han transformado en dudosas agencias de colocación laboral que no colocaban a nadie.

c) Subir el sueldo a los funcionarios, despedir o prejubilar a un millón y medio de ellos y suspender la oferta de empleo público salvo en educación, sanidad y seguridad. La reducción salarial es una torpeza y una injusticia que no arregla nada, deteriora sus expectativas, les enfrenta a la sociedad y mantiene un costo excesivo. La descentralización autonómica y municipal ha desembocado en una orgía de empleo público innecesario que, lejos de mejorar los servicios públicos, los ha sindicalizado en su acepción más absurda: poco hay que negociar cuando el trabajo es estable y para siempre. Con 24 millones de habitantes menos, España tiene los mismos funcionarios que Alemania, peor pagados y más desmotivados. Este fenómeno tiene dos efectos perversos: de un lado, estimula en demasiada gente la sensación de que lo mejor que puede hacerse en la vida es lograr una plaza en el Ayuntamiento o convertirse en Belén Esteban. De otro, la política se aprovecha y lo estimula igualmente, procreando un ejército de asesores, directores, delegados y oficinas inservibles cuya desaparición absoluta debería imponerse: en unas partes de España esto es un atraco a mano armada; en otras además estimula un secesionismo absurdo al malgastarse en embajadas en el extranjero y todo tipo de inservibles consejos destinados a inocular en el ciudadano el virus del agravio.

d) Impulsar un convenio colectivo único en la Administración, con una vigencia nunca inferior a quince años. El sistema actual es kafkiano: en cada ayuntamiento, universidad, comunidad, diputación e institución se produce una negociación cada dos o tres años que ha terminado, indefectiblemente, con la transformación de onerosos privilegios en sacrosantos derechos: los llamados Fondos Sociales son el epítome de una sangría que desatiende la capacidad financiera de la Administración y dedica el dinero de inversión productiva a gasto corrientes: en miles de ciudades de España faltan escuelas infantiles, parques, transporte público, ayuda domiciliaria o parques empresariales; pero en casi todas ellas sus trabajadores municipales tienen cubierta hasta la óptica o el dentista o los libros de texto para sus hijos. Hay que dar la vuelta al manido axioma de que “cualquiera puede hacer una oposición” para cambiarlo por el “a nadie se le obliga a ser funcionario” para que su condición de prestadores de servicios se anteponga a su tendencia a la sindicalización. Con el tiempo, los servidores públicos recuperarán una amplia estima social, tendrán unas retribuciones a la altura de sus obligaciones y darán solidez y futuro a un sistema público fornido que ahora está amenazado.

e) Reducir un 90% los cargos de confianza, asesores y demás estructura política: el abuso es tan manifiesto como inútil. Personal sin capacidad pero con carné que convierte las instituciones en comisariados del partido y resta legitimidad a cada Gobierno para imponer algo de sensatez en sus negociaciones laborales con los sindicatos. Esto genera un problema económico inmenso, otro social y uno más político: buena parte de los problemas de identidad y tensión dentro de España obedecen al ‘trabajo’ de organismos y personajes que malgastan el dinero público en dar problemas que la gente no sentía hasta entonces: las embajadas regionales en el extranjero son el mejor ejemplo de todo ello.

f) Cerrar o quitar toda la financiación pública al sobrecogedor sistema de chiringuitos relacionados con la Administración local, autonómica o central que da cobijo a una red clientelar y política insoportable. En España hay mil fundaciones, centros, pseudoembajadas, empresas casi públicas, institutos, observatorios y toda laya de denominaciones dedicadas a lo mismo: cooperación internacional, ayuda al desarrollo, formación, etc. Una simple investigación permite confirmar su sonrojante relación con figuras políticas, partidos y personalidades que, bajo nobles declaraciones de intenciones, en realidad sirven ante todo para justificar unos emolumentos amplios, coche oficial, contratos transversales y gastos de representación. Es imposible cuantificar su coste, pero basta con dar un paseo por la Castellana o la Diagonal para percatarse del imparable  crecimiento de placas doradas, banderas ondeantes y edificios majestuosos dedicados a la inanidad envuelta en oropel.

4.- Imponer un único modelo de financiación autonómica. Exprimidos los ciudadanos con ingresos fijos (trabajadores, pensionistas y funcionarios), le toca a los territorios, si acaso existen. El esfuerzo compartido pasa inevitablemente por imponer, durante el tiempo que sea menester, un criterio fiscal, financiero y económico igual en cualquier punto de España sustentado en una máxima inapelable: el que más tiene, más contribuye, en la idea de que a la larga un reequilibrio territorial generará más riqueza para todos y especialmente para el que más contribuyó. Si se aspira a que Francia, Alemania o Estados Unidos ayuden a España, Grecia o Portugal, ¿cómo puede sostenerse aquí que Navarra, Cataluña o Euskadi tengan un régimen propio opuesto al inevitable peso del sentido común internacional?

5.- Quitar las subvenciones a la Iglesia, los partidos, los sindicatos y las patronales. Sin maniqueísmo, por razones estrictamente prácticas de transparencia y eficacia. En aquellos frentes que cualquiera de estas entidades ofrezca un servicio objetivo e imprescindible –formación, representación o asistencia-, puede crearse un contrato específico con una partida concreta fiscalizada con el mismo criterio que se sigue con una contrata. En lo demás, que opere la voluntad individual de cada una a través de las casillas que sean menester en la declaración de la renta.

 6.- Privatizar todas las empresas públicas, empezando por las rentables. El Estado debe concentrarse en la Sanidad, la Educación, la Defensa, la Justicia, la Igualdad, los servicios sociales y las infraestructuras, aquí sin menoscabo de trabajar con la iniciativa privada. Todo lo demás puede controlarlo sin necesidad de ejercerlo, sacando tal vez ahora unas grandes plusvalías que hacen falta para luchar contra el déficit y la deuda: todos los transportes, la gestión del agua o los aeropuertos pueden seguir los pasos de las Telefónicas o los astilleros si, a continuación, la bacanal de organismos públicos que controlan los mercados, hacen simplemente su trabajo de supervisión.

7.- Cobrar por la Sanidad. El sistema sanitario actual es insostenible. Le ocurre como a la gestión del tráfico: cuando la única solución es ampliar ad infinitum las carreteras, deja de haber solución. Restringir el consumo, como racionalizar el tránsito de vehículos, es la única manera de evitar el colapso y el deterioro del sistema sanitario. Una vez más sobra demagogia y falta sentido común: la falsa sensación de que todo es gratis conlleva un uso abusivo del sistema sanitario, un consumo desmedido de fármacos y el deterioro del servicio pese al inmenso gasto público efectuado en la última década: nunca habrá suficientes hospitales, quirófanos, médicos, enfermeras o especialistas para atender a todo el mundo, local o foráneo, si no se aplican unos criterios de contención y regulación entre los usuarios: los medicamentos genéricos, el euro sanitario para las recetas y consultas, el control de acceso a las urgencias o el abono parcial de servicios secundarios son indispensables para garantizar a futuro una sanidad pública, universal y eficaz.

9.- Crear un nuevo DNI electrónico vinculado a la declaración de la renta. En la era de las tecnologías, es lamentable que no exista un documento físico y electrónico que incorpore la declaración del IRPF a los datos tradicionales identificativos: con algo así, podría imponerse un sistema de pago progresivo en casi todos los servicios, de modo que no pagara lo mismo todo el mundo. En realidad, sería una manera de que unos pagaran más, otros poco y algunos nada, pero en todo caso se entendiera que lo gratis no existe.

10.-  Endurecer el acceso a la educación a partir de los 16 años. No todo  el mundo vale ni quiere estudiar. Obligarle a hacerlo desvirtúa las opciones y recursos de quienes sí quieren hacerlo, iguala por debajo y hace poco competitivo a un país. Además se genera frustración entre los malos estudiantes, que bien podrían dedicarse a otros oficios bien necesarios si tuvieran el reconocimiento social del que ahora carecen: tener las mismas oportunidades y garantizar que nadie se quede fuera por razones de recursos es una cosa; ‘obligar’ a estudiar por falta de alternativas o convenciones sociales, otra bien distintas. En España sobran estudiantes y, treinta años después de la muerte de Franco, ya se puede y debe decir sin que nadie responda que sólo pueden estudiar los pudientes.

11- Sacar a Bolsa las Cajas de Ahorro. Que las mantengan los inversores. O que las absorban otros bancos. Cualquier cosa es mejor que soportarlas desde lo público, gestionarlas desde la política y desprofesionalizarlas para librarlas de las obligaciones que tiene cualquier empresa, sustituidas por la obligación debida al partido de cabecera de cada autonomía. No hay ninguna Caja que funcione bien, todas tienen pérdidas, todas han hecho inversiones ruinosas y la mayor parte renuncia o mitiga su función social en cuanto llegan adversidades. Caja Sur y Caja de Castilla-La Mancha, financiadora del ruinoso aeropuerto de Ciudad Real, son símbolos de un desastre generalizado que ya no puede soportarse: el de la subordinación de sus obligaciones bancarias a sus colores políticos, sean los de CiU en Cataluña, el ONV en Euskadi, o el PSOE y el PP en Madrid, Andalucía o Galicia.

12.- Reforma laboral y convenio colectivo. Es mejor que el Estado de Bienestar lo tutele, financie y garantice la Administración: delegar en las empresas es bienintencionado, pero tan fatuo como confiar la solidaridad al individuo o la ONG: mejor que figure en presupuestos y que no sea una opción personal, de la empresa o el ciudadano, sino una obligación del Estado. Por eso hay que facilitar a las empresas que contraten y despidan… y paguen impuestos para que la Administración redistribuya la riqueza pensando en las necesidades de todo el mundo: el sistema actual no defiende al parado de larga duración, no concede recursos al Estado para garantizar el futuro del sistema asistencial y de subsidios y no contenta a quienes crean empleo. El mercado laboral español no resiste la comparación con ninguno de Europa: si el paro aquí es el doble, alguien puede pensar que tenemos un problema legislativo. Y otro moral: un despido barato es mejor que un subsidio lamentable y caritativo, y sólo hay que preguntar a los parados sobre ello. En todo caso, la reforma no debe hacerse pensando en despedir, sino en contratar: menos modelos de contrato, más permeables a las jornadas reducidas, al teletrabajo y los objetivos, con un Estado quitándole el miedo a las empresas y recaudándoles lo que sea de justicia para poder sufragar los desperfectos del desempleo. Que cada uno se centre en lo suyo, en fin: lo mejor que pueden hacer las empresas es ganar dinero; entre otras cosas para que el Estado tenga recursos y no delegue en nadie sus obligaciones estructurales. Con todo, es más importante un cambio profundo en la negociación colectiva: en un mudo en cambio, plural, poliédrico y complejo no se puede encapsular las relaciones laborales en patrones fijos que simplemente bloquean al emprendedor y le invitan a no intentar casi nada.

13.- Nueva Ley de Suelo. Una cosa es que el tipo urbanístico, y otra el precio de mercado: legalmente no hay razón para que un suelo residencial cueste más que uno productivo, terciario o rústico. Controlar el mercado del suelo hubiera sido una manera muy práctica de frenar la burbuja inmobiliaria en un sector que, en contra del sainete que echa la culpa al ‘capitalismo salvaje’ (existente en el mercado financiero y bursátil, pero no aquí), está fuertemente controlado por el Estado: los bancos centrales controlan los tipos de interés y el funcionamiento de la banca privada; y las autonomías y los ayuntamientos los planes urbanísticos. Impedir que se repita la historia, gestionando a largo plazo las existencias de suelo y evitando la especulación, es factible: de paso se dará un golpe definitivo a la corrupción.

14.- Energía nuclear. No se puede estar a favor del Medio Ambiente pero en contra de cambiar el tipo de vida: la única alternativa al exceso energético es reducir drásticamente el consumo. Pero pocos están dispuestos a aceptar regulaciones en el uso del coche o a no enchufar la tele, el aire acondicionado, la nevera y la play al llegar a casa. Y aunque lo estuvieran, los países emergentes no se apuntarían: Occidente lleva 30 años contaminando el planeta para lograr prosperidad; ahora les toca a ellos. Tal vez algún día las nuevas tecnologías resuelvan la capa de ozono o el cambio climático, bombardeando la troposfera con un láser milagroso, pero mientras hay que apostar por una combinación de un mix de energías y una disminución del consumo. En el caso de España, la dependencia del petróleo o el gas exterior es absoluta y bloquea su crecimiento industrial y expectativas: sólo la energía nuclear, en una dosis determinada, conferiría al país una cierta autonomía en un ámbito estratégico clave. Pero sólo la demagogia lo impide: de poco vale cerrar centrales nucleares si se compra en media Europa energía atómica a mayor precio y además se contrae la obligación de recuperar los inquietantes desechos para enterrarlos en cementerios domésticos.

15. Edad de jubilación. Simplemente, debería desaparecer la obligación de jubilarse mientras a uno le den trabajo y quiera asumirlo. Lo razonable es que haya una edad en la que pueda dejarse de trabajar para empezar a recibir la pensión, y que ésta sea acorde con las expectativas vitales: los 67 años es un inevitable punto de partida, aunque no guste. Las pensiones no vienen de una hucha ni de una cuenta corriente, sino del flujo mensual de cotizantes: con mucho paro, poca población activa, prejubilaciones vergonzosas y jubilaciones forzadas; no salen las cuentas y se produce un desequilibrio que sólo compensarán quienes se hayan hecho un plan privado. ¿Pero y los que no pueden? El sistema de pensiones depende, casi en exclusiva, del vigor de la población activa: si no se genera empleo, a futuro no habrá manera de pagarlas, sin más.

16.- Infraestructuras. En España se han invertido billones de pesetas en infraestructuras provinciales, pero no se puede volar directamente a Shangai ni se dispone de un gran puerto que conecte a Europa con Asia y América. Con esas dos infraestructuras, más una sólida red ferroviaria de alta velocidad, el país viviría de la logística por su localización geográfica en el centro entre tres continentes. Hay un aeropuerto en Ciudad Real sin aviones, otro en Valladolid y así en cada pequeña capital de provincia: ocurre como con las Universidades, que todos quieren tener una aunque no sirva de gran cosa y detraiga recursos que bien invertidos hubieran generado riqueza y trabajo para todo el país. La suspensión de todas las inversiones anunciada por el ministro de Fomento, unos meses después de malgastar millonadas en poner pistas de pádel en pueblos sin agua caliente con un Plan E soviético que no ha frenado el paro, es la prueba del 9 de este triste fenómeno: hemos malgastado los años de bonanza en banquetes para caciques provinciales e indocumentados con birrete,  ahora que no llega la comida, echamos de menos las alternativas que garantizarían el suministro

Creo que esta lista puede engordar, y obviamente debe discutirse cómo se aplica: de un plumazo generaría un cataclismo; con un calendario razonable a corto, medio y largo plazo, revocaría el déficit y garantizaría la supervivencia del Estado de Bienestar. Pero hace falta, tanto o más que unas cuantas medidas quirúrgicas, un cambio de mentalidad: mientras la gente siga pensando que todo lo más no va poder irse de vacaciones este año, alimentada por una clase política que primero adopta y después maltrata al ciudadano, será imposible dar un paso en la dirección correcta. Tampoco es baladí la resistencia intelectual preponderante, abonada al chiste de Woody Allen en lugar de al diagnóstico del doctor House: con el primero te ríes, pero sólo con el segundo te salvas.

Nada de lo escrito es agradable, a nadie mínimamente alejado del perfil de Charles Manson le puede seducir causar daños temporales, todo el mundo está en contra de la muerte y, en fin, sería mucho mejor lograr el mismo resultado con un sacrificio infinitamente inferior. Pero como no hay manos invisibles salvadoras, tal vez haya que confiar en las de siempre, con tal de esquivar la designación de las Nanas de la cebolla de Miguel Hernández como nuevo himno nacional.

Posdata. Por supuesto, estoy totalmente en contra de la muerte.